El secretario de Energía quiere mostrar obras para amortiguar el costo político del ajuste de tarifas que se viene. Deudas por inversiones.

Mientras aguarda la formalización del decreto que pondrá en marcha la nueva versión el Plan Gas, el secretario de Energía, Darío Martínez, tiene en las gateras la implementación de una suerte de “plan canje” que apunta a cambiar el pago de deudas a Edesur y Edesur por la realización de obras prioritarias en los barrios del conurbano bonnaerense donde las redes de distribución se encuentran en estado crítico.

El nuevo programa, denominado “Plan Integral de Consolidación Eléctrica del AMBA”, saldría a la luz en los próximos días con un desembolso inicial de 4.100 millones de pesos proveniente de las arcas nacionales. A esa suma se agregarán otros 15.000 millones de pesos que figuran para los dos próximos años en las planillas de inversiones del Presupuesto 2021, que está a un paso ser aprobado por el Senado.

Los fondos que pondrá la Nación corresponden a las deudas que ha acumulado en los últimos nueve años el gobierno de la provincia de Buenos Aires con las distribuidoras metropolitanas por los consumos de los barrios y asentamientos precarios que estaban a su cargo. De los montos totales que están en juego, alrededor del 75% corresponde a deudas con Edesur, cuyo dueño mayoritario es el grupo italiano Enel; mientras que el 25% restante son obligaciones de pago pendientes con Edenor, la distribuidora eléctrica del grupo Pampa Energía, que controla Marcelo Mindlin.

Según el esquema que armaron los técnicos de Energía, las distribuidoras deberán destinar esos ingresos a una cuenta fiduciaria con la cual afrontarán la concreción de un paquete de obras y reparaciones prioritarias en las zonas más afectadas por los cortes de suministro.

Si bien las obras serán licitadas y ejecutadas por los contratistas de las distribuidoras, el seguimiento y el control de los pagos quedará bajo la responsabilidad del ENRE y de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que ahora comanda Federico Basualdo, el exinterventor del ente regulador.

Las bases del Plan de Consolidación Eléctrica del AMBA que ahora implementará la gestión de Martínez habían sido diseñadas a mediados de año por el entonces titular de Energía, Sergio Lanziani, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En ese momento, se armó el esquema embrionario de canje de acreencias por obras para contener la fuerte ofensiva que habían lanzado los intendentes de la zona sur y la administración de Axel Kicillof contra Edesur por los cortes y las reiteradas fallas de suministro que se venían registrando en el GBA.

Ahora, la intención de Martínez es poner a rodar el nuevo plan eléctrico en un plazo de 30 días para que los usuarios puedan ver el inicio de los trabajos en las calles y veredas antes de fin de año.

Los funcionarios de Energía creen que, de esa manera, podrán amortiguar en parte el costo político que deberán afrontar cuando se anuncie el ajuste en las tarifas eléctricas, que entraría a regir a partir de enero con aumentos diferenciados según el poder adquisitivo de los clientes residenciales.

SALVAVIDAS MASIVO. Aunque es una cuestión a resolver el próximo año, la regularización de las millonarias deudas que acumulan las distribuidoras y cooperativas eléctricas con Cammesa ya ha comenzado a ser motivo de llamados y consultas a tres de los cuatro subsecretarios que integran el gabinete de Martínez, designado oficialmente en la última semana: Basualdo (Energía Eléctrica), Santiago Yanotti (Coordinación Institucional) y Javier Papa (Planeamiento Energético).

Tanto las distribuidoras privadas (Edenor, Edesur y las bonaereneses Edelap, Eden, Edes y Edea, entre otras), como las empresas provinciales de energía quieren saber de antemano cómo va a funcionar el “amplio salvavidas” que contempla el Presupuesto del próximo año para las facturas adeudadas a Cammesa.

El esquema impulsado por Martínez y el ministro de Economía, Martín Guzmán, consiste en el “reconocimiento de un crédito” de hasta cinco veces la factura media mensual o el equivalente al 66% de la deuda existente de cada distribuidora. Por esta vía, el Gobierno les perdonará a las eléctricas la mayor parte de las deudas y lo que queda de remanente deberán abonarlo con un plan de pagos de hasta 60 cuotas mensuales, con seis meses de gracia y un descuento del 50% en la tasa de interés del mercado.

En tanto, para que no resulten discriminadas, las distribuidoras que están al día con los pagos o que tengan “deudas razonables” con Cammesa también recibirán un crédito equivalente a cinco meses de facturación que podrán usar para cancelar sus próximas compras de energía.

La deuda actual que mantienen las distribuidoras por la energía que reciben del sistema roza la marca récord de casi 125.000 millones de pesos. Con el esquema de regularización en danza, el Estado va camino a absorber un cúmulo de deudas que no bajará de los 82.000 millones de pesos.

Sr. Privatizaciones. Roberto Dromi.

LA SOMBRA DE DROMI. Experto en Derecho Administrativo y con un olfato político único, el exministro menemista e impulsor de las privatizaciones de los 90 Roberto Dromi salió al ruedo con una propuesta orientada a llevar a la práctica el “borrón y cuenta nueva” que prevé el Presupuesto 2021 para resolver los problemas contractuales y las deudas que afrontan las empresas eléctricas.

En un reciente trabajo editado por el Centro de Estudios Políticos y Administrativos (CEPA) y el Observatorio de Gestión Pública, Dromi planteó que “es fácticamente imposible para las concesionarias eléctricas cumplir las obligaciones contractuales en marco de una emergencia precaria y sin parámetros de estabilidad jurídica que contengan la crisis económica y sus adicionales como la inflación, las restricciones crediticias, los límites a la importación y el achicamiento de los mercados”.

Según el exministro, “la declaración de emergencia económica y social trajo graves perturbaciones en la equidad contractual por la imposición de congelamientos tarifarios, prohibiciones de cortes y obligaciones especiales de provisión de servicio a barrios populares. Esa situación se agrava aún más cuando se acopla la emergencia sanitaria por la pandemia global del Covid-19 que lleva a las empresas a tener que brindar el servicio con graves restricciones operativas”.

Ante ese panorama, la salida que propone Dromi es una “compensación tarifaria por convergencia de equivalencias” que le permita a Estado resarcir a las distribuidoras con la entrega de bonos energéticos de uno a ocho años de plazo que servirán como medio de pago para cancelar las compras de energía a la Cammesa.

Fuente: Letrap.