La demanda arrancó en 2015, tras la compra por parte del fondo Burford del derecho a reclamar por la expropiación.

El juicio de Burford por la expropiación de YPF se presentó en la justicia estadounidense en 2015. Ese fondo de inversión compró -en la justicia española- los derechos para reclamar judicialmente de Petersen Energía. Esa sociedad llegó a controlar hasta un 25% de YPF, pero sus acciones se diluyeron en la expropiación de abril de 2012.

YPF y el Estado argentino buscaron que la Justicia estadounidense desestime el caso, y lo traslade a la Argentina. Lo consideraban un “foro no apropiado”, para una disputa que tenía origen en Argentina.

Sin embargo, “primero la Corte del Distrito Sur de Nueva York, luego la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito y finalmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se pronunciaron en contra de la petición de YPF y de Argentina o rechazaron escuchar el caso”, según Sebastián Maril, de la consultora Research for Traders.

Loretta Preska, jueza de los EE.UU.

Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, las sociedades constituidas en España que presentaron la demanda en 2015, fueron a una corte norteamericana. Pero lo hicieron a través del fondo Burford.

El argumento de esos litigantes es que YPF aceptó la jurisdicción estadounidense, cuando la petrolera vendió sus acciones en Nueva York en la década de los 90 cuando fue privatizada. El contra argumento argentino es que «cualquier acción relacionada con la ejecución de los estatutos o los derechos de un accionista en virtud de los mismos deben ser presentados ante un tribunal argentino“.

La jueza Loretta Preska, que lleva el caso, se negó a cederle el caso a tribunales argentinos porque consideraba que el proceso corría riesgo de no ser independiente. La administración de Mauricio Macri convenció a la jueza que el país había cambiado y que Argentina ofrecía una corte independiente.

Tras los nuevos vientos políticos -con el nuevo Gobierno de Alberto Fernández, los demandantes (Burford) insistieron que el país no ofrece garantías judiciales. La Corte del Distrito Sur de Nueva York replicó que “aunque Argentina posee cortes independientes”, el juicio debía seguir en Nueva York.

Burford ya hizo un buen negocio con YPF, según su balance. Invirtió US$ 20,2 millones en el derecho a litigar de Petersen (de la familia Eskenazi) y ya vendió el 38,75% de lo que vaya a obtener por ese juicio en US$ 236 millones. Multiplicó su ganancia por 10, y aún no tiene una sentencia firme, ya que la Justicia de Nueva York está buscando más pruebas en el caso.

Burford se aseguró el 70% del dinero que vaya a «recobrar por los derechos de Petersen», mientras que no aclara quién se quedaba con el 30% restante. Como espera altas costas legales, estima que cobrará entre un 58% y 59% «neto». La firma ya vendió el 38,75% de lo que pueda ganar en US$ 236 millones.

Si la Justicia de Estados Unidos le reconociera a Petersen el mismo valor que obtuvo Repsol para ceder sus reclamos judiciales, Burford estima que YPF tendrá que desembolsar US$ 2.500 millones por la expropiación. Pero, según sus propios análisis, la Justicia podría darle US$ 7.500 millones, en torno a estimaciones de sus abogados tomando otros casos similares. En el peor de los escenarios para YPF, ese juicio le costaría US$ 12.500 millones.

Burford tiene más artillería. También compró en US$ 26 millones los derechos a litigar de Eton Park, otro fondo «buitre», o fondo de cobertura que apuesta al riesgo («hedge fund» en inglés), que también tenía acciones de YPF. «Sus reclamos siguen el mismo camino de litigación en los Estados Unidos que el caso Petersen», observa la firma.

Burford se quedará aquí con el 75% de lo que pueda ganar. Si utilizan como parámetro el arreglo con Repsol, las acciones de Eton en YPF que ahora posee Burford valen US$ 300 millones. Si se va a los puntos «medios» de análisis hechos por el fondo, ese reclamo vale US$ 900 millones. En el caso de la sentencia más desfavorable para la Argentina, son US$ 1.500 millones.

Entre los derechos de Petersen y los derechos de Eton, Burford cree que puede cobrar un mínimo de US$ 2.800 millones y un máximo de US$ 14.000 millones.

Pero no todo ese dinero iría directo a las arcas de Burford. Tiene gastos legales y derechos ya cedidos, por lo que colectaría menos dinero al final de la sentencia.

En el caso del juicio Petersen (el mayor), Burford embolsaría entre US$ 900 millones -en el escenario más prudente- hasta US$ 4.500 millones, el más arriesgado. Por el reclamo de Eton, Burford puede sumar entre US$ 200 millones y US$ 1.100 millones más.

El fondo estima que terminará obteniendo entre US$ 1.100 millones y US$ 5.600 millones propios en ambos litigios, descontados los gastos legales y los derechos ya cedidos.

Fuente: Clarín.