Al año que termina le faltó energía, pero no solo por el efecto de cuarentena y el Covid, sino porque la política energética estuvo ausente de la agenda de gestión del Gobierno de Alberto Fernández.

Sin programa y con un equipo de gestión que nunca llegó a “hacer pie”, el Gobierno arrancó su gestión repitiendo dogmas pasados y del periodo 2003-2015.

– Emergencia económica permanente.

– Congelamiento tarifario.

– Ruptura institucional, con la intervención de entes reguladores y ruptura de los acuerdos alcanzados en el marco de las revisiones tarifarias en 2017 y pendientes desde el año 2004.

Recordemos que estas medidas fueron tomadas antes de la llegada de la pandemia, que terminó de distorsionar el escenario energético del 2020.

Con la mayor parte de la población en cuarentena, la demanda de energía eléctrica de los primeros 10 meses de año cayó 1,6% y la de gas natural 5,6% respecto al 2019. Mientras que la producción total de gas cayó 8,5% y la de petróleo 4,4%, también respecto al año anterior.

Pero si analizamos un poco los números de producción vemos que gran parte de la caída tanto de petróleo y gas natural lo explica el desempeño de la empresa YPF, que produce el 28% del gas y el 47% de petróleo del país.

La variación de la producción acumulada interanual muestra que la producción de gas de YPF cae más de 3 veces respecto a sus competidores y la de petróleo, más de 2 veces. La explicación podría encontrarse en la asfixia financiera que atraviesa la empresa, que la caída en las ventas de combustibles agravó. Quizás esto explica la “operación de salvataje” a la que se hará referencia en los próximos párrafos.

Un balance de gestión

El efecto global de la cuarentena se metió por la ventana con los precios internacionales de la energía (petróleo y gas), tocando pisos históricos. La respuesta interna fue implementar un nuevo “barril criollo”, por el cual en el mercado local se pagó US$ 45 por barril cuando en el mercado mundial el precio rondaba los US$ 20. En cuarentena y sin demanda de combustibles esta medida solo tuvo el objetivo de compensar la caída de la recaudación por regalías de las provincias petroleras y distorsionó el funcionamiento de la industria.

A un año de gestión, queda claro la falta de programa energético y problemas en la conformación de equipos. Dos secretarios de Energía en menos de un año, y casi 120 días de demora en hacer efectivos los nombramientos fueron algunos de los factores que paralizaron la gestión energética gran parte del año.

El Plan Gas 4 (PG4) es el quinto plan de promoción a la producción de gas en 8 años y aparece como la principal iniciativa. El resultado de este plan fue un aumento del 30% del precio del gas en dólares para los usuarios residenciales/comerciales y del 60% en el precio del gas con destino a usinas respecto del precio que se paga actualmente.

En términos de volumen implica que entre 2021-2024 se subsidiará casi el 70% de la producción local de gas natural con el objetivo de mantener los actuales niveles de producción y detener la caída verificada en el marco de la coyuntura de cuarentena.

Al momento de analizar este plan, algunos puntos relacionados con el efecto del nuevo precio del gas en la factura de los usuarios, el costo fiscal de esta medida vía subsidios, la determinación del precio de referencia de la licitación realizada y el abastecimiento del gas del invierno 2021 todavía no encuentran respuestas públicas.

Sin embargo, el PG4 presenta un gran beneficiario: YPF, que logró asegurar por cuatro años la venta del 50% de su producción de gas a un precio 35% superior al precio promedio actual. Quizás estamos en presencia de un mecanismo indirecto de “auxilio” o “plan de salvataje” a la delicada situación financiera de la principal petrolera argentina, que está en línea con el destino de una parte relevante de la recaudación del impuesto a la riqueza o la recomposición del precio de los combustibles líquidos, que aumentaron 25% desde agosto a la fecha.

En relación con el abastecimiento de gas en el invierno, resulta de máxima relevancia la renegociación del contrato de importación de gas con Bolivia, con vencimiento el próximo 31 de diciembre y que aún se encuentra sin definiciones. Esto es un agravante a la incertidumbre que puede presentar la importación del gas natural licuado (por barco) en un contexto de precios internacionales al alza.

Finalmente, el reciente anuncio de la continuidad de la intervención de los entes reguladores (ENARGAS y ENRE), la renegociación de las “renegociaciones tarifarias” (valga la redundancia) y la continuidad del congelamiento de tarifas, pone en evidencia que la actual administración repite paso a paso la receta que, en materia de servicios públicos, se aplicó en el periodo 2003-2015: congelamiento, intervención, ruptura de contratos y discrecionalidad.

Lamentablemente los resultados esperables no serán diferentes: menos inversión, menos producción, más subsidios y más importación de energía.

La política de congelamiento permanente no solo tiene efecto en la producción de energía sino también en las empresas que prestan los servicios de transporte y distribución, que enfrentan ingresos congelados desde el primer trimestre del 2019 y costos creciendo al ritmo de la inflación. Esto ha derivado en una situación donde las empresas presentan resultados de operación negativos y alto endeudamiento con los productores de energía, es decir, el sistema ernergético se encamina a la cesación de pagos.

Además, la nueva ruptura de contratos abre la puerta a contingencias fiscales difíciles de dimensionar.

Otro frente abierto es el de los biocombustibles, que amenazan con la quiebra general de la cadena y a los cuales el Gobierno actualizó precios de manera discrecional sin aplicación de las fórmulas que tenían en cuenta los costos de producción.

No todas son malas

Nuestro país en los últimos años implementó una política de desarrollo de energía renovables en su matriz energética, en línea con los compromisos internacionales en la materia y que permitió que la potencia instalada de generación renovable creciera 8 veces respecto a sus niveles del 2016 y que el nivel de cobertura de la demanda con energía de fuentes renovables alcance el 12,6% en noviembre de 2020, respecto al 2% de 2016.

Esto marca la relevancia de una política pública que debe tener continuidad y que aleja a nuestro país de posturas negacionistas respecto a los efectos del cambio climático.

Otra iniciativa para resaltar son las políticas de estímulo a la producción de hidrocarburos en las provincias de Mendoza y Rio Negro, en base a desgravaciones impositivas (regalías e Ingresos Brutos), que comprometen solo recursos provinciales y presenta alternativas a las reiteradas políticas de precios sostén.

En resumen, el Gobierno enfrenta una coyuntura compleja y desafiante. La restricción fiscal y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional deberían poner límites al pensamiento mágico de un congelamiento eterno, que implica subsidios crecientes y a la postura dominante por la cual la ruptura de la institucionalidad no tiene efectos en la inversión. Sin embargo, la cercanía del calendario electoral 2021 y las últimas medidas anunciadas nos ponen en camino a repetir los costosos errores del pasado reciente.

Fuente: El Economista.