Según declaró el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, la minería concentra nueve proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que representa casi la mitad de las iniciativas admitidas y el 25% de la inversión comprometida.
La afirmación expone el peso que el Gobierno asigna al sector en la competencia global por capitales destinados a cobre, litio y minerales estratégicos, en un momento en que las compañías internacionales ajustan sus decisiones de inversión a horizontes de largo plazo.
El régimen incorpora un elemento que no existía en la arquitectura regulatoria argentina: estabilidad normativa por 30 años. Los proyectos adheridos quedan protegidos frente a la creación de nuevos tributos o incrementos en la carga impositiva vigente, un componente central para emprendimientos que requieren desembolsos de miles de millones de dólares y cuyos retornos se extienden por décadas. La previsibilidad fiscal se convierte así en un punto de negociación directa con las casas matrices de las compañías que evalúan inversiones en el país.
El esquema establece una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, junto con una tasa del 7% para los dividendos distribuidos, que puede descender al 3,5% después de siete años de permanencia en el régimen. Para las empresas que operan en múltiples jurisdicciones, la comparación entre marcos fiscales es determinante en la asignación de capital. El RIGI busca ubicar a la Argentina en un rango competitivo frente a países que disputan los mismos proyectos, en particular Chile y Perú.
.
Durante la etapa de construcción, el régimen habilita el uso de certificados de crédito fiscal de IVA para cancelar obligaciones con proveedores o en operaciones de importación. La medida apunta a reducir la presión financiera en la fase de mayor inversión, cuando los proyectos aún no generan ingresos y dependen de flujos de capital intensivos. En paralelo, el RIGI establece un esquema de libre disponibilidad progresiva de divisas: 20% desde el segundo año, 40% desde el tercero y 100% desde el cuarto. Para proyectos estratégicos con exportaciones superiores a USD 2.000 millones, los plazos se reducen en un año.
El régimen incorpora además la posibilidad de llevar la contabilidad y presentar estados financieros directamente en dólares bajo normas IFRS, lo que facilita el reporte corporativo y reduce riesgos contables. A esto se suma la modificación de la Comisión Nacional de Valores, que simplificó el doble listado de acciones para compañías extranjeras y eliminó la obligación de registrar una sucursal local para operar en el mercado de capitales argentino. El objetivo es reducir costos administrativos y acelerar los tiempos de entrada para grupos internacionales.
.
En este marco, San Juan aparece como una de las provincias con mayor capacidad para capitalizar el régimen. La provincia concentra proyectos de cobre de escala mundial en distintas etapas de avance —Los Azules, Altar, El Pachón, Hualilán y Josémaría— y cuenta con institucionalidad minera estable y cercanía logística con Chile. Para estos proyectos, el RIGI opera como un componente que puede modificar la ecuación de financiamiento y acelerar los procesos hacia decisiones finales de inversión.
La estrategia oficial busca posicionar a la minería como uno de los principales generadores de divisas de la próxima década, en un escenario internacional marcado por la demanda creciente de minerales estratégicos para la transición energética. El avance del RIGI en minería instala un nuevo marco de referencia para las decisiones de inversión y redefine la relación entre el Estado y las compañías que evalúan proyectos de gran escala. La capacidad de convertir este régimen en proyectos concretos dependerá de la articulación entre Nación, provincias y empresas, en un sector que opera con horizontes largos y exige coordinación institucional sostenida.
