Atrás quedaron 2019 y la gestión macrista. En materia de transporte y, más específicamente, de marina mercante e industria naval, la que terminó fue, en síntesis, una etapa poco menos que olvidable. Si bien aquella administración comenzó con amplias expectativas del sector y un arduo trabajo de todos sus actores, alineados en la búsqueda de acuerdos que permitieran reactivar una industria estratégica largamente postergada, la voluntad política terminó siendo definitivamente otra.

Esto se vio plasmado no solo en la alevosa dilación que sufrió el tratamiento de esas dos leyes que considerábamos fundamentales (de Marina Mercante, ley 27.419, e Industria Naval, ley 27.418) sino en la ya directamente flagrante eliminación – mediante un decreto del Ejecutivo, una vez que aquellas habían sido aprobadas – de los artículos que asignaban los recursos necesarios para su puesta en marcha. En esa misma línea hubo de leerse también el resonante conflicto con los trabajadores del Astillero Río Santiago, por citar solo un ejemplo.

Más interesante y útil resulta entonces, ahora, pensar hacia adelante, sobre esa agenda de medidas pendientes que, en forma consensuada, tanto los sectores gremiales como empresariales vienen trabajando desde hace tiempo y reconocen urgentes.

La primera, por supuesto, es la de impulsar una reforma a las mencionadas leyes para incorporar los artículos vetados y las medidas de promoción fiscal, tributaria y previsional que quedaron afuera por el ajuste fiscal impuesto por Macri. Dichas reformas nos permitirían bajar los costos internos, hacernos más competitivos y romper las asimetrías que tenemos con Paraguay y Bolivia. Cabe mencionar que esto no generaría costo fiscal alguno al Estado Nacional puesto que, así inactiva como está, la industria no le aporta nada. En otras palabras: tributa más una industria floreciente con una pequeña carga impositiva, que una industria con una alta carga fiscal pero completamente parada. La implementación del Fondo de Fomento para la Industria Naval Nacional, vetado por el gobierno anterior, y el desarrollo de otras fuentes y herramientas de financiamiento productivo complementarían el estímulo necesario para ponerla en marcha.

Por otro lado, se hace necesaria la implementación de un sistema portuario integral, que contemple la funcionalidad, viabilidad operativa y de conectividad que tiene a futuro el puerto de Buenos Aires, la eventual construcción de un puerto de aguas profundas y el desarrollo del Puerto de La Plata como hub logístico regional metropolitano. Consecuentemente, habrá de analizarse y redefinirse el actual proceso de licitación pública internacional para la construcción y operación de una única terminal portuaria que está llevando a cabo actualmente el Estado Nacional a través de la Administración General de Puertos, al igual que respecto del traspaso del Puerto de Buenos Aires a la Ciudad.

En cuanto a la Hidrovía Paraná-Paraguay, habrá que redefinir el proceso de licitación pública internacional para la «Ampliación, profundización y mantenimiento del canal troncal de navegación» (la actual concesión, a cargo de Emepa-Jan De Nul, vence en 2021), pensando en la integración regional y el desarrollo de nuestras economías locales, así como en la integración logística con la Cuenca del Plata y los proyectos hidroviarios Tieté – Paraná. Un paso en ese sentido sería la conformación del ente regulador integrado por representantes de las provincias ribereñas que, tal como ha trascendido, planea instrumentar el gobierno nacional. Asimismo, es materia pendiente el impulso y desarrollo de la Hidrovía Río Uruguay – Cuenca del Plata.

Sin ser exhaustivos, la lista de prioridades debería incluir además:

– Jerarquización de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, coordinada con las áreas de transporte ferroviario, automotor y de planificación logística.

– Implementación de un Plan Federal de Dragado, con la participación y coordinación público-privada y el apoyo de los gremios del sector.

– Desarrollo de un Plan Logístico Integral y de Transporte Intermodal para Vaca Muerta y los proyectos de energía eólica que se están implementando en la Patagonia, junto con el sector privado nacional.

– Desarrollo de Tecnología Nacional: el sector gremial y empresarial en conjunto están impulsando un proyecto revolucionario en materia de construcción de remolcadores y buques a GNL, que reduce un 40% los costos y disminuye 100% la emisión de gases con efecto invernadero.

– Impulso de un nuevo marco normativo para el desarrollo de las zonas francas y puertos secos.

– Modificación paulatina de nuestra matriz de transporte en favor del ferrocarril y del transporte fluvial, con el objeto de bajar costos internos y ser medioambientalmente sustentables

– Redefinición y desarrollo del Plan Belgrano con una visión logística integral e intermodal para el NOA/NEA que se complemente con el desarrollo de la Hidrovía Paraná-Paraguay y los puertos de Baranqueras, Santa Fe y el Polo Logístico Ferro-portuario de Rosario.

El sector conoce en profundidad la agenda y está dispuesto a trabajar en conjunto con el Estado Nacional para hacer de esta actividad, madre de industrias, uno de los motores del progreso que tanto necesita nuestro país. Una vez más, es cuestión de decisión política.

Fuente: LPO.