En este contexto Argentina no ha determinado su política fiscal plasmada en el presupuesto del 2020 y se están comprometiendo recursos para los siguientes sin ser cuantificados y debidamente estimados. Al respecto, el Plan Gas 4, recientemente presentado a la prensa por el gobierno, es uno de los ejemplos. A esto se suman los efectos del congelamiento sobre las tarifas de energía eléctrica que llegaron para quedarse y generan transferencias crecientes del Tesoro Nacional. Estos ya superan los u$s2.400 millones a julio de 2020.

La nueva versión del Plan Gas es la continuación de una tradición en Argentina. En este caso, la licitación por 4 años y el precio máximo de u$s3,40/MMbtu valuado a valor presente son las principales novedades. Esto puede presentar algunos problemas importantes en su implementación:

El precio que recibirá la oferta no es más que un precio con sendero creciente. Algo muy peligroso en un país con moneda inestable, alta inflación y tarifas congeladas con vistas a continuar de la misma manera.

La brecha entre el precio creciente que recibe la oferta y lo que paga la demanda lo cubrirá el Estado. Estos subsidios no han sido estimados ni mucho menos incluidos en la discusión sobre el Presupuesto Nacional. Sin embargo se plantea la creación de un Fondo Fiduciario para garantizar los pagos.

Subastas por un periodo tan largo de tiempo pueden perpetuar errores que serán difíciles de corregir. En este sentido, existe un error de diseño evidente y evitable.

Estos aspectos deben corregirse con subastas más cortas y diferenciadas por la estacionalidad del consumo mientras que la elaboración de un plan sobre la producción debe tener una adecuada cuantificación de costos y riesgos para el Estado, las empresas y los consumidores. Como plantea el IAE Mosconi en su comunicado sobre el Plan Gas 4, lo anterior implica que se discuta en el parlamento la afectación de recursos públicos en el marco del Presupuesto Nacional.

La experiencia indica que el sector energético transitó por un esquema similar, particularmente entre 2011 y 2015, y que se puede transformar en un problema macroeconómico en poco tiempo y de orden microeconómico quizás en un menor lapso debido a la distorsión inmediata de los mercados y en la política tarifaria.

Entre 2013 y 2019 los subsidios a la producción de gas natural superaron los u$s10.000 millones. Hubo modificación, ampliación, recorte y redefinición de los esquemas propuestos en diversas oportunidades debido a tensiones políticas, incumplimientos y a una restricción fiscal que ya era manifiesta cuando se implementó el primer plan gas. Esto ha llevado a las empresas a hacer reclamos judiciales y al Estado a tener que resolver, sin tener recursos suficientes, la aplicación de los subsidios a la totalidad del sector energético.

Por último, el Fondo Fiduciario que se implementaría para garantizar los pagos de los subsidios y la tasa de descuento aplicada para el cálculo del precio a valor presente (10% anual en dólares) revelan el nivel de riesgo al que se enfrenta el sector y la desconfianza en la sostenibilidad del esquema propuesto.

La Secretaría de Energía debe tener en cuenta estos aspectos y hacer un balance pormenorizado sobre la manera de repartir los riesgos asociados a la actividad para implementar un adecuado plan de promoción a la producción que debe buscar como resultado justamente lo contrario a lo que se propone: bajar precios, incrementar producción y reducir subsidios.

(*) Economista, especialista en energía. Director del Departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía «General Mosconi».

Fuente: ámbito.com