El grupo “Ciencia y Técnica Argentina” sacó un documento donde analiza diferentes aspectos del debate sobre la posibilidad de explotar petróleo y gas offshore.

A continuación, el documento completo del del grupo CyTA “LA EXPLOTACIÓN PETROLERA Y SUS RIESGOS. Energía, desarrollo y pobreza”. Está firmado por: Adrián Paenza; Adriana Serquis; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Cristina Carrillo; Diego Hurtado; Dora Barrancos; Eduardo Dvorkin; Félix Requejo; Graciela Morgade; Hugo Aimar; Jorge Geffner; José Paruelo; Juan Pablo Paz; Marcelo Ruiz; Marcos Vaira; Marisa Herrera, Mirta Susana Iriondo; Noé Jitrik; Osvaldo Uchitel; Roberto Salvarezza; Rolando González-José.

A propósito de las evidentes limitaciones energéticas que afectan al país y en busca de alternativas que las reduzcan se ha vuelto a plantear en la Argentina, como ha ocurrido en varias ocasiones, un debate cuyos términos son las posibilidades de un desarrollo productivo frente a los problemas inherentes al cuidado del ambiente. Planteando la cuestión con rigor, la disyuntiva, que ha vuelto a ponerse en el tapete ante la posibilidad de avanzar con la exploración offshore en nuevas áreas del Mar Argentino distantes entre 300 y 400 km de las costas bonaerenses, descansa sobre bases falsas.

Cuando decimos falsas disyuntivas es porque en la realidad del cambio climático y la pérdida de biodiversidad que amenazan al mundo, y la imperiosa necesidad de encararlos como problema planetario, el avance tecnológico es un instrumento decisivo cuyos resultados son clave para el cuidado del ambiente y la producción de bienes. Nuestro país ha asumido ese compromiso tanto internamente como en foros internacionales, ratificando la meta largamente perseguida de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, tal como se formula en el Acuerdo de París, ratificado posteriormente en el ámbito nacional en la recreación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Un compromiso solidario de parte de Argentina que, como muchos otros países emergentes y en vías de desarrollo, es en realidad un acreedor de los depredadores ambientales históricos que han degradado el ambiente durante décadas sin asumir sus responsabilidades, atentos a la construcción y consolidación de su poderío económico por sobre cualquier otra consideración. Esos depredadores nada dicen hoy a la hora de viabilizar la transformación de las matrices energéticas de los países que menos tienen y que esforzadamente intentan salir de la pobreza y, en cambio, como único programa, apelan a la comunidad internacional en forma de más deuda y condicionamientos, en humillantes hipotecas del futuro.

PRIMER ENFOQUE

El debate sobre avanzar o no en la exploración de nuestros recursos de gas y petróleo, tal como se vuelve a presentar en estos días, es crucial porque hace al futuro de un país cuya limitante más importante para su desarrollo social y productivo es la energía, o mejor dicho la insuficiente energía así como sus costos de producción, transporte y distribución. Nos revela la necesidad de debatir en profundidad en la búsqueda de consensos que contemplen las tres dimensiones del concepto de sostenibilidad: la ambiental, la económica y la social, dejando de lado posiciones extremas entre un ambientalismo sin contexto socioeconómico y un desarrollismo indiferente al cuidado del ambiente. Creemos que la resolución de nuestra ecuación ambiental descansa sobre el peso relativo de las distintas variables que entran en juego en nuestra realidad, fundamentalmente la defensa de la soberanía y la sostenibilidad del sendero de desarrollo, pero también la pobreza y la desigualdad, cuyos rasgos no son sin duda los mismos que enfrentan los países centrales en ninguno de los dos casos.

