El secretario de Energía, Darío Martínez, prepara la reglamentación para el reordenamiento de deudas que distribuidoras de energía y 40 cooperativas mantienen con el Estado a través de Cammesa, la empresa encargada del despacho eléctrico. Al 30 de septiembre pasado, el monto era de $130.000 millones y en el sector fuentes privadas estiman que se les condonaría un piso de $60.000 millones. El resto, como lo establece el presupuesto, se financiará a cinco años a una tasa equivalente a la mitad de la del Banco Nación.

LA NACION consultó a la Secretaría de Energía, sin obtener comentarios, sobre la marcha de la reglamentación y la fecha en que podrían conocerse los detalles.

La Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (Face) pidió a Martínez la participación del sector en la reglamentación: quieren garantizarse que las entidades que no compran directamente al mercado (unas 410 en el país) sean alcanzadas por el beneficio. «Debemos destacar que todas las cooperativas, tanto aquellas que tienen deudas con el mercado eléctrico mayorista o con el proveedor de su energía, como las que no lo tienen, han sufrido un deterioro económico producto de los ingresos no percibidos», indican en el texto.

Con la firma del presidente de Face, José Álvarez, y su secretario, Guillermo Farabello, plantean que el sector está en crisis «ya sea por el congelamiento tarifario o por los aumentos de morosidad ante la prohibición de cortes de energía y por el aumento de costos que no se pueden controlar». Explican que las entidades tienen déficit financiero que se cubrió con «la utilización de reservas de capital, paralización de obras y postergación de planes de mantenimiento».

El reclamo se suma al de la Asociación de Distribuidores de Energía de la República Argentina (Adeera), que nuclea a 47 empresas, y que advirtieron que el congelamiento tarifario «podría afectar el futuro del servicio». «Este congelamiento se produce en un contexto con una inflación acumulada del 80 %, de la cual el servicio eléctrico no es responsable pero que sí impacta directamente en los aumentos de los costos de la prestación», agrega el comunicado.

La reglamentación pendiente y que preocupa es la del artículo 87 del presupuesto 2021, que establece una suerte de perdón de las deudas de distribuidoras y cooperativas: abre la posibilidad de condonar entre dos y cinco facturas (entre $30.000 y $35.000 millones promedio) y licuar el resto con el plan de pagos a tasa subsidiada. Es Martínez el que decidirá qué empresas y/o entidades son las más beneficiadas.

Desde el 30 de septiembre, que es el corte para el cálculo en el presupuesto hasta hoy, fuentes consultadas por LA NACION estiman que se sumaron unos $35.000 millones más. Referentes del sector cooperativo estiman que de los $130.000 millones computados de deuda, alrededor del 12% corresponde a cooperativas.

El objetivo de los dirigentes cooperativos es que los beneficios que se otorguen al primer escalón (los que compran directamente a Cammesa) también lleguen «aguas abajo», es decir, a las entidades del segundo escalón. «Si a una empresa le toca un beneficio de 100 y la cooperativa le compra el 20% de lo que distribuye, queremos que se nos considere en esa proporción», explican desde Face, y agregan que en el caso de las que no tienen deudas «también deben ser beneficiadas porque hicieron un esfuerzo enorme para cumplir y su proveedor no usó ese dinero para pagar».

Mientras sigue el congelamiento, la situación se complica más. Hay empresas eléctricas que ya analizan subas tarifarias; EPEC de Córdoba anunció 10,8% a partir de este mes. Alejandro Einstoss, economista e integrante del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, plantea que desde 2002 Cammesa canaliza el mayor flujo de subsidios de la economía, mientras «acumula deudas» con generadores y productores de gas, «las distribuidoras que le compran dejan de pagarle».

Repasa que el presupuesto dispone que el Estado Nacional tome a su cargo parte de las deudas que Cammesa mantiene con algunos generadores y por regalías hidroeléctricas, «sin especificar montos, plazos ni identificar partida en el presupuesto» y, además, «implementa una suerte de ‘blanqueo’ del rojo de las distribuidoras eléctricas.

Fuente: La Nación.