La obra de infraestructura es imprescindible para resolver el déficit en la balanza comercial de los combustibles que limita las posibilidades de desarrollo soberano.

Resolver el déficit en la balanza comercial energética supone una urgencia para la Argentina y limita sus posibilidades de desarrollo soberano. La posibilidad de superar este límite estructural que nos brinda hoy la explotación del gas no convencional de Vaca Muerta y su transporte por medio del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner se vincula directamente con la decisión de Cristina Fernández de Kirchner en 2012 que impulsó la Ley N°26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, donde se fijó como prioridad nacional alcanzar el autoabastecimiento energético.

En esa dirección se avanzó estratégicamente al recuperar la mayoría accionaria de YPF, cuya gestión estatal desplegó inversiones para, entre otras cosas, asumir el costo de la curva de aprendizaje de la técnica de explotación no convencional en Vaca Muerta. De este modo, se logró desarrollar la productividad de uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más importantes a nivel mundial.

A la par, para fomentar las inversiones y revertir el declino en la producción hidrocarburífera, la gestión de CFK impulsó diversas estrategias: la implementación en 2013 del Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural (Plan Gas) resultó particularmente exitoso en este sentido. También la fijación de un precio sostén (barril criollo) en el marco de la abrupta caída del precio del crudo y las naftas a nivel internacional (2013-2014) permitió preservar la producción e inversión local.

Esta fue la verdadera “pesada herencia” que recibió el gobierno de Cambiemos: un plan de desarrollo consistente para avanzar en la recuperación de la soberanía energética. Sólo faltaba garantizar, en el mediano plazo, la ampliación de la capacidad de transporte para poder acompañar la expansión de la producción de Vaca Muerta. Una política sectorial consistente hubiera avanzado en ese sentido. Sin embargo, la gestión macrista frenó el proyecto de gasoducto esgrimiendo falta de financiamiento. Algo que resulta paradójico considerando que obtuvo un préstamo extraordinario de casi 45 mil millones de dólares por parte del FMI.

Recién bajo el gobierno del Frente de Todos, no sin tener que sortear fuertes tensiones internas y las presiones del FMI, la Secretaría de Energía entonces referenciada con CFK volvió a impulsar el proyecto del gasoducto, mientras Máximo Kirchner logró que parte de lo recaudado por el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas pueda ser destinado a su financiamiento. Esto fue clave para iniciar la obra, así como la gestión de Energía Argentina S.A. para garantizar su concreción en tiempo récord.

Garantizará el autoabastecimiento interno de hogares, industrias y centrales térmicas, permitirá sustituir importaciones y, a la vez, en una reducción de los costos de generación eléctrica.

Para tomar dimensión de la importancia que tiene para nuestro país la concreción del GPNK resulta imprescindible repasar la historia reciente e identificar las políticas que condujeron a la pérdida del autoabastecimiento energético de nuestro país.

Privatización y falta de inversión
Si bien la pérdida de superávit energético se produjo en 2011, las causas de este problema estructural para la economía argentina se remontan al proceso de privatización y desregulación del sector durante la década del 90. Este modelo de gestión del sector energético, enmarcado en el patrón de valorización financiera, fue el que posibilitó la depredación de los recursos hidrocarburíferos por parte de las empresas trasnacionales, que luego fugaban al exterior sus ganancias.

Por esto, resulta al menos tramposo el discurso de la oposición neoliberal que busca instalar la idea de que la causa de la pérdida del autoabastecimiento energético fue la política de subsidios energéticos del kirchnerismo que fomentaba el “derroche de energía por parte de los usuarios”.

Lejos de esto, la expansión de la demanda energética en la década pasada se explica por el acelerado proceso de crecimiento económico basado en el dinamismo del mercado interno impulsado por los gobiernos kirchneristas. Para acompañar la expansión económica con inclusión social, se impulsaron múltiples políticas de ampliación de la cobertura energética nacional y de expansión de la generación eléctrica, ampliando la potencia instalada en base a nuevas centrales térmicas.