Puesto que tal exploración se habría de realizar en el mar argentino, conviene recordar que nuestro país ha dictado en el 2020 una ley en la que 1.7 millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental se adicionan a las 200 millas tradicionales en las que posee exclusividad económica, lo que sin duda abre muchas posibilidades. Fue un trabajo de más de 20 años con el aporte científico y de organismos del estado nacional a través de la COPLA2 que estableció en forma precisa los límites de la plataforma continental. En este enorme territorio incorporado poseemos derechos soberanos sobre los recursos del lecho marino y su subsuelo, minerales e hidrocarburos.

También conviene recordar que en los últimos años la Argentina ha sancionado leyes y realizado acciones concretas en el mismo sentido: la ley PROMAR, la iniciativa Pampa Azul y la ley de Soberanía Hidrocarburífera, acciones que se complementan con la recuperación de YPF para el Estado. Todas estas iniciativas tienden a afianzar nuestra soberanía en una zona de disputa geopolítica y en particular en el conocimiento y explotación de los recursos energéticos que posee nuestro mar. En este contexto ¿cuál sería la razón que invocan quienes se oponen a que se emprendan exploraciones destinadas a establecer la magnitud de los recursos existentes?

UN ASPECTO DEL DEBATE: CUESTIONAMIENTOS

Se menciona, y con razón, el impacto que puede tener la exploración sísmica en el hábitat marino, plenamente documentado. Pero, por primera vez en nuestro país, un Ministerio de Ambiente interviene en el proceso de análisis del Impacto Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental con el objeto de garantizar que el efecto sobre el hábitat marino sea mínimo. Pero, además, cabe señalar que entre 2010 y 2020 se ha realizado exploración sísmica en más de 300 mil kilómetros cuadrados, sin que se hayan registrado daños en la fauna marina, como se refleja en el continuo aumento de la población de la ballena franca austral documentado año tras año por los científicos y científicas del CONICET. Estas ballenas no crían ni se reproducen en las áreas previstas de prospección, áreas que solamente son empleadas como zonas de tránsito6. El mayor efecto sobre ellas será eventualmente un cambio momentáneo en la trayectoria de desplazamiento de algunos ejemplares.

Los cuestionamientos van más allá de los posibles impactos de la actividad de exploración e incluyen riesgos asociados a la eventual explotación. Estos riesgos, se argumenta, incluyen la presencia de petróleo en las playas o la contaminación visual. Sin embargo, los especialistas en el estudio de las corrientes oceánicas consideran altamente improbable que un derrame producido en estas áreas localizadas a 300-400 km de la costa bonaerense alcancen sus playas simplemente porque el movimiento de las corrientes es paralelo a la costa, con dirección predominante Norte.

Por otra parte ¿puede ignorarse que Argentina explota offshore desde hace más de 50 años en la cuenca Austral?7 En ese período se han realizado alrededor de 200 pozos exploratorios y de producción y hoy 36 de ellos proveen el 17% del total de la producción de gas de nuestro país. La CONAE, a través de imágenes satelitales, controla diariamente la actividad offshore informando a las autoridades. No se han registrado hasta el presente situaciones significativas. Este control no sólo es fundamental para garantizar la seguridad de la explotación con la alerta temprana y la activación de planes de mitigación en caso de verificarse un derrame, también es una garantía de seguridad y un motivo de orgullo para la sociedad argentina, por ser parte de nuestro sistema científico tecnológico, propio y soberano.

Otro cuestionamiento se relaciona con la transición energética. Se sostiene que la Argentina intensificará el uso de combustibles fósiles e incumplirá sus compromisos de reducción de emisiones, pero el argumento puede ser rebatido porque el gas natural contamina menos que los combustibles líquidos y mucho menos que el carbón. Cuando nuestras usinas térmicas carecen de gas, y eso ocurre con frecuencia, el país importa gasoil o fueloil para que estas centrales puedan seguir funcionando. Esto genera un doble daño: se emite el 40% más de dióxido de carbono y se genera un mayor drenaje de divisas por las importaciones. En este sentido, la Comisión Europea está proponiendo al Parlamento Europeo que se considere positivas las inversiones en gas natural y energía nuclear; el gas natural es considerado el camino más adecuado y económico para llegar en el corto plazo a la economía del llamado hidrógeno azul que se produce mediante el “reforming” del gas con la posterior captura, almacenamiento o transformación del dióxido de carbono en productos de mayor valor. Exportar gas natural, por añadidura, también contribuiría a disminuir la utilización de carbón en otros países: Alemania, que genera en la actualidad el 24% de su energía eléctrica en base a carbón y dejó de lado la energía nuclear, aumentó notoriamente la emisión de dióxido de carbono.

La explotación de los recursos no convencionales también fue en su momento una apuesta importante desde lo tecnológico en relación con lo ambiental pero una década después de esta alternativa no hay duda de que se ha logrado sostener y aumentar la producción de gas y compensar el continuo declive de los recursos convencionales. Sin esa decisión Argentina enfrentaría hoy un escenario energético muchísimo más complejo, con mayor dependencia de la importación de recursos energéticos y su principal consecuencia: aumento de la pobreza. Si bien la explotación offshore en el mar es más costosa que la explotación en el continente, resulta en un tiempo razonable mucho más económica que importar gas natural licuado para luego regasificar e incorporarlo a la red de distribución, como cada año estamos obligados a hacer. Es oportuno también reconocer que muchas de las tecnologías que aparecen como alternativas enfrentan desafíos ambientales. La explotación del litio implica evaporación de enormes cantidades de agua y algunos materiales utilizados en los cátodos de algunas baterías son contaminantes y la producción de hidrógeno también conlleva la utilización de grandes cantidades de agua, tema que se discute en países que poseen escasos recursos hídricos.

Pero, además, hay que considerar que la explotación de los recursos no convencionales no solo recurre al caudal de conocimientos que reside en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología sino que también ha impulsado la emergencia y desarrollo de numerosas pymes locales que hoy dan trabajo de calidad. Sólo por esos motivos nos parece evidente que no se trata meramente de impulsar el desarrollo de un simple enclave petrolero en el Mar Argentino, con sus ventajas y desventajas. Si se lleva a cabo acompañado de adecuados controles y se tiene en cuenta sus proyecciones en una correcta política industrial, la futura explotación offshore de gas y petróleo puede y debe convertirse en un factor importante para el desarrollo de otros campos y aspectos que en conjunto sostienen la soberanía del país.

La experiencia del PRESAL brasileño, un gigantesco yacimiento de gas y petróleo en aguas ultra profundas cuya explotación impulsada por el entonces Presidente Lula ha permitido que Brasil produzca muchos millones de barriles de petróleo diarios, debería ser tomada en cuenta en este debate. El PRESAL no sólo impulsó la industria local sino también la Ciencia y la Tecnología en el hermano país: los acuerdos de explotación establecieron que ninguna compañía podía tener acceso al yacimiento (no solo las productoras o compañías de servicio sino también los fabricantes de equipos) sin haber establecido en Brasil convenios de I+D con las universidades brasileñas a punto tal que la COPPE (UFRJ)10 es hoy probablemente el más importante referente internacional en tecnologías offshore.

CONCLUSIÓN

Mientras se fortalece la producción de gas natural, que hoy constituye más del 50% de nuestra matriz energética11, un propósito necesario es continuar aumentando la contribución de energías renovables (eólica y solar, hidroeléctrica y bioenergía), tal como lo señalan diversas organizaciones ambientalistas. Si bien estas fuentes de energía han avanzado en los últimos años hasta llegar en 2021 al 13 % del total, aún estamos lejos del 20% comprometido para el 2025. La energía eólica es la que más ha crecido y como ejemplo vale mencionar que YPF-Luz opera ya tres parques eólicos y proyecta aumentar su participación en energía solar. También es necesario avanzar en el desarrollo de las tecnologías asociadas al hidrógeno como vector energético del futuro y al litio, del cual disponemos amplios recursos que pueden ser utilizados ya sea para vehículos eléctricos como para almacenar energía eólica o solar. Los recursos generados por la explotación de nuevos reservorios offshore deben ayudar a financiar esta transición en la cual nuestro país se encuentra comprometido.

En 2021 nuestro país importó alrededor de 5000 millones de dólares en combustibles y lubricantes para cumplir con las demandas de este sector en un escenario de restricción de divisas. Argentina requiere de mayor capacidad de producir energía si pretende sostener el crecimiento de su industria y generar más puestos de trabajo, sostener el transporte y brindar acceso a la energía a sus hogares. Por supuesto, nadie ignora que la indispensable transición energética requerirá varias décadas en las cuales el gas y el petróleo seguirán siendo importantes y muchos países que hoy se presentan como líderes en la lucha contra el cambio climático, sin embargo, continuarán explotándolos por mucho tiempo.

Sin duda, diversas organizaciones ambientalistas de nuestro país contribuyen genuinamente a concientizar a la sociedad acerca de los efectos sobre el ambiente que resultan de la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Muchas de ellas surgen de sólidas trayectorias históricas en defensa del ambiente, y cuentan con amplio respaldo popular. El Estado y las organizaciones ambientalistas deben ser socios en la búsqueda de soluciones para un desarrollo que contemple la realidad y las prioridades de nuestro país.

Es preciso, y eso forma parte del debate, poner sobre la mesa cómo se llevarán a cabo estos proyectos de explotación, la evaluación de riesgos y las tecnologías de mitigación de sus efectos así como garantizar a la ciudadanía que los recursos que se generen sean utilizados para beneficio, tanto del gobierno nacional como para los ciudadanos y ciudadanas de las localidades cercanas. Un excelente ejemplo es Lula con el desarrollo del PRESAL, destinando fondos de lo producido a salud, educación y ciencia y tecnología. En este caso también se puede destacar que, a diferencia de otras iniciativas en las cuales sólo participaban empresas extranjeras, en este caso YPF es parte de la propuesta del proyecto offshore y estará a cargo de la perforación del primer pozo exploratorio.

En este panorama se inscribe el debate al que aludimos inicialmente; se sabe que su ausencia es un camino que lleva al fracaso y que las estrategias que se formulan para eludirlo sólo pueden generar sospechas que, una vez instaladas, resultan difíciles de disipar. En él debe primar la conciencia de que la deuda ambiental es con los más vulnerables que hoy conviven en contacto con basurales a cielo abierto, sin viviendas adecuadas, en las cercanías de efluentes industriales, con alimentos muchas veces contaminados con microorganismos o metales pesados.

¿Qué hacer? Ésta dramática pregunta tiñe toda acción gubernativa. Puede haber varios caminos para encarar tan vasto problema pero el que puede ser decisivo consiste en contar con sistemas científicos y tecnológicos sólidos. Afortunadamente, nuestro país cuenta con ambos recursos para generar las bases materiales y económicas de una redistribución justa y una inclusión necesaria. Por otro lado, la mirada también se ha puesto en las nuevas generaciones a través de la reciente sanción de la Ley de Educación Ambiental Integral, que propende a la formación de una mirada ambiental integral basada en los nuevos paradigmas de la sostenibilidad que contemplan tanto la inclusión y la justicia social como el cuidado de la casa común.

Es momento entonces de que la sociedad argentina sortee la falsa antinomia entre desarrollo y ambiente, y destine sus esfuerzos y respaldos a una explotación soberana y ambientalmente responsable de nuestros recursos naturales. Cada esfuerzo en esta dirección tendrá como deseable resultado que muchos saldrán de la pobreza y de las injusticias económicas, culturales y educativas y llegarán a sentir que el país es también de ellos y que el despojo en el que sobreviven es imperdonable.

Un debate profundo debería reconocer, por lo tanto, que una sociedad justa e inclusiva debe garantizar el acceso a los bienes que todo ser humano merece y que, en conclusión, la cuestión de la energía no le es ajena.

Fuente: APP Noticias