La intención es subir las tarifas según el nivel de ingresos de los titulares. Debería ser un criterio uniforme para todo el país. Habría acuerdo en que se trata del mejor sistema. Por ahora se mantienen las subas anunciadas luego del acuerdo con el FMI.

En papel o virtuales, el gobierno busca uniformar las facturas de servicios públicos con aumentos en todo el país mediante una ley nacional que considere el nivel de ingreso de los titulares del servicio.

El Gobierno prevé enviar al Congreso un proyecto de ley para que la segmentación de tarifas de luz y gas pueda instrumentarse en todo el país, disponiendo para ello del flujo permanente de datos actualizados. Alberto Fernández se convenció de que sólo con un nuevo marco legal será posible un esquema de cobros diferenciados, que imponga un precio mayor a los usuarios más pudientes.

Justamente, otra idea fuerza que se impuso en el seno oficial es que el universo de usuarios se divida en función de los ingresos actuales y ninguna otra pauta asociada, como el patrimonio acumulado.

La voluntad política de aumentar las tarifas y hacerlo de un modo que preserve de los incrementos a los sectores económicamente más vulnerables es una decisión consensuada en el interior de la administración central, donde muchas veces hay diferencias visibles de criterios.

Lo que se está puliendo ahora es una herramienta legal que garantice la aplicación de un nuevo esquema tarifario con datos en tiempo real y no sólo limitado al Area Metropolitana, como se pensó de apuro en un momento.

En particular en el servicio eléctrico, cada distribuidora provincial tiene su propia política tarifaria y responde a su propio órgano regulador, instancia clave para cualquier nuevo mapeo en el precio de los servicios públicos. De ahí que es necesario una ley federal que permita englobar a todas las jurisdicciones en una única propuesta de segmentación que, de otro modo, podría transformarse más en una consigna política que una acción de gobierno.

También es necesario garantizar que organismos públicos como Anses o Afip puedan proveer a los entes y prestadoras de servicios la información imprescindible para la nueva fórmula de recategorización de consumidores sin violar normas como la del secreto fiscal.

Estos reparos surgieron en las arduas discusiones sobre el tema que se desarrollaron en la secretaría de Energía a cargo de Darío Martínez y que llegaron como propuesta a la Presidencia.

En un primer momento, el Enargas, a cargo de Federico Bernal, y la subsecretaría de Energía Eléctrica, cuyo responsable es Federico Basualdo, plantearon el camino de recortarle los subsidios al 10% de la población de mayores ingresos del AMBA. Pero esta vía expeditiva de segmentación no permitiría un gran ahorro fiscal, oficiosamente calculado en los propios despachos oficiales en alrededor de US$200 millones.

Esa cifra es mínima frente a una masa de subsidios energéticos que en el ejercicio pasado redondearon el equivalente a US$11 mil millones, el grueso para subvencionar la energía eléctrica a través de Cammesa.

Al enviar para consideración parlamentaria el entendimiento de Facilidades Extendidas celebrado con el FMI, se anunció una nueva pauta de incremento para todos los consumidores, bajo el lema de preservar el salario real.

Con el propósito de disminuir el esfuerzo fiscal –tal como plantea el FMI para hacer viable cualquier propuesta de repago de deuda pública– la Casa Rosada avanzó en un diagrama básico de fragmentación para aplicar subas, que tal vez sirva como punta de lanza para ajustes mayores a los que quería un sector del Gobierno, pero acotados al principio político de que no haya aumentos por encima de las mejoras salariales.

Según el anuncio oficial hecho a principios de mes, en los próximos dos años la luz y el gas subirán hasta un 40% del Coeficiente de Variación Salarial para los beneficiarios de tarifa social y hasta un 80% de ese índice para el resto, exceptuando al decil más rico, que por la eliminación total de las subvenciones tendría que pagar un valor “pleno”.

En el actual contexto de incertidumbre sobre los precios mayoristas de la energía no es posible calcular exactamente cuál será el incremento de este decil. El 20% del gas que consume el país (incluyendo algunos combustibles líquidos) debe ser importado a un valor que la invasión rusa a Ucrania hace imposible calcular, pero que con certeza multiplicará varias veces los costos del año pasado.

Esta fórmula rudimentaria no sería suficiente para una segmentación exhaustiva y certera y sólo aplica parcialmente la otra propuesta: segmentar exclusivamente en función de los ingresos actuales de los usuarios.

El volumen consumido o la división geográfica conllevan a posibles injusticias. Valga el ejemplo de que los habitantes de barrios de con viviendas precarias consumen mucha electricidad porque no tienen acceso a las redes de gas natural y podrían verse obligados a afrontar facturas muy elevadas.

“La idea es trabajar en una segmentación por nivel de ingresos y no por ubicación geográfica de la vivienda ni por la exteriorización patrimonial”, precisa el asesor presidencial Ariel Kogan, hombre clave de Energía e interlocutor reconocido por el sector privado.

Hacer esa disección del universo de clientes de las distribuidores gasíferas y eléctricas no será tarea sencilla y aún no está resuelto. Pero la nueva ley proyectada generaría una plataforma base para avanzar.

Tampoco sería fácil la negociación parlamentaria. No sólo por las diferencias dentro del propio bloque oficialista, sino porque se trata de un terreno escarpado incluso para proyectos que, desde la teoría, la oposición pueda compartir.

Además, se trataría de un proyecto de ley que, por su contenido, se sumará a otras discutibles propuestas oficiales. Por ejemplo, la ley para promover las inversiones en hidrocarburos concediendo ventajas fiscales y cambiarias a las empresas que quieran invertir en el país, como planteó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en Houston días pasados.

También se agregaría una iniciativa sobre cuestiones impositivas, que comprenderá desde tributos que involucran a represas binacionales hasta la forma de cobrar el impuesto sobre los combustibles.

Y se discute, además, el proyecto de ley de Movilidad Sustentable, que prohíbe la comercialización de vehículos propulsados a carburantes fósiles a mediano plazo. Una norma que promueve con entusiasmo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, pero que no simpatiza a YPF ni a un sector de Energía, que la consideran contradictoria con el afán y necesidad de promover Vaca Muerta ni a la mayoría de las automotrices radicadas en el país.

Fuente: Clarín