Reunidas por el Instituto Mosconi, consultoras y empresas abordaron los problemas y riesgos que jaquean a petroleras, gasíferas y eléctricas.

En medio de las subas mundiales del petróleo y gas que meten presión sobre los combustibles locales y los cuestionamientos que jaquean el tratamiento del nuevo régimen de inversiones hidrocarburíferas, cinco especialistas convocados por Instituto General Mosconi analizaron los desafíos y urgencias que deberá afrontar el sector energético inmediatamente después de las elecciones nacionales del 14 de noviembre.

“La Argentina enfrenta la crisis más grande de la historia con diez años de estancamiento acumulado y el interrogante actual de si vamos a volver a crecer”, destacó el director de la consultora G&G Energy, Daniel Gerold.

“El consumidor residencial está pagando ahora sólo el 25% del costo mayorista de la electricidad y los subsidios previstos para Cammesa van llegar a fin de año a 6.000 millones de dólares. Resulta impensable creer que esta situación va a poder mantenerse sin cambios tarifarios durante el próximo año”, alertó el consultor.

Agregó que “hacer una nueva ley hidrocarburífera como la enviada al Congreso no representa una solución, en tanto y en cuanto no se cumplen las normas vigentes. La inversión petrolera depende de los ingresos que obtienen las empresas por ventas de combustibles. Si estos no se ajustan y siguen de algún modo los precios internacionales, se caen las inversiones y el ingreso de dólares”.

Con respecto a la potencialidad de Vaca Muerta, Gerold sostuvo: “Tenemos certezas de que se pueden desarrollar los recursos no convencionales, pero a precios más altos que los actuales. Hoy vemos que faltan capitales para poder desarrollar el petróleo y gas no convencionales”.

En cuanto a la provisión de GNL (gas natural licuado), estimó que el Gobierno va camino a tener un serio problema económico porque los precios futuros de ese combustible ya se ubican en 18 US$ por MMBTU, diez dólares más que lo pagado durante el invierno. Una forma de atemperar ese impacto en las cuentas fiscales sería definir y salir a contratar con antelación la provisión de GNL para los próximos dos años”.

Por su parte, el exvicepresidente de YPF Adolfo Sánchez Zinny consideró que, si no se corrigen los factores que afectan el desarrollo petrolero, no podrá haber mejoras en la producción. Según su visión, la lista de obstáculos que impiden el despegue y el crecimiento del sector hidrocarburífero abarca, entre otras, la siguientes aristas relevantes: la ausencia o deficiencia del Estado en su rol de autoridad de aplicación, convenios colectivos desactualizados, limitaciones para cambiar los regímenes de trabajo y una insólita competencia entre los sindicatos provinciales para ver quien consigue los aumentos salariales más altos.

A su turno, el vicedecano de Ingeniería de la UBA, Raúl Bertero, planteó que “no se puede haber una política de hidrocarburos sin tener definida una política energética y social”. “El país debería exportar gas todo el año y no solo en los meses de verano. Para apuntalar esa salida, las autoridades tendrían que fijar como prioridad la sustitución del gasoil que consumen las centrales térmicas y grandes industrias”, sostuvo Bertero.

Detalló que “la demanda insatisfecha se cubre con importaciones que alcanzan actualmente un promedio diario de 40 millones de metros cúbicos. Si bien esa demanda podría ser atendida con mayor producción de Vaca Muerta, aún no hay capacidad de transporte suficiente para llevarlo a los grandes centros de consumo”.

Para remover esa traba, Bertero señaló que la obra inicial que debería llevarse adelante es la primera etapa del nuevo gasoducto Neuquén-Salliquelo con una inversión de 1.000 millones de dólares que dejará un ahorro en la balanza comercial del orden de los 2.000 millones de dólares anuales.

El presidente de la consultora Tecnolatina, Rogelio Baratchart, alertó que “el sector carece de institucionalidad, planificación y profesionalismo en los funcionarios y técnicos que toman decisiones. La regulación de los 90 rige, pero no aplica, y lo que está vigente es discrecional, asimétrico y disfuncional”.

“Parte de la infraestructura eléctrica está obsoleta, prácticamente no hay expansión de las redes de transporte en 500 y 132 kV y la demanda no paga el costo total de la energía generada”, puntualizó Baratchart.

Tras indicar que “las restricciones presupuestarias y las dificultades de financiamiento actuales no se van a resolver en el corto plazo”, el titular de Tecnolatina sostuvo que las autoridades deberían “definir el nivel de integración eléctrica regional y unificar los criterios ambientales para terminar con la anarquía que rige en las provincias donde la expansión del transporte eléctrico se retrasa más de la cuenta y en muchos casos con sobrecostos irrazonables”.

Para el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco, uno de los aspectos que más conspiran contra la modernización del sector eléctrico es la vulnerabilidad contractual y el incumplimiento de las normas vigentes.

En 18 de los últimos 20 años, el sector ha vivido bajo distintos estados de emergencias económicas-sociales y energéticas y, en 17 años de esas dos décadas, el ENRE ha estado intervenido por funcionarios que fueron designados sin contar con el acuerdo del Senado, tal como establece el marco regulatorio eléctrico”, remarcó Blanco.

“El congelamiento tarifario no resuelve los desequilibrios macroeconómicos y solo afecta las cuentas y el funcionamiento de las empresas del sector. Entre 2002 y 2020, el Estado transfirió, bajo el concepto de subsidios tarifarios, 143.000 millones de dólares para auxiliar a Cammesa y atender la compra de combustibles que utilizan las centrales térmicas”, apuntó el timonel de Edesur.

Según Blanco, gane quien gane en noviembre, el país va a requerir que “la política energética se convierta en una política de Estado apoyada por todos los colores partidarios para poder alcanzar la estabilidad macroeconómica que permita atraer y promover las grandes inversiones pendientes”.

Fuente: Letra P