El Enargas está estudiando la posibilidad de que IEASA (ex Enarsa) monopolice la compra de gas para el segmento de hogares y PyMEs. La iniciativa va en línea con la decisión de no aumentar las tarifas residenciales por la pandemia del Covid-19.

El gobierno empezó a evaluar, en reserva, una reestructuración del negocio del gas. En despachos oficiales explican que la iniciativa hace sentido con la decisión de mantener congeladas las tarifas residenciales del hidrocarburo durante todo el año. O al menos, hasta el último trimestre de 2020.

A principios de abril, EcoGas —una de las cuatro grandes distribuidoras del país— planteó a Federico Bernal y Osvaldo Pitrau, los funcionarios que encabezan la intervención del Enargas, una idea que tenían en carpeta desde hace tiempo: crear un agregador en el mercado del gas que se encargue de comprar el gas que consumen hogares, comercios y PyMEs. La iniciativa fue debatida en el seno de Adigas, la asociación de distribuidoras de gas, y tuvo buena receptividad de parte del ente regulador, que comenzaron a evaluar su implementación.

¿Cuál es el principal cambio que acarrea el proyecto?

La propuesta es que, así como Cammesa es el agregador del mercado eléctrico, IEASA pase a funcionar como un agregador comercial en el sector de gas. La ex Enarsa concentraría de esa manera la compra de gas a los productores; tarea que hoy está en cabeza de las distribuidoras. Gasíferas y petroleras dejarían de tener un vínculo contractual directo.

IEASA empezaría a mediar entre unos y otros, que hoy mantienen una relación conflictiva por la ruptura de la cadena de pagos. Como las distribuidoras —Metrogas, Naturgy, Camuzzi,  EcoGas y otras cinco empresas— no están pudiendo cobrar el gas a usuarios residenciales (por la recesión y el aislamiento obligatorio sólo pago su factura un 35-40% de los hogares), dejaron de pagar la integridad de la factura del gas que le compran a las productoras (YPF, PAE, Total, Wintershall DEA, Tecpetrol y CGC, entre otros). Eso motivó una escalada de tensión entre las empresas de ambos segmentos de la cadena de gas, tal como consignó este medio la semana pasada.

Por eso, tanto empresas como especialistas de la industria admiten que, si la incobrabilidad del sistema se acentúa en los próximos meses como resultado de la crisis económica, el Estado se verá indefectiblemente obligado a inyectar más subsidios en el sector de gas para garantizar la producción del hidrocarburo.

“Cammesa (la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista) también está pagando fuera de término el gas que consumen las centrales eléctricas, por lo que la caja de los productores de gas está muy comprometida”, reconoció a EconoJournal el gerente de una distribuidora.

¿Cuáles son las razones por las que las gasíferas respaldan la iniciativa?

Está claro que la creación de un agente que opere como agregador del mercado de gas requiere una serie de modificaciones del marco regulatorio del sector. Afecta, conceptualmente, el espíritu de la Ley 24.076, sancionada a principios de los ’90, que sentó los parámetros del mercado gasífero. De ahí que legalmente no sea tan sencillo avanzar en la dirección que pretenden las gasíferas. Sin embargo, la excepcionalidad que plantea la pandemia podría acelerar ese proceso.

Las distribuidoras descuentan que será prácticamente imposible recomponer sus ingresos en lo que resta de 2020. El gobierno no autorizará una suba de las tarifas en medio de esta emergencia. La primera derivada de esa presunción es que la cadena de pago dentro del sector continuará cayendo. Más temprano que tarde, coinciden tanto productores como distribuidores, el Estado tendrá que inyectar más recursos del Tesoro en el negocio del gas para garantizar la operación del sistema. IEASA canaliza hoy los subsidios a los hogares de la Patagonia, que pagan un precio subvencionado por el gas que consumen.

• La materialidad del proceso recesivo podría desembocar en que la ex Enarsa dé un paso más allá y se convierta en un agregador de todo el sistema, intermediando obligatoriamente entre productores y distribuidores.

“En esta crisis va a ser muy difícil que las distribuidoras podamos pagar a término a las petroleras. Además, lo más probable es que el gobierno decida postergar la actualización de las tarifas. En ese sentido, un agregador (como IEASA) en el mercado del gas podría ser una herramienta que le permita al Estado, por un lado, negociar un precio del gas con las petroleras para asegurar la producción del hidrocarburo. Y por el otro, definir qué porcentaje de ese precio traslada a las tarifas en función de la política económica y social deseada”, explicó a EconoJournal el gerente de una distribuidora que está al tanto de la iniciativa que estudia el Enargas. “En algún punto, sería sincerar lo que está sucediendo de hecho en el mercado”, agregó.

Reparos

El proyecto de crear un agregador del mercado del gas (una Cammesa del gas) no es nuevo. En el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se llegó a evaluar la posibilidad con cierta profundidad, pero finalmente no se avanzó.

Conceptualmente, las empresas productoras se oponen. Advierten que atenta contra la re-contractualización del mercado. Sostienen que el marco regulatorio vigente apunta a que petroleras, distribuidoras, generadoras y grandes usuarios (industrias) puedan contratar libremente el gas que precisan en un entorno de competencia de precios. Eso implica que se puedan negociar entre sí contratos de compra-venta de gas.

Si IEASA monopoliza la adquisición de gas para todo el segmento regulado (distribuidoras), la libre contratación del gas —un estado que, en rigor de verdad, terminó con la caída de la Convertibilidad en 2001 y nunca se recuperó cabalmente— se verá muy restringida.

Desde una productora advirtieron también que la decisión de que la empresa estatal empiece a comprar gas para los usuarios residenciales conllevaría a re-discutir el rol de las empresas distribuidoras. “Habría que repensar cuál es la remuneración que les corresponde, porque tendrían mucho menos riesgo y su margen de acción estaría muy limitado”, explicaron desde una de las mayores cinco productoras del país.

• El Valor Agregado de Distribución (VAD) que determina la rentabilidad de las gasíferas y está incluido en los cuadros tarifarios de cada compañía se calculó sobre la base de capital de los activos que posee cada empresa y del costo de mantenimiento y operación de esas redes. Para ponderar el precio de esos activos se tomó un valor inferior a su costo de reposición, pero fuentes gubernamentales señalaron que resultó excesivo.

• Veladamente, durante estos últimos años algunos consultores y las empresas petroleras cuestionaron esa forma de calcular la base tarifaria de cada distribuidora y transportistas. Lo que plantearon algunas productoras consultadas por este mes es que si el gobierno finalmente decide comprar el gas para los hogares a través de IEASA habría que repensar también cuál es el VAD que debería percibir cada empresa.

“Quizás tendría más sentido pasar a un esquema de costo plus, que implique auditar los costos reales de operación, mantenimiento y ampliación de la red y fijar una tasa de ganancia razonable”, explicaron desde una petrolera. En respuesta, el gerente general de una distribuidora, que pidió la reserva de nombre, dijo lo siguiente: “Hoy es una discusión metafísica, totalmente abstracta. El negocio de distribución está severamente afectado por la inflación y la no actualización de las tarifas”. “Si el gobierno audita los números se va a dar cuenta de eso”, añadió, escéptico.

Fuente: Econojournal.