La normativa despertó la ira de varios sectores vinculados a la actividad del crudo. Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado nacional, Gustavo Menna, quien calificó al proyecto de “unitario e inconstitucional”.

La postura del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi de Buenos Aires, que advirtió “De aprobarse en forma express”  se incurriría en “un acto de irresponsabilidad económica, energética, ambiental e institucional”.

Por intermedio de una nota, la institución rechazó las intenciones poco claras de Nación sobre el manejo del petróleo, a partir del proyecto de Régimen de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas. “El proyecto compromete recursos fiscales que el Estado no posee, concede beneficios por largos períodos de tiempo, tiene un diseño institucional que no es transparente, crea inequidades que serán motivo de reclamo y, además, se contrapone con criterios elementales de la transición energética”.

El Instituto Mosconi mostró también su descontento, “El proyecto modifica marginalmente la actual Ley de Hidrocarburos, pero en rigor se trata de una Ley de promoción industrial”. Advierte además que la iniciativa -a evaluar por parte de diputados y senadores-, contempla 8 programas que se sugieren “novedosos» pero son los mismos incentivos que “fracasaron en los últimos 7 planes de promoción implementados en los últimos ocho años”.

La institución, con asiento en Buenos Aires, expresó en el comunicado que el texto escrito en Casa Rosada “discrimina positivamente al sector de hidrocarburos y sus derivados en detrimento de otros sectores de la economía. También establece un régimen fiscal, regulatorio, cambiario y económico ad hoc y deja amplios espacios de discrecionalidad para la autoridad de aplicación”. “Incluye la promoción por 20 años de la producción de petróleo y gas». En rigor, “fija precios de referencia de forma discrecional, garantiza volúmenes de exportación y libre disponibilidad del 50% de las divisas generadas y otorga desgravaciones impositivas que se definen en base a parámetros sobre los cuales el Estado demostró escasa capacidad de control y auditoría”. Y a partir de los programas empleados se “desacoplará el precio que paga la demanda del que recibe la oferta y genera una diferencia que se cubre con crecientes subsidios” dicen.

El Instituto Argentino de Energía revela que el proyecto prevé la creación de un “Consejo de Inversiones” para reducir el costo de financiamiento. El ente definirá y priorizará proyectos a los que asignará beneficios”. Y además “no tiene prevista ninguna representación provincial, desconociendo así el dominio original de los recursos naturales en sus territorios establecido en el artículo 124 la Constitución de 1994 y en las leyes posteriores, como la ley 26.197, que interpretan esta disposición constitucional”.

Además resaltan que el proyecto posee la “ausencia de un Plan Energético Integral” y agregaron que “carece de la transparencia necesaria y no asegura la asignación eficiente de recursos”.

El Instituto Mosconi dice que “no está limitada la aplicación de avales por parte del Estado nacional ni al financiamiento con fondos públicos” y que “los beneficios fiscales que el proyecto otorga no se encuentran debidamente dimensionados ni acotados”.

También, expresan que “se modifica el esquema del impuesto al dióxido de carbono”, cuestión que va “a contramano de los incentivos destinados a internalizar los efectos negativos asociados a las emisiones por combustión”.

Para finalizar puntualizó: “Entendemos equivocada la aproximación que el proyecto realiza a la transición energética porque limitaría seriamente su capacidad de negociación futura en el marco de los acuerdos globales sobre el cambio climático”.