Una iniciativa formada por organizaciones que trabajan en cuestiones medioambientales pide a los candidatos presidenciales de todos los partidos que aborden las cuestiones medioambientales en el período previo a las elecciones de 2023.

Las organizaciones ambientalistas proponen discutir temas específicos de cara a las próximas elecciones generales del 22 de octubre con el fin de coordinar las actividades humanas para reducir el cambio ambiental, prevenir la degradación de los ecosistemas naturales, promover la restauración ambiental y acelerar la transición hacia fuentes de energía renovables.

Creen que quien asuma la presidencia en diciembre de 2023 debe promover y fortalecer políticas que puedan facilitar el crecimiento sostenible de la sociedad. En este sentido proponen:

Mejorar la aplicación de la Ley de Bosques Nativos N° 26.331 ampliando la superficie terrestre, particularmente en la región de Everya, y deteniendo la deforestación ilegal. Promulgar una Ley de Presunciones Mínimas de Biodiversidad con enfoque en la restauración de ecosistemas y modelos de desarrollo sostenible.

Establecer y poner en vigencia una Ley de Presupuestos Mínimos para la preservación y uso sustentable de los humedales que cuente con el apoyo social necesario para su implementación y examine alternativas similares para los pastizales naturales.

Otros proyectos a tener en cuenta

Debería promulgarse una Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con la eliminación de los plásticos de un solo uso y una financiación adecuada para la infraestructura ambiental y la promoción de la economía circular. Estos objetivos deben promoverse.

por el que se establece una Ley de Evaluación Ambiental de Presunciones Mínimas.

Sancionar una Ley de incentivos a modelos regenerativos y sostenibles, incluyendo la restauración ambiental, actualizar las leyes de fomento a la Ganadería Ovina y Caprina para garantizar el cumplimiento de la Ley de Conservación de la Fauna, y Controlar con mayor efectividad el uso racional de agroquímicos con transición al uso de bio insumos y productos agropecuarios con certificación ambiental.

Agregar una categoría ambiental al código penal o establecer una ley sobre delitos ambientales que garantice el cumplimiento de las disposiciones ambientales y de derechos humanos del Acuerdo de Escaz.

Desarrollar y poner en práctica marcos y procedimientos regulatorios participativos que minimicen los efectos de las actividades extractivas en la sociedad y el medio ambiente, con enfoque en la minería del carbón y el fracking para obtener gas natural.

Para lograrlo, será necesario adoptar un fuerte control fiscal gubernamental con participación de la sociedad civil organizada, así como fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías que reduzcan el impacto ambiental de las actividades de extracción de recursos no renovables.

Implementar la Estrategia Nacional de Adaptación y Cambio Climático que asegure el logro de la neutralidad de carbono para 2050, incluyendo la transición energética justa con una menor dependencia de los hidrocarburos, un aumento de la contribución de las fuentes de energía renovables al mix energético y la eficiencia energética, implementación de la Ley sobre Energía Distribuida y el cierre de centrales eléctricas alimentadas con carbón.