El sector petrolero está en una profunda crisis, pero además hay una pelea política por el control. Mendoza se queja y la principal petrolera suma más políticos y menos técnicos.

No hay donde guardar el petróleo de Mendoza. No se trata de un nuevo boom, sino de todo lo contrario: la falta de consumo genera una sobre oferta, pues no se consumen combustibles y la capacidad de almacenamiento está al límite. Es solo un dato de la crisis que vive la industria petrolera, que ya arrastraba problemas estructurales que complican a las provincias que tienen en esa actividad una pata importante de su economía. Neuquén vive una situación desesperante y en Mendoza crece la preocupación.

Pero en medio de esas tensiones, la provincia vive también una especie de guerra política por el petróleo. El gobierno local tomó la bandera del control de los precios de ese recurso como un bastión de lucha, en base a algunos datos reales de la economía, pero con un profundo trasfondo político.

El precio del petróleo ha hecho caer los ingresos por regalías a la mitad. A Mendoza le pagan regalías por un petróleo en decadencia, pero en la provincia se consumen combustibles a un precio de épocas de oro. Esa ecuación puede generar bronca en cualquier consumidor, pero quien alzó la voz fue quien tiene a cargo la política petrolera de Mendoza, el ministro Enrique Vaquié, quien reclama que la Nación baje los combustibles o ponga un precio mínimo del crudo más alto.

La reacción tiene algo de sobreactuación, pues el mismo reclamo hacía el propio Vaquié antes del 2015, pero luego, ya como oficialismo nacional y provincial, bajó el perfil.

Esa discusión saca a la luz la pelea de fondo por el control político. YPF es el ícono de la industria y el reenfoque que el gobierno nacional tiene de esa empresa genera más discordia. La vuelta al manejo político de la principal petrolera ha enojado a más de un gobernador. La presencia en el directorio de algunos representantes provinciales siempre fue testimonial, pues ninguno tiene poder de decisión real. Pero ahora se potencia aún más.

Jaque, el hacedor

Uno símbolo de ello es el nombramiento de Celso Jaque en el cuerpo de conducción de esa petrolera. Fue un puñal para Mendoza. Es que Jaque fue el gobernador que generó una de las acciones más nocivas para la industria petrolera y que la propia YPF sufrió. Cuando era gobernador adjudicó el primer lote de áreas petroleras a cargo de la provincia. Pero lo hizo con varias irregularidades. Primero, adjudicó más concesiones a un grupo empresario de lo que las leyes permitían. Pero además lo hizo a empresas que no tenían ningún antecedente sólido. Detrás se generó un enorme negocio “inmobiliario” con las áreas petroleras.

Las empresas Ketsal-Kilwer, conducidas por José Luis Manzano, fueron las beneficiadas y tras no invertir lo prometido “vendieron” sus derechos a un consorcio donde YPF era el único con reales posibilidades de hacer algo. El problema es que muchos de esos activos terminaron siendo nocivos para la petrolera que luego se estatizaría. Tanto, que el Estado de Mendoza sancionó a YPF por falta de cumplimiento y aún hoy no se termina de desanudar la compleja madeja que se generó. Pues quien inició el enredo, ahora tiene un cargo jerárquico en la empresa.

Los ingresos por regalías son cerca del 6% del Presupuesto provincial, pero esa industria aporta al fisco por otras vías (como impuestos al consumo y patrimoniales) y sobre todo a través del movimiento de la economía. Ahora todo está en pausa y con incertidumbre. Una situación que ni siquiera el fin de la pandemia puede aclarar.

Antes del cambio de escenario global, la situación ya era crítica porque las condiciones impuestas por el gobierno anterior no habían cambiado y la mentada ley «Nielsen» para promover la industria no avanzó. YPF y El Trébol eran las dos empresas que tenían proyectos de inversión para este año en Mendoza, en explotación convencional y no convencional. Esos proyectos están en duda ahora.

Fuente: MDZ