Según el ente «no se cuenta con todos los recaudos normados» para llevar adelante el aumento, y dijo que convocará a una nueva audiencia pública. Pero para Consumidores Argentinos la discusión «política y legal» es cómo el subsidio incide en la tarifa.

ENARGAS publicó las resoluciones correspondientes a la tarifa del gas, que la semana pasada fue aprobada por la Secretaría de Energía, que emitió las resoluciones 403 y 405, luego de las audiencias públicas celebradas del 10 al 12 de mayo y que alcanzó a la energía eléctrica.

La suba del gas será entre el 18,5% y 25% según las zonas geográficas, sin embargo  la institución subrayó que en la Resolución 209 «no se cuenta con todos los recaudos normados» para llevar adelante el incremento dispuesto.

Además resaltó que debe realizar un análisis, con los respectivos «pasos procedimentales» para que «la ciudadanía pueda conocer el impacto en los cuadros tarifarios de la adecuación establecida; es decir aquello que habrán de abonar».

Por ello, adelantó que convocará oportunamente a audiencia pública ya que el objetivo será conocer cuánto deberán pagar los usuarios.

En la resolución destacó que este incremento corresponde al acuerdo firmado entre la Argentina y el FMI (que deriva en una quita de subsidios paulatino para bajar el déficit) lo que significó «inmediatez» de la Secretaría de Energía en validar la suba.

Para el referente de Consumidores Argentinos, lo resuelto por ENARGAS en relación a que se realice una nueva audiencia pública no es la discusión que debe darse.

«El precio del gas depende de la cantidad de subsidio que se aporte, y hay que ver si eso, que es una decisión política, forma parte de lo que los consumidores deben pagar», dijo Sergio Procelli, titular de Consumidores Argentinos.

Además explicó que si el precio de la tarifa lo determina el Gobierno -quien aporta más o menos subsidios- entonces «la discusión creo que en realidad debería ser si el aumento se otorga en función del valor real del gas o en función de lo que dicta el FMI». Este punto en particular   -señaló- no sólo es una discusión política, sino «hasta legal» ya que «se necesitaría una ley que determine la cantidad de subsidio que se otorga, porque si ese dinero se le carga al usuario, no correspondería, porque es casi como un impuesto», consideró.

Procelli abundó que el valor real del gas «es el que debe discutirse, y si se sobrevalora, cuánto hay de costo de producción y subsidios, y allí la discusión no sería de tarifas, sino de un impuesto al usuario».

Recordó que el precio del gas se compone  del valor en boca de pozo, que varía según el mercado, del transporte y distribución, que es regulado por ENARGAS. Y esto último «varía si hay subsidios del Estado». «En 2018 se discutió esto, cuando el Estado puso un precio más alto (y hubo incrementos del 3500% que fueron frenados por la Justicia) para que haya mayor rentabilidad y allí fue inversa la discusión», precisó para cerrar.