El Gobierno será accionista mayoritario de la tradicional metalúrgica que fue creada por la familia mendocina Pescarmona. Nueve años exactos pasaron del último desembarco del Estado argentino en el capital de una empresa privada. Fue en el 2012, con la re-estatización de YPF decidida durante el segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner.

En junio del 2019 hubo un intento por pasar a control estatal todos los activos del Grupo Vicentín aunque sin éxito. La idea partió del kirchnerismo,pero fue coptada por el presidente Alberto Fernández bajo el planteo de encarar un «salvataje» financiero a un conglomerado agroindustrial que se encontraba camino a la quiebra a cambio de que su control pasará a manos estatales. La estrategia fracasó por falta de consenso político en las filas del propio Frente de Todos y por las críticas que la iniciativa cosechó en muchos sectores de la sociedad, incluyendo el gobierno de Santa Fe, donde Vicentín tiene su sede, que a pesar de pertenecer al oficialismo no avalaron la propuesta y se volcaron por otras opciones, como la búsqueda de un nuevo accionista privado.

IMPSA es una de las mayores metalúrgicas del país y fue fundada en 1907 por la familia Pescarmona y actualmente es el líder tecnológico en el diseño y fabricación de equipos para centrales hidroeléctricas, nucleares, eólicas y solares y para la industria del petróleo y gas.

Desde abril del 2018, sus acciones las controlan dos fideicomisos, uno de los cuales (donde están el 65% del total) fue constituido en beneficio de los acreedores comprendidos en el APE del 2017; y el otro (con el 35% restante), en favor de los accionistas a cargo de IMPSA antes de la reestructuración. Los dos fueron creados para garantizar la venta ordenada de las acciones de la compañía como parte de un plan de recomposición de su estructura de capital que coordinó con sus acreedores a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) presentado ante el Segundo Juzgado de Procesos Concursales, Circunscripción I de Mendoza, que lleva adelante su proceso de quiebra desde el 2018.

En esa oferta, IMPSA busca reestructurar u$s536 millones entre capital e intereses de la denominada «deuda elegible» que no incluye las obligaciones pendientes con organismos estatales, como Anses o AFIP, lo que se conoce como «deuda excluida».

En los próximos días, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se anunciará, como parte de ese ordenamiento societario y de acciones, la compra del paquete mayoritario del holding que tiene su sede en Mendoza a cambio de desembolsar u$s20 millones.

Se trata de una estrategia de «supervivencia» que su directorio puso en marcha luego de fracasar en la búsqueda de un socio privado, ya que ningún inversor se mostró interesado en inyectar capital en una compañía con profundos problemas financieros que opera en un país inestable e incierto. Frente a este escenario, la única posibilidad de obtener fondos frescos que le queda a la empresa es la estatización. Entonces, los accionistas de IMPSA, como el Banco Nación, los bonistas y la propia familia Pescarmona, decidieron no ejercer su derecho de preferencia para suscribir esas acciones y así abrir el camino al ingreso del Estado.

De manera paralela, en algunas dependencias oficiales impulsan el modelo INVAP, una sociedad estatal pero que tiene una gerencia profesionalizada y se dedica a desarrollar y ejecutar proyectos tecnológicos en diferentes campos de la industria, la ciencia y la investigación aplicada tanto para satisfacer necesidades nacionales como para insertarse en mercados externos a través de la exportación.

Pero, a diferencia de lo que ocurrió con YPF, con el resto de las empresas estatizadas y también con Vicentín, el traspaso del control de manos privadas a manos públicas se concretará por expreso pedido de los actuales accionistas de IMPSA y no por una medida impulsada por el propio estado. Luego de completar la reestructuración de su millonaria deuda con ayuda del Gobierno, el directorio de la compañía que tiene su complejo industrial en la localidad de Luján de Cuyo diseñó un plan para estatizar la mayoría de su capital accionario y recomponer su estructura.

El gobernador mendocino Rodolfo Suarez, militante radical y miembro del frente Cambiemos,aceptó la medida inyectando u$s4,5 millones de las arcas provinciales para quedarse con el 21% de IMPSA. Otro 63% quedará para la Nación, mientras que un 5% se mantendrá en manos de la familia Pescarmona y el resto entre los acreedores y el mercado bursátil.