El Gobierno dio luz verde a Mendoza para la construcción de la represa Portezuelo y autoridades pampeanas salieron al cruce
La administración de Alberto Fernández giró los 14 millones de dólares correspondientes para la ejecución de la represa de 210 MW. Como respuesta, el Gobernador de La Pampa amplió su denuncia contra la obra mendocina.
“Celebramos que el Gobierno de Alberto Fernández depositó la segunda cuota de Portezuelo del Viento. Se trata de la cuota correspondiente a enero, por un importe de 13.915.837 dólares”, destacó la semana pasada el mandatario de la Provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, en un comunicado de prensa.
En total, Mendoza va a recibir 1.023 millones de dólares en los próximos cinco años en Letras del Tesoro nacional. Los fondos permitirán la realización la obra civil hidroeléctrica, la traza de las dos rutas y la relocalización del pueblo de Las Loicas.
La represa de 210 MW, ubicada sobre el río Grande, en el departamento de Malargüe, tendrá capacidad para abastecer de energía a 130.000 hogares. En su construcción generará 3.500 puestos de trabajo.
El próximo pago que deberá efectuar el Gobierno argentino será en abril, por 16,3 millones de dólares. En julio deberá realizar un pago más, por 18,6 millones de dólares, y en octubre tendrá lugar el último desembolso del 2020, por 29,9 millones de dólares.
Detractores de la obra
Desde la Provincia de La Pampa han esgrimido críticas sobre la realización de la represa Portezuelo del Viento desde un primer momento, al punto que han llevado una demanda para detener su ejecución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El tema es que la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento se pretende construir en el río Grande (Mendoza), cuyo principal afluente es el río Colorado, en el límite entre La Pampa y Río Negro.
Ahora, con el segundo desembolso del Gobierno nacional a Mendoza, desde La Pampa ampliaron la denuncia. El Gobernador pampeano Sergio Zillioto sumó a la demanda el alerta sobre la baja en el caudal del río Colorado.
En su reclamo original la denuncia exige no iniciar las obras hasta tanto se realicen los estudios de impacto ambiental correspondientes.
Por su parte, desde Mendoza aseguran que existen esos estudios y que están avalados tanto por autoridades provinciales como por entes de supervisión nacional.
Fuente: Energía Estratégica.