El Gobierno activa la Comisión de Industria y confía en sacar las leyes productivas de Kulfas
El albertista Marcelo Casaretto asumirá en la comisión y ya se reunió con el ministro para destrabar el paquete de leyes con el que busca atraer inversiones.
El diputado albertista Marcelo Casaretto será el nuevo presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y en el gobierno nacional confían en destrabar el paquete de leyes productivas que mandó el año pasado Matías Kulfas.
El entrerriano, cercano al gobernador Gustavo Bordet, reemplazará en la Comisión de Industria al macrista porteño Alejandro García, que la presidió durante los últimos dos años. En la Rosada dicen que el cambio será importante para activar las iniciativas vinculadas a la producción, que Alberto Fernández incluyó en las sesiones extraordinarias y volvió a reclamar sin éxito en la apertura de sesiones.
En tal sentido el viernes pasado Casaretto se reunió con Kulfas y acordaron darle prioridad a las leyes enviadas por el ministro de Desarrollo Productivo, que apuntan a incentivar las inversiones e impulsar las exportaciones para sumar dólares.
En el gobierno creen que del paquete hay cuatro con chances concretas de ser aprobadas: la ley de cannabis, la de electromovilidad, la de inversiones automotrices y el compre argentino. En cambio, creen que será muy complejo aprobar la ley de hidrocarburos y la de agroindustria.
La norma que más cerca estuvo de ser aprobada el año pasado fue la de cannabis y cáñamo medicinal a escala industrial, que tiene media sanción del Senado. La ley tenía acuerdo de todos los bloques pero se trabó su tratamiento porque el kirchnerismo duro pidió incluir en el mismo debate la ley de envases que empuja Juan Grabois.
En el gobierno creen que esa jugada dejó en evidencia el poco interés de Máximo Kirchner en impulsar las leyes de Kulfas, al que el kirchnerismo quiere que Alberto eche del gobierno. Sin embargo, este paquete también es reclamado por empresarios que lo acordaron en el Consejo Económico y Social con funcionarios y sindicatos.
Marcelo Casaretto
La otra ley que en el gobierno esperan tener rápido es el Compre Argentino, que creen tendrá el impacto más concreto. La norma reemplazará proveedores extranjeros por locales y permitirá ahorrar dólares. Además, englobará a áreas que hasta ahora no tienen ninguna disposición para favorecer a proveedores locales como el Pami, que permite el ingreso de laboratorios internacionales en las compulsas.
La ley de promoción de inversiones automotrices apunta a impulsar con beneficios impositivos la producción local de autopartes y disminuir el déficit del sector, que atraviesa un boom de fabricación en Argentina pero con un contenido de autopartes locales que promedia el 30 por ciento. De todos modos, es un número más alto que la media histórica del 20 por ciento.
El último proyecto que en el gobierno creen viable es el de electromovilidad, un sistema de promoción a los vehículos eléctricos, con beneficios fiscales a la producción y la compra, y un plan para usar estas unidades sin excepción en el transporte público. El proyecto es resistido por las petroleras porque plantea la eliminación para 2041 de los autos a nafta o gasoil. En el gobierno admiten que deberán modificar ese punto.
Finalmente, en la Rosada no ven posible la aprobación en el corto plazo de la ley de hidrocarburos y la de agroindustria. En este último caso creen que aunque apunta a beneficiar a productores, no podrá avanzar en el medio de la guerra del gobierno con el campo.
El Gobierno ahora tantea una «ley corta», tras el fracaso de la ley de hidrocarburos
En el caso de la ley de hidrocarburos LPO anticipó el año pasado que el proyecto se cajoneó en el Senado por la falta de acuerdo con los gobernadores, las petroleras e incluso dentro del oficialismo. Se trata de un texto de Kulfas que fue modificado por los funcionarios kirchneristas que manejan el área de Energía y que terminó sin convencer a ningún sector.
Ante la imposibilidad de avanzar con este texto, Sergio Massa empezó a trabajar en un borrador de «ley corta», que básicamente garantiza a los inversores que girar una parte de sus ganancias al exterior y repartir dividendos.
Fuente: La Politica Online