La relación financiera entre el Estado y las principales productoras de gas volvió a tensarse en un momento de alta demanda energética.
Enarsa mantiene impagas las compensaciones correspondientes al gas entregado entre enero y abril bajo el Plan Gas, una deuda que supera los USD 260 millones y que, según estimaciones del sector, podría ubicarse por encima de los USD 500 millones durante los primeros días de agosto si no se registran desembolsos.
El atraso afecta directamente al mecanismo que sostiene buena parte del abastecimiento del mercado interno. Las empresas entregan el gas, cobran el precio establecido por el programa y el Estado compensa la diferencia entre ese valor y el que finalmente pagan distribuidoras y usuarios.
Sin esos pagos, las productoras advierten que comienzan a resentirse los flujos financieros destinados a nuevas inversiones, especialmente en Vaca Muerta, donde los proyectos requieren previsibilidad de largo plazo.
La situación se desarrolla mientras el Gobierno intenta cumplir las metas fiscales comprometidas con el Fondo Monetario Internacional. Hasta mayo acumuló un superávit primario equivalente al 0,7% del PBI y un superávit financiero del 0,2%, aunque el objetivo anual exige alcanzar un resultado primario del 1,4%.
La caída de la recaudación obliga a administrar con mayor cuidado los recursos disponibles y el diferimiento de pagos aparece como una herramienta para aliviar la caja.
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Ese contexto coincide con un fuerte crecimiento del gasto en subsidios energéticos. De acuerdo con un informe de Analytica, los subsidios aumentaron 71% en junio, impulsados por el encarecimiento internacional del petróleo y del gas y por el congelamiento tarifario aplicado por el Gobierno. La combinación de mayor gasto y menor recaudación tensiona el esquema de compensaciones del Plan Gas.
La preocupación ya fue formalizada por las principales cámaras empresarias del sector. Tanto la CEPH como la CADE enviaron notas a la Secretaría de Energía reclamando una normalización de los pagos y advirtiendo sobre el impacto que generan las demoras.
En esos documentos, las entidades señalaron que los atrasos “impactan severa y negativamente en el flujo de fondos previsto para las inversiones” y remarcaron que la repetición de estos incumplimientos afecta la previsibilidad sobre la que fue diseñado el programa.
Las compañías aseguran que, hasta el momento, no recibieron señales concretas desde el Ministerio de Economía sobre una fecha de cancelación de la deuda.
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La incertidumbre financiera aparece además en medio de una discusión más amplia. El Gobierno pretende modificar el funcionamiento del Plan Gas y reducir el rol de Enarsa como intermediaria entre productores y compradores, promoviendo contratos directos entre las empresas y los grandes consumidores. La intención oficial apunta a disminuir la participación estatal en la comercialización del recurso.
Las productoras observan ese cambio con cautela. El esquema vigente les garantiza contratos de largo plazo, demanda asegurada y precios previamente establecidos, condiciones que consideran fundamentales para planificar inversiones.
Las dificultades registradas durante el invierno reforzaron esas dudas: con un mayor protagonismo de acuerdos privados, numerosas industrias del norte argentino sufrieron cortes de gas no programados y enfrentaron un fuerte incremento en los costos del combustible. Mientras muchas empresas pagaban entre USD 4 y 5/MMBTU, los valores spot llegaron a ubicarse entre USD 23 y 26, una diferencia que llevó a más de 500 fábricas a detener líneas de producción.
El Plan Gas nació a fines de 2020 para incentivar la producción local y reducir la dependencia de las importaciones, considerablemente más costosas. Su funcionamiento combina contratos en dólares para las productoras con compensaciones estatales que permiten mantener tarifas inferiores para los usuarios.
La demora en esos pagos reabre interrogantes sobre la continuidad del esquema y sobre el impacto que puede tener en futuras inversiones energéticas.
