Las dos iniciativas que Alberto Fernández anunció en la apertura de sesiones del Congreso como cruciales para su gestión y que iba a remitir automáticamente para su tratamiento legislativo están demoradas.

Los borradores de los proyectos ya están casi listos, sin embargo, desde la casa Rosada explican que esos proyectos de ley no serán enviados aún al Parlamento para hacerlo en «un contexto más despejado» desde lo económico y sanitario, afirman.

En las últimas reuniones del gabinete económico, una de las cuales lideró el propio Alberto Fernández en la residencia de Olivos, se abordaron todos temas de coyuntura para la emergencia sanitaria y propuestas destinadas a encarar la pandemia. Pero en ningún momento se habló de otras propuestas para el largo plazo.

En la Secretaría de Energía que conduce el kirchnerista Darío Martínez está terminado el proyecto de ley de promoción de inversiones en hidrocarburos pero no se remitirá aun al Congreso por dos motivos centrales: los conflictos gremiales que hubo en Vaca Muerta en los últimos meses y los problemas que aún genera la pandemia a nivel mundial para atraer inversores.

«Vamos a promover la industria hidrocarburífera mediante el envío de una ley que aborde en forma integral al sector, desde su extracción hasta su industrialización y genere las condiciones para el desarrollo de los recursos», había dicho el Presidente en su discurso de apertura del 139º periodo de sesiones ordinarias.

Luego del anuncio presidencial el gobierno presentó el tema, aunque sin dar mayores detalles, a varios CEO de empresas petroleras. El propio secretario de Energía se mostró dispuesto a debatir el tema con las principales petroleras del país con miras a robustecer el proceso de redacción del proyecto de ley de hidrocarburos. Se planteaba la fijación de un mecanismo que otorgue previsibilidad en torno a cómo responderá el precio local del petróleo frente a saltos en la cotización internacional; un esquema que promueva las exportaciones de gas; y un régimen promocional que prevea beneficios impositivos para las petroleras que desean invertir en la Argentina.

El gobierno de Neuquén mantuvo durante varios meses un enfrentamiento con trabajadores de la Salud «autoconvocados» que rechazaron el acuerdo salarial que el gremio ATE había acordado con la administración del gobernador Omar Gutiérrez y los cortes de ruta pararon la producción en Vaca Muerta produciendo millonarias pérdidas. Se estima que el Estado perdió más de 200 millones de dólares por ese conflicto.

Un funcionario del Ministerio de Economía que lleva adelante el diálogo con las petroleras opino que «Con el conflicto de Vaca Muerta abierto y la pandemia encima sería descabellado pedir a los inversores que vengan a la Argentina».

Algo similar pasa con el proyecto de ley de electromovilidad que el gobierno presentó como el proyecto de ley del futuro. El ministro de Producción, Matías Kulfas, subrayó el 30 de abril que pese a la pandemia «nosotros en ningún momento resignamos la agenda del desarrollo y de la recuperación, de pensar nuevos desafíos. Esto implica una revolución tecnológica donde la Argentina tiene que tener la posibilidad de participar como productor». La ley de electromovilidad significa la posibilidad de comenzar a fabricar autos eléctricos en los próximos años e industrializar el litio.

La intención de la Casa Rosada es «Declarar de interés nacional el diseño, investigación, innovación, desarrollo, producción, comercialización, conversión y utilización de vehículos propulsados por fuentes de potencia no convencionales producidos en el territorio nacional».

Los allegados al ministro admiten que el tema no será remitido al Congreso por el momento y le dieron prioridad al proyecto de ley de producción industrial de cannabis a nivel industrial. Esto sugiere que la iniciativa de electromovilidad se frenó por el momento.

El proyecto impulsaba un régimen de transporte público de pasajeros con energía eléctrica para los próximos 10 años y este fue otro de los motivos centrales para frenar por ahora la iniciativa. El gobierno entiende que en el contexto actual de parálisis económica no le podrá exigir a las empresas de transporte que inviertan en unidades nuevas sustentadas en energía renovable. Kulfas está convencido de que el proyecto de electromovilidad es «una gran oportunidad» para industrializar la Argentina y crear empleo genuino.