Esto es porque subió la cotización de los granos y provocaría inflación. Intentan dejar a salvo los producidos con azúcar y desechos orgánicos. Apuran una ley para contener a las petroleras.

El Gobierno estudia una nueva ley de promoción a los biocombustibles con menos beneficios para los producidos a base de soja y maíz, debido a que la suba de sus cotizaciones en el mercado internacional podría elevar los precios en los surtidores.

Esa es la idea que llegó a los despachos de los diputados de provincias productoras de hidrocarburos, quienes junto a las compañías del sector pusieron el grito en el cielo cuando en octubre el Senado prorrogó por unanimidad hasta 2024 la ley que incentiva la generación de biocombustibles con mejoras impositivas y cupos de uso obligatorios.

Fue sancionada en 2006 con el objetivo de reducir el impacto ambiental y la demanda de los fósiles, pero esta vez los petroleros se resisten. Sostienen que 2020 fue el peor año en mucho tiempo por la caída estrepitosa del barril de crudo y que a diferencia de la pampa húmeda producen en zonas que no tienen otra actividad de reemplazo. Y que, por si fuera poco, si los commodities siguen en alza los bio aumentarán el precio de la nafta y dispararán la inflación, tal vez el mayor temor de la Casa Rosada.

Alberto y su ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas excluyeron la ley del temario de sesiones extraordinarias, que finalmente casi ni se trató por la parálisis de la Cámara de Diputados ante la ausencia de un acuerdo entre el oficialismo y Cambiemos para continuar con las sesiones remotas.

La principal es la soja, cuya cotización superó los 500 dólares la tonelada y es la materia prima del biodiésel, que la ley vigente obliga a usar en un corte del 10% en las naftas. «En ese año el precio del crudo estaba en alza y al poco tiempo pasó los 100 dólares. Hoy es una pérdida producir con granos», señalan en las provincias extractivistas. Y acusan a los exponentes del bio de usar la infraestructura de las grandes petroleras para exportar.

Una nueva ley restringiría también la producción del bioetanol a base de maíz, con mucha presencia en Córdoba y un corte del 12%. Pero alentaría el que se elabora a base de azúcar, convertido en una fuente de ingresos de los 21 ingenios, 15 de ellos con sede en Tucumán. El gobernador Juan Manzur se lo reclamó a Alberto la última vez que lo recibió.

La prórroga de la ley original hasta 2024 surgió como una compensación a los senadores tucumanos cuando se aprobó la ley de etiquetado frontal, que obliga a informar los contenidos de azúcares en los productos y desalienta su consumo, por ser una de las principales causas de enfermedades no transmisibles.

Como suele ocurrir cuando hay una pelea de titanes, el gobierno maneja sus tiempos sin urgencia. El martes, Alberto le anticipó en un desayuno a Sergio Massa que una de sus próximas leyes que enviará al Congreso será la de hidrocarburos, que según explicó en la apertura de sesiones apunta a beneficiar «en forma integral» a un sector que produce y exporta cada vez menos.

Uno de sus redactores es el flamante secretario de Energía Darío Martínez, oriundo de Neuquén, una de las provincias productoras de hidrocarburos, con el prometedor yacimiento de gas no convencional de Vaca Muerta. Su tratamiento podría llegar junto al de una nueva versión de la ley de bio, con el objetivo de unir las partes.