La crisis inédita que causó la pandemia en el sector petrolero y gasífero -con la caída no solo en los precios, sino también con el desplome en el consumo- acentuó los problemas que acarreaba la industria local en los últimos años y que tienen que ver con la eficiencia en la producción. “La industria no mira con lupa la estructura de costos con determinado nivel de precios, pero con los valores que tenemos hoy, de alrededor de US$42 el barril, los números no cierran para el petróleo”, indicó un dirigente del sector. El conflicto se hace extensivo al gas, en un mercado en el cual el precio de importación está en valores históricamente bajos.

Previo a que el coronavirus llegara a la Argentina, en el verano pasado, las empresas de servicios petroleros -las que se ocupan de perforar, fracturar, mantener y estimular los pozos y las que tienen las grandes dotaciones de empleados en los yacimientos- advertían que tenían una plantilla de trabajadores sobredimensionada para el nivel de actividad que tenía la industria.

Había ocurrido que la producción que se esperaba para 2019 no llegó a los niveles proyectados, luego de que la administración anterior congelara y pesificara el precio del barril de petróleo y fijara las tarifas de gas y de electricidad. Las bruscas devaluaciones y la llegada del nuevo gobierno, que prorrogó el congelamiento tarifario, confirmaron la decisión de las empresas operadoras de ralentizar las inversiones.

El surgimiento del Covid-19, en marzo, directamente frenó todo tipo de actividad. Para este año se proyecta que las inversiones de la industria totalicen US$2660 millones, según la consultora G&G. De esta forma, serían muchísimo menores a los US$7000 millones anuales de inversión promedio en los últimos cuatro años y a los US$10.000 millones que se esperaba alcanzar.

Esta menor inversión, que significa menor actividad, impactará en la producción futura de gas y petróleo, que se sostiene a través de la inyección permanente de capital para compensar la declinación productiva de los pozos. Aquí radica la principal preocupación de los gobernadores, quienes ven que, aun con los protocolos ya establecidos para volver a operar, las productoras todavía no reactivan los equipos, ni siquiera la estatal YPF.

La situación se hace más preocupante en Neuquén, donde está el corazón de Vaca Muerta, ya que la producción no convencional -la cual fractura la roca y realiza pozos en forma de “L”- necesita mayores precios para desarrollarse, porque sus costos son más altos.

“Está habiendo falta de actividad, especialmente en la cuenca neuquina. Las operadoras no están haciendo las inversiones porque no está el nivel de precios necesarios para operar en shale[no convencional]. Por otro lado, hay que redimensionar las compañías al nivel de actividad que habrá”, indicó otro ejecutivo del sector, en off the record.

Si bien en los últimos meses las empresas se volcaron a la exportación del crudo liviano de Vaca Muerta, los precios de US$38 en promedio que recibieron por barril ayudaron a generar caja, pero no alcanzan para invertir en nuevos pozos petroleros. Y a pesar de que el Gobierno estableció un barril criollo en US$45 para fomentar la inversión, lo cierto es que no funcionó la medida porque la demanda local minorista (estaciones de servicio) todavía se encuentra 27,7% por debajo de los niveles de venta de febrero, según la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos (Cecha). Además, las refinerías señalan que no pueden adquirir el barril a ese costo con los precios actuales de naftas y gasoil.

Por lo tanto, como no se espera que el precio internacional repunte en el corto plazo -y es una incógnita saber qué ocurrirá con el barril criollo tras el cambio de secretario de Energía-, la industria comenzó a enfocarse en reducir costos para volverse más eficiente.

“Para que cierre la actividad no convencional con estos precios, hay que modificar una serie de esquemas de trabajo, de ineficiencias que se vienen arrastrando hace tiempo y que un precio mayor las tapaba, pero cuando se está más justo con los márgenes, hay que hacer una sintonía más fina en los costos. No hay precio por el lado de gas ni del petróleo; nadie quiere dejar de trabajar, pero hay que hacer un ajuste”, graficó un analista conocedor del sector.

Esa es la discusión que hoy tienen las cámaras empresariales con los gremios, que piden que se les pague el 16,2% restante del incremento acordado a principios de este año por la recomposición salarial de 2019. Las empresas, por su parte, señalan que su facturación se desplomó este año y que es necesario un nuevo convenio colectivo de trabajo, acorde al nuevo contexto internacional de precios bajos. La primera en impulsar esta reforma es YPF, que tiene la mayor participación del mercado.

“Ya el año pasado se hablaba de que las compañías tenían dotaciones de empleados ridículas para el nivel de actividad que tenía el país. Hoy es peor, y no se puede suspender ni echar a los trabajadores. Hay que hablar sinceramente, analizar cuál es el nivel de actividad que se prevé en los próximos años y adecuar las dotaciones para esas actividades”, concluyó otro directivo. (La Nación)

Fuente: Opi Santa Cruz.