Buenos Aires reclama ser parte de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, y aún las provicinas petroleras no han expresado claramente su postura sobre este pedido, que va en contra del espíritu de esa institución.

En los últimos días los comodorenses y los chubutenses en general recibimos la noticia de que tras una decisión de corte netamente político, la tradicional Administración de la Cuenca del Golfo San Jorge de YPF con sede en Comodoro Rivadavia, era reducida a una Administración Chubut que dependerá de la Gerencia Regional Sur funcionando a partir de ahora en Las Heras (Santa Cruz).

No hubo reacción del gobierno local ni del provincial para defender los legítimos e históricos derechos de la ciudad y la provincia, a pesar del indudable impacto negativo que la medida ocasionará. Se intentó negar la importancia de la medida por parte de funcionarios de los niveles municipal y provincial. Y las voces de la sociedad civil que sí reclamaron, fueron desatendidas e incluso descalificadas. El resultado está a la vista, nada se modificó hasta el momento. Nuevamente primaron en las decisiones de la empresa petrolera razones de carácter político que postergan a Comodoro Rivadavia.

Con este antecedente en mente, quisiera anticipar opinión sobre otra temática también vinculada al petróleo y sobre la cual tampoco se han escuchado voces de los distintos niveles de gobierno, preanunciando que quizás otra vez los alineamientos políticos limiten las opiniones críticas a determinadas decisiones que se tomen fuera del territorio provincial y en perjuicio de los intereses chubutenses.

Me refiero a la idea que impulsa el Gobernador de Buenos Aires de incorporar a esa provincia a la ORGANIZACIÓN FEDERAL de ESTADOS PRODUCTORES de HIDROCARBUROS (OFEPHI), una pretensión que no debiera haber pasado desapercibida y demanda que Chubut fije una posición firme y decidida.

No obstante ser un tema sobre el cual no habría definiciones inminentes, debemos tomar nota porque demasiadas veces la importancia estratégica de algunas determinaciones se aprecian tarde. El progresivo alejamiento de factores de decisión sobre el tema es una falencia que debemos asumir como sociedad que no reclama a sus representantes en el gobierno definiciones y compromisos serios. Las razones de esta pasividad social escapan a este artículo de opinión, pero siempre será oportuno analizarlas. Para revertir la pérdida de ese peso específico es necesario dejar de lado la pretensión de inmediatez para ejercer la función política y permitir en cambio la información, el análisis, el debate y finalmente la construcción de consensos en los grandes temas. Lo que vale es la claridad de objetivos, constancia y trabajo.

Yendo al punto objeto de esta columna, vale revisar el alcance e historia de la OFEPHI, cuando en 1986 las provincias definen en su Estatuto de constitución en su artículo primero, que la Organización es integrada por las provincias en cuyos territorios se exploran o explotan yacimientos de hidrocarburos líquidos o gaseosos y tendrá por objeto coordinar el ejercicio de los intereses comunes de dichas provincias, mientras que en el segundo artículo establece que la OFEPHI tendrá la personería jurídica para ejercer la coordinación de los intereses comunes en los términos del art. 125 de la Constitución Nacional. Esto es la facultad para celebrar tratados para el desarrollo económico. Por el art. 124 se estableció como es sabido, que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

La intención fue expuesta por el Gobernador Kicillof, al momento de la Apertura de Sesiones de la Legislatura bonaerense en Marzo 2020 aduciendo que en su territorio se destila el 80 % del combustible nacional, con lo cual la convertiría en una provincia petrolera. Sin embargo desde las provincias petroleras no se han escuchado aun definiciones claras respecto a esta pretensión que va en contra de la normativa y del lógico sentido. Sí llama la atención y considero indicativo de una línea de pensamiento que debe ocuparnos por los eventuales efectos, la afirmación del Gobernador de La Pampa que ha manifestado que vería con buenos ojos la participación de Buenos Aires como miembro adherente.

Al respecto el propio Estatuto de la OFEPHI nos vuelve a brindar luz sobre la inviabilidad de esa apreciación, cuando en su Artículo tercero define que la entidad agrupará como miembros plenos a las provincias en las que se exploten comercialmente hidrocarburos líquidos o gaseosos y como miembros adherentes a las provincias en cuyos territorios se efectúen perforaciones exploratorias para identificar reservas. El claro objeto es el de abrir progresivamente el lugar a provincias que se inicien en la actividad en la medida que los recursos naturales subterráneos se encuentren en su territorio. Nada dice de la posibilidad de otorgar carácter de adherentes a provincias donde se efectúe industrialización de productos, como es el pretendido fundamento que el Gobernador de Buenos Aires utiliza para bregar por su inclusión en la Organización de Provincias Productoras. Por otra parte no podemos dejar de lado que históricamente desde esa provincia se ha minado en cuanta oportunidad fue posible, la posibilidad de industrialización de los hidrocarburos en nuestra provincia, obviamente porque las destilerías están en su mayoría en su territorio.

Buenos Aires como cualquier otra provincia en la medida que tenga confirmación de sus exploraciones podría ser miembro adherente y luego eventualmente, si entran en producción sus recursos llegaría a ser miembro pleno, pero no por la condición de provincia industrializadora de hidrocarburos. Ese criterio va en contra del espíritu e historia de la OFEPHI.

Por lo tanto resulta necesario el posicionamiento de los sectores empresariales, sindicales y políticos requiriendo al gobierno provincial un posicionamiento indubitable sobre este tema, que su vez debería motorizar un pronunciamiento de los demás estados federales integrantes de la OFEPHI, antes que por presiones externas a su ámbito se pretenda violentar su Estatuto. En esta materia no debería haber seguidismo de la dirigencia respecto a decisiones ajenas a los intereses chubutenses en general y comodorenses en particular.

Fuente: ADN Sur.