El Gobierno analiza un ajuste de tarifas antes de las audiencias públicas previstas, topes de subsidios más restrictivos para los usuarios residenciales y beneficios para los exportadores de combustibles, junto con la «reestructuración» del sector público energético. Algunos de esos cambios verán la luz esta noche con la publicación del DNU «omnibus».

Según pudo saber Clarín, Federico Sturznegger estuvo visitando esta semana al equipo del secretario de Energía, Eduardo Chirillo, en el sexto piso del Ministerio de Economía para dar las últimas puntadas al mega decreto de necesidad y urgencia. El extitular del Banco Central es el cerebro de la batería de desregulaciones con las que buscan hacer más «competitiva» la economía.

El capítulo energético es clave por su impacto en la actividad económica. Chirillo ya anunció que se propone avanzar en una quita gradual de los subsidios a las tarifas, menos impuestos para exportar hidrocarburos y subas en los combustibles. Si bien el Gobierno publicó el decreto 55 de emergencia eléctrica para una revisión integral de tarifas, el nuevo DNU incluiría otros cambios.

«El decreto va a tener bastante de cambios en energía», señalaron fuentes oficiales sin dar detalles. El Gobierno se propuso acelerar el nuevo esquema de subsidios y tarifas, por lo que ya convocó a una audiencia pública para el 8 de enero para ajustar en forma mensual las tarifas de gas en transporte y distribución, y en los próximos días fijará la fecha para la energía eléctrica.

Hoy, la boleta de gas se compone en un 41% del valor de producción (PIST), 11% del valor de transporte, 24% de distribución y 24% de impuestos. Esos precios serán revisados en las audiencias, pero antes en el sector esperan que haya ajustes «a cuenta» de dichas instancias para así recomponer todas las tarifas (generación, transporte y distribución) a partir de enero.

Para los especialistas, las últimas medidas ya habilitan un ajuste de los precios de producción, sin pasar antes por las audiencias. «Ya lo pueden hacer con el DNU 55, llamar a audiencia pública para la revisión integral en transporte y distribución, los precios mayoristas podrían hacerlo sin audiencias porque no es un segmento regulado», explicó Juan José Carbajales, director de Paspartú.

El riesgo, según los especialistas, es que los cambios queden a tiro de una judicialización. Los plazos aún no están del todo claros. Después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipara que la quita de subsidios a las tarifas regirá desde el 1 enero, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que su implementación pasaría para «febrero o marzo».

Si el Ejecutivo definiera un incremento mayor de los precios mayoristas de gas (PIST) y de la energía eléctrica (precio monómico), el costo de ese insumo que pagan las distribuidoras a los productores se verá reflejado inevitablemente en las boletas de los usuarios residenciales, aunque el mayor impacto recaería en las categorías de ingresos bajos (N2) y medios (N3).

Otro punto en estudio son los topes de consumo subsidiados. Hoy, el el segmento N3 tiene subsidios en la electricidad por un consumo de hasta los 400 kilovatios mensuales (kwh). La idea es que ese umbral y el universo de usuarios alcanzado sea menor. Así, el tope para N3 podría pasar a cubrir hasta 150 o 200 kilovatios por mes. También se evalúan cambios para los N2.

La desregulación traería ventajas a las petroleras y refinadoras. Chirillo se propone eliminar derechos de exportación y aranceles de importación en crudo y combustibles. En el sector no descartan una retención diferencial para las exportaciones de Vaca Muerta, por debajo de la suba generalizada al 15% de la semana pasada. Dependerá de Caputo si cede parte de esa «caja».

Energía también apunta a que el precio interno de los combustibles achique la brecha con el precio de paridad de exportación mediante una nueva fórmula y un fondo de estabilización. En esa línea, las refinadoras aumentaron un 37% las naftas tras la devaluación. «Según ellos, el barril debería ser export parity y el mercado interno libre sin controlar el precio del surtidor», explicaron en una petrolera.

Por último, el decreto contemplará la «reestructuración» de empresas y organismos del sector público en energía. La apuesta es avanzar en la unificación de los entes reguladores del gas (Enargas) y electricidad (Enre) para reducir el gasto en personal y estandarizar normas. Además, buscan reducir las compras de combustible de la administradora mayorista del mercado eléctrico CAMMESA.

Fuente: Clarín