La posibilidad de aplicar el llamado impuesto al sol abrió una brecha en Brasil entre el presidente Jair Bolsonaro, que defiende “tarifa cero” para los usuarios que generan su propia energía, y el órgano regulador, que apuesta por retirar los incentivos a esa parte del sector.

Brasil es uno de los países con mayor potencial solar del mundo y desde 2012, cuando reguló el sistema de generación distribuida, unos 140.000 consumidores, entre particulares y empresas, producen su electricidad, principalmente, con placas fotovoltaicas.

La capacidad instalada de los micro y mini generadores alcanza hoy los 1,6 gigavatios (GW) y, según cálculos oficiales, se espera que en 2035 llegue hasta los casi 22 GW, superando la potencia instalada de la hidroeléctrica Itaipú (14 GW), que comparten Brasil y Paraguay y es la segunda mayor del mundo.

El furor por el autoconsumo vino acompañado por una serie de subsidios que la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (Aneel, regulador) ahora quiere eliminar de forma gradual, pero sus planes han encontrado el fuerte rechazo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Esas ayudas beneficiaron mayoritariamente a clientes con el suficiente músculo financiero como para afrontar la enorme inversión que supone instalar los equipamientos de generación eléctrica en sus inmuebles, pese a que en los últimos años los precios de los paneles solares bajaron 43 por ciento.

Como contrapartida al fuerte desembolso, y con la idea de impulsar ese mercado, el órgano regulador les permitió guardar el excedente producido y utilizarlo en el futuro sin pagar por el uso de la estructura de distribución, en el bautizado como “sistema de compensación de energía eléctrica”.

Las distribuidoras sostienen que ese sistema no es justo. “Genera lo que se llama como una espiral de la muerte”, afirmó el ingeniero Felipe Gonçalves, superintendente de pesquisas de Energía de la Fundación Getulio Vargas (FGV).

¿El motivo? Cuanto mayor sea el número de personas que generen su propia energía, más subirá la factura de la luz para los clientes del mercado de distribución, es decir, para aquellos que no pueden permitirse el lujo de instalar placas solares en sus hogares o comercios.

Ello debido a que los costos del sistema de distribución son divididos entre los consumidores. A menor número de clientes, mayor será la cuenta a pagar, explica Gonçalves.

Por eso, Aneel, ante el crecimiento exponencial de la generación distribuida, que terminó de despegar en 2015, cuando aprobó una nueva resolución que abrió nuevas posibilidades, como la producción de forma remota, quiere dividir la cuenta entre todos.

El año pasado abrió una consulta pública para recoger impresiones sobre la propuesta de eliminar de forma escalonada los incentivos y se espera que tome una decisión al respecto durante el primer trimestre de 2020, según confirmaron fuentes del ente.

Alianza por la “TARIFA CERO”

Sin embargo, Bolsonaro, líder ultraderechista y liberal en la faceta económica, anunció que cualquier tipo de “tasación a la energía solar” decidida por Aneel será “sepultada” por el Congreso vía proyecto de ley.

“Nuestra posición es tarifa cero”, aseveró el mandatario, tras hablar con los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Davi Alcolumbre, que también comparten esa visión.

La firme posición del gobernante fue celebrada con entusiasmo por la Asociación Brasileña de Generación Distribuida (ABGD), que reúne a empresarios, fabricantes, profesionales y académicos del ramo.

Argumentan que la medida planteada por Aneel pondría freno a un sector que apenas representa un 1 por ciento de la producción energética del país y que genera “beneficios económicos de 1.500 millones de reales (unos 375 millones de dólares) al año”, con previsión de crear “600.000 nuevos puestos de trabajo hasta 2035”.

“Nuestra energía es muy cara y ofrecemos una alternativa que es beneficiosa, progresista por su bajo costo”, aseguró Heber Galarce, director de relaciones gubernamentales de la ABGD.

El sector es “nuevo”, “limpio” con el medioambiente y “defendemos mantenerlo como está ahora porque no existe fuerza, no existe incómodo y no existe razón para alterar eso”, completa.

Galarce va más allá y critica la “extrema” concentración de poder que tiene Aneel para decidir sobre el sector eléctrico brasileño, cuya matriz es de origen renovable en un 80 por ciento, aunque la mayor parte procedente de hidráulicas.

En este sentido, desde ABGD alertan que los embalses de la región sureste, que abastecen a gran parte de los brasileños, están en su menor nivel de 2014.

Aseguran que si no aumentan las precipitaciones, el Gobierno tendrá que encender las centrales termoeléctricas, “que además de contaminantes, pueden ocasionar un aumento significativo en la cuenta de la luz”.

“Por eso, el incentivo a las fuentes renovables es aún más necesario y urgente, tanto desde el punto de vista económico, como medioambiental”, justificó la asociación.

Fuente: El Día.