Al próximo gobierno le espera una ardua tarea, cambiar el rol actual del sector energético, hoy una pesada mochila para la economía, para que sea un factor clave en el desarrollo y la generación de divisas.

Deberá reparar entonces las consecuencias de 20 años de kirchnerismo signadas por mala praxis, intervencionismo, corrupción y vaciamiento del sector. Para ello, el futuro gobierno tendrá que conducirlo con mente abierta y atendiendo al contexto internacional de la industria, ámbito donde deberá interactuar en lo sucesivo.

Existen factores exógenos a considerar, como los compromisos emergentes del calentamiento global y un par de hechos disruptivos: la invasión rusa a Ucrania y el reordenamiento geopolítico.

El tema ambiental es una de las asignaturas globales a tener presentes, en particular su capítulo sobre el calentamiento. La sociedad mundial ha asumido que uno de los factores antropogénicos que más influyen en ese incremento térmico es la emisión de CO2 a la atmósfera.

Como el principal subproducto de la combustión de los hidrocarburos –carbón, petróleo y gas– es el CO2, entonces la consigna imperante es reemplazar la energía de origen fósil, que hoy abastece a la humanidad en un 80%, por energías no contaminantes.

Esa decisión, de alcance global, le fija a la demanda de hidrocarburos un horizonte acotado a 40/50 años, que es el límite más aceptado para la transición energética hacia el “net zero”. Se inicia en consecuencia una disputa frenética en la oferta para colocar producción en ese acotado período de tiempo donde el valor de los hidrocarburos decrecerá en proporción directa a la velocidad de incorporación de energías limpias.

El gas natural es el hidrocarburo que más se utilizará durante la transición energética, por emitir en su combustión menos CO2 que los restantes. Tanto es así que la taxonomía ambiental de la Unión Europea lo considera “verde” cuando reemplaza al carbón, que hoy constituye el combustible fósil más utilizado para producir electricidad en China y la India y varios países de Europa.

Si recordamos que nuestro país contiene el segundo recurso shale gas a nivel mundial y que las petroleras que lo están explotando en Vaca Muerta lo están haciendo con una productividad comparable a la del principal productor de shale, los Estados Unidos, resulta obvio hacia dónde debe apuntar la política energética argentina, no solo la del próximo gobierno, sino la de los diez que lo sucedan: