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El nuevo ciclo minero de Perú combina USD 64.000 millones en proyectos y una expansión de concesiones que tensiona la relación con los territorios

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2. Uinl

Perú atraviesa una fase de expansión minera con 67 proyectos activos y una cartera de USD 64.000 millones, en un contexto donde la inversión anual alcanzó en 2025 los USD 6.228 millones, el nivel más alto desde 2015. En el primer trimestre de 2026, la inversión creció 43,7% interanual y elevó el empleo formal a 262.365 puestos, según el Observatorio de Conflictos Mineros del Perú (OCM).

El crecimiento coincide con una ampliación territorial sin precedentes. A mayo de 2026, el país registra 22,67 millones de hectáreas bajo concesión minera, equivalentes al 17,6% del territorio nacional.

Regiones como Apurímac, La Libertad y Áncash superan el 50% de su superficie concesionada, y en Apurímac la proporción asciende al 76,5%. El OCM señala que solo una fracción de estas áreas se encuentra en operación efectiva, mientras el resto permanece en exploración o sin actividad.

El informe identifica tres vectores críticos para el periodo 2026–2031: la magnitud de la cartera de inversiones, la expansión territorial y la orientación del Ejecutivo hacia la desregulación ambiental y social. La reducción de controles para acelerar proyectos incrementa la presión sobre los territorios y reproduce patrones de tensión observados en ciclos previos de auge minero.

La distribución geográfica de la inversión también es relevante. El 45,5% del gasto minero se concentra en el sur del país, una región que expresó rechazo electoral hacia el partido de gobierno en las últimas elecciones presidenciales. El OCM advierte que este desbalance entre orientación política nacional y legitimidad territorial puede intensificar la resistencia social en zonas mineras.

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El auge convive con un crecimiento de la minería ilegal. La brecha entre oro producido y oro exportado supera las 100 toneladas, con un valor estimado de USD 15.000 millones, mientras continúan las emergencias declaradas en regiones de frontera y aumentan los episodios de violencia vinculados a organizaciones criminales y corrupción policial.

Otro punto crítico es el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo vence en diciembre. El OCM sostiene que cualquier decisión sobre este régimen tendrá impacto directo en la estabilidad social de las regiones mineras, en un contexto donde el 71,6% del empleo formal corresponde a trabajadores tercerizados y donde la recaudación tributaria, aunque creciente, no recupera los niveles previos a 2011.

El informe concluye que la combinación de expansión territorial, desregulación y falta de diálogo efectivo con los territorios mineros puede derivar en un ciclo de tensión social entre 2026 y 2031, con efectos sobre la gobernabilidad y la operación de los proyectos de gran escala.

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