La contracara de este proceso fue la profundización de la dependencia de los combustibles fósiles de la matriz energética local, pero la caída sostenida de la producción hidrocarburífera (provocada por la falta de inversión empresaria) fue lo que terminó provocando la pérdida del autoabastecimiento en 2011 que se tradujo en una necesidad creciente de importaciones energéticas.

Si bien desde 2008 el gobierno nacional buscó a través de diversas políticas de promoción detener el declino de la producción de gas natural, no logró los resultados esperados. El verdadero cambio estructural se inició con la recuperación de YPF en 2012, que permitió, entre otras cosas, desarrollar la explotación no convencional en Vaca Muerta. Esto fue lo que permitió, combinado con una política de incentivo a la inversión consistente como el Plan Gas, detener la caída de la producción de petróleo desde 2012 y de gas natural a partir de 2015.

Una oportunidad estratégica
La puesta en marcha del GPNK marca la finalización del primer tramo del plan de infraestructura de gas natural diseñado por el gobierno nacional, que permitirá un ahorro de aproximadamente 4.300 millones de dólares por sustitución de importaciones. Falta avanzar en la obtención del financiamiento del segundo tramo hasta San Jerónimo, Santa Fe -que supondrá un ahorro de importaciones adicional de 1.200 millones más al año) y concretar la reversión del Gasoducto Norte para sustituir el gas natural importado desde Bolivia, obra que financiará principalmente la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina).

Este plan de infraestructura de gas natural garantizará el autoabastecimiento interno de hogares, industrias y centrales térmicas, permitirá sustituir importaciones redundando en un importante ahorro de divisas y, a la vez, en una reducción de los costos de generación eléctrica, con un impacto sustancial en el precio local de la energía.

Esto no sólo reducirá los subsidios energéticos y, por ende, el gasto fiscal, sino que fundamentalmente mejorará la competitividad de nuestro aparato productivo. El contrato firmado recientemente entre ENARSA y CAMMESA tiene ese sentido: utilizar el transporte disponible para abastecer la generación de energía eléctrica con gas producido en Vaca Muerta, garantizando un ahorro para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de 3.500 millones de dólares en los primeros tres años. Este modelo gestión apunta a direccionar los beneficios de los recursos de la cuenca neuquina y de estas obras de infraestructura hacia una mejora de las condiciones de desarrollo para la economía argentina.

Lo que está en juego
Todos los proyectos de infraestructura energéticos programados a futuro requieren una decisión estratégica de gobierno para garantizar las inversiones necesarias para ejecutar las obras. A mediano plazo, uno de los principales desafíos es diseñar una plataforma exportadora de gas natural licuado (GNL) que permita colocar los excedentes de gas natural que no se consuman a nivel local, aprovechando la ampliación de la capacidad de transporte. En la actualidad, el proyecto más importante es el desarrollado por YPF-PETRONAS, que requerirá de una inversión sin precedentes para la Argentina en los próximos 15 años. Esto sólo será posible si existe una definición política de largo plazo que priorice el desarrollo de la soberanía y seguridad energética de nuestro país.

El futuro se juega en el presente escenario electoral. Los proyectos de país contrapuestos se expresan también en torno a qué hacer con los recursos energéticos. La visión nacional y popular, encabezada por el kircherismo, prioriza el autoabastecimiento energético para mejorar la competitividad del mercado interno y, de forma complementaria, propone destinar los excedentes a incrementar las exportaciones, amplificando la escala de producción (reduciendo costos internos) y, a la vez, ingresando divisas para aliviar la restricción externa.

En contraposición, la oposición neoliberal poco dice sobre su programa de infraestructura energética. Sólo propone aumentar tarifas y quitar subsidios como forma de liberar recursos fiscales para pagarle al FMI en el marco de su plan de ajuste económico y social. El resultado de esta contienda marcará el destino de nuestro país en los próximos cincuenta años.

Fuente: Letra P