El procurador rionegrino Jorge Crespo pidió al Superior Tribunal de Justicia que desestime el pedido de inconstitucionalidad de la modificación de leyes ambientales.

“No existe una obra concreta en la zona (por el Golfo San Matías y el resto del litoral marítimo). El daño ambiental que denuncian es meramente hipotético, vago, conjetural. El debate relativo a la posible instalación de un ducto será objeto de un procedimiento administrativo (licitación pública), y los actos que se adopten en dicho marco podrán ser cuestionados eventualmente en un nuevo proceso judicial”.

Con estos argumentos, que se ciñen casi punto a punto a los que a su vez brindó el gobierno de Río Negro, la Procuración (a cargo de Jorge Crespo) armó un dictamen que elevó al Superior Tribunal de Justicia. Lo envió el 17 de este mes y ahora, ese tribunal tendrá un máximo de 40 días para expedirse sobre el tema. El dictamen no es vinculante, pero fija un abordaje que podrá descartar o considerar el STJ.

Hasta el momento, evitó ahondar en el tema de fondo. Sólo analizó las formas y la legitimidad de esa presentación.

Lo que se evaluó es el pedido de inconstitucionalidad que presentaron varias entidades que se niegan a la llegada de las actividades petroleras a las costas rionegrinas. Fue a fines de diciembre de 2022, y el pedido aspira a que la ley 3308 se mantenga intacta, y se declaren nulas las modificaciones que aprobó la Legislatura, que habilitó la actividad hidrocarburífera en el litoral marítimo.

Este cambio repercutió con fuerza en San Antonio Oeste y en Sierra Grande, dos de las localidades que basan sus economías en la naturaleza que resguarda el Golfo San Matías.

Es que en ese sector se realizaría la primera inversión, que consistiría en un puerto petrolero que se levantaría en la localidad serrana (puntualmente en Punta Colorada) para exportar hidrocarburos que, a través de un oleoducto, llegarían desde Vaca Muerta.

Pese a que los cambios en la ley se fundaron en la inminente llegada de esa inversión, ahora desde la Procuración afirman que “ninguno de los proyectos que obran en la actualidad tienen por objetivo la instalación de un ducto en ese golfo”, algo que se choca con la realidad, ya que, paralelamente, en los últimos meses se iniciaron trabajos previos a la puesta en marcha de la obra, y se efectuó una audiencias pública sobre el tema, que no estuvo carente de controversia.

“Es anacrónico lo que responde el Estado sobre nuestro pedido de nulidad. Porque dicen que hablamos sobre una obra que no existe, mientras que por otro lado despliegan acciones para su puesta en marcha”, opinó el abogado Lucas Micheloud, que integra el equipo de letrados que representa a la multisectorial que se creó para repudiar los cambios a la norma.

De hecho, al responder los argumentos del pedido de nulidad, la Provincia consideró que este grupo no estaría legitimado para hacer el planteo, algo que respaldó el fiscal de estado Jorge Crespo.

“No existe afectación de derechos y/o intereses de las organizaciones y particulares que integran el colectivo accionante, lo cual vicia su legitimación para presentarse a este juicio. Ellos carecen de un interés concreto que los legitime como parte interesada”, alegó el Estado y respaldó Crespo.

Como respuesta a esto, desde la multisectorial afirmaron que sus integrantes han “armado sus proyectos de vida en la zona, donde las actividades productivas representan la generación de ingresos familiares relacionados con la pesca y el turismo, que no han sido tenidos en cuenta al momento de modificar la ley”. Además aseguraron que poseen vastos “antecedentes en materia de defensa ambiental, y eso acredita el interés directo en esta causa”.

Lo que no se abordó es el argumento central, que indica que no se puede retroceder en materia ambiental. Porque se incumpliría con el acuerdo suscripto por nuestro país junto a otras 24 naciones en Escazú, Costa Rica, en 2018. Ése es el punto en el que la multisectorial fundó su pedido, y tanto la respuesta del Estado como el dictamen del fiscal evitaron ahondar en esa argumentación.

Ahora será el STJ quien tendrá la última palabra sobre la inconstitucionalidad o no de los cambios en la norma, aunque a las partes les quedaría la apelación ante la Corte Suprema, algo que requeriría de un importante análisis antes de ser utilizado como recurso.

Audiencias públicas suspendidas o cuestionadas
En Río Negro la Secretaría de Ambiente convocó a una Audiencia Pública para tratar el proyecto del oleducto desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada para el día 21 de marzo, pero fue suspendida.

Finalmente se realizó otra audiencia, pero en Neuquén, el 20 de abril último, a la que no fueron convocados los referentes rionegrinos, pese a que, aunque se abordaría uno de los tramos de la obra, la construcción final es la que desembocará en territorio de Río Negro. Además, aunque hubo reclamos, en lugar de efectuarse de manera virtual y presencial sólo se realizó de esta última, en un hotel de Añelo.

Algunos integrantes de la multisectorial conformada en el Golfo San Matías acudieron, pero dejaron en claro su descontento con la convocatoria.

“La audiencia es un paso necesario para avanzar con el oleoducto propuesto por YPF que empezaría en el yacimiento Loma Campana de Añelo y finalizaría con un gran puerto de exportación petrolera en el Golfo rionegrino. Pero no tuvo en cuenta la totalidad de los impactos del proyecto, y tampoco hubo interés real en promover la participación. Ni atendió el derecho a la consulta previa de las comunidades. Así, el mecanismo perdió todo sentido” expresaron.

Fuente: Rio Negro