El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo para acceder a 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano, calificándolo como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. La noticia generó indignación y preocupación dentro de Venezuela, incluso entre sectores tradicionalmente enfrentados.
De acuerdo con la Casa Blanca, la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) recibirá un contrato de arrendamiento de 100 años sobre 17 yacimientos. El gobierno estadounidense obtendría una participación del 35% en la compañía, acceso al 20% de la producción a precio de costo y un derecho de preferencia sobre el resto. Trump aseguró que el acuerdo podría atraer hasta US$ 100.000 millones en inversiones y garantizar suministro de crudo pesado a las refinerías estadounidenses.
Por su parte, las autoridades venezolanas describen el proyecto como un acuerdo bilateral de 25 años, insistiendo en que el país mantiene la soberanía sobre sus recursos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que los yacimientos podrían producir más de 1,5 millones de barriles diarios y generar US$ 209.000 millones en ingresos fiscales.
La falta de transparencia sobre los términos exactos ha encendido las alarmas. Ninguno de los gobiernos ha publicado el texto completo, y la diferencia entre un contrato de 25 años y una concesión de 100 años plantea dudas sobre la legitimidad y la seguridad jurídica del acuerdo.
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La líder democrática María Corina Machado advirtió que “la legitimidad política y la seguridad de la inversión no pueden separarse”, subrayando que solo un gobierno democrático puede ofrecer certeza a los inversores. Exfuncionarios chavistas como Rafael Ramírez y Elías Jaua también calificaron el acuerdo de ilegítimo y de “ocupación extranjera”, mostrando cómo el nacionalismo petrolero trasciende las divisiones ideológicas.
En el plano social, ciudadanos como el arquitecto caraqueño Lisandro Castro expresaron su preocupación: “Existe una auténtica preocupación colectiva en Venezuela en este momento por lo que estamos presenciando”.
Los riesgos identificados son múltiples: un futuro gobierno electo podría impugnar el acuerdo, los tribunales cuestionar la autoridad de Rodríguez, las compañías limitar inversiones por falta de garantías y el resentimiento público convertir el proyecto en símbolo de explotación extranjera.
En definitiva, Venezuela necesita inversión para recuperar una producción que hoy ronda 1,25 millones de barriles diarios, muy por debajo de los niveles de los años 90. Pero la opacidad y la controversia política podrían transformar lo que Trump presentó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia” en una fuente de incertidumbre para el futuro energético del país.
