Se trata de un decreto de noviembre de 2018, que reconoce una deuda del Estado a las distribuidoras. Falta el voto de Diputados.

En la última sesión del Senado, donde se discutió el protocolo para sesionar, hubo un tema en el orden del día que se presume podrá traer más de un conflicto en puerta: la declaración de invalidez del DNU 1053/18. Publicado en noviembre de 2018, más allá de modificar el presupuesto general de dicho año, incluyó dos artículos relacionados a la industria del gas. ¿Qué dice puntualmente el DNU? Estableció que el Estado Nacional asume, con carácter excepcional, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las distribuidoras de gas y el valor del gas natural incluido en las tarifas vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio. El decreto determinó que el pago se haría en 30 cuotas mensuales a partir de octubre de 2019 y fijó la mecánica: una vez percibida cada cuota, las distribuidoras deberán pagarles a las productoras de gas natural involucradas y deberán informar los pagos al Enargas. Asimismo, el decreto le ponía fin a la posibilidad de traslado a los usuarios las diferencias por tipo de cambio en el futuro. La primera controversia se da porque el DNU 1053/18 se dictaminó dos veces. Pese a tener un dictamen favorable de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, hace unos días la Bicameral lo trató nuevamente, declarándolo ahora inválido, bajo la protesta de la oposición que ya se había retirado de la votación en forma remota. En la noche del jueves el Senado dictaminó su invalidez y ahora el próximo paso será su tratamiento en la Cámara de Diputados donde el DNU correrá su suerte final. ¿Qué pasaría si finalmente el DNU es declarado inválido?. En primer lugar, se daría marcha atrás con un decreto vigente y que reconoció una deuda que, en los hechos, ya se comenzó a pagar. La novedad es que el mayor perjudicado sería, además, el propio Estado ya que los principales acreedores de la deuda son YPF e IEASA (ex Enarsa), a las cuales se les debe el 65% de los casi $25.000 millones del monto de la deuda. El resto se reparte entre más de 10 empresas privadas, entre las que se encuentran principalmente Total, Pampa, PAE, Wintershall, Tecpetrol, Pluspetrol, Exxon y CGC. El Estado pagó la primera de las 30 cuotas y cuando el Ministro Matías Kulfas se disponía a abonar las cuotas adeudadas a julio de este año, el interventor del Enargas, Federico Bernal, denunció penalmente a la administración macrista por establecer los contratos que generaron la deuda. Otra de las implicancias sería legal, ya que las empresas productoras y distribuidoras de gas renunciaron a sus reclamos con el fin de adherirse al decreto. Fuentes legislativas y de la industria coinciden en afirmar que la declaración de invalidez del DNU generará reclamos judiciales que afectarán a toda la cadena de suministro de gas. En el sector gasífero agregan que se trataría de un cambio en las reglas de juego que, como consecuencia, afectará las inversiones y que agravará su situación actual ya que el precio del gas natural no registra aumentos desde hace más de un año en un contexto inflacionario. Esgrimen que “por un lado proponen el Plan Gas 4 como un estímulo a la producción de gas pero por el otro voltean una deuda que ya fue reconocida”. En la práctica, dicen, “sería como un tiro en los pies porque se va a condicionar la aceptación a cualquier programa de inversiones futuro”. También habrá que ver qué pasará con las diferencias por el tipo de cambio ya que de rechazarse el DNU quedará habilitado el traslado a los usuarios el mayor costo por devaluación en cada período estacional.

Fuente: Perfil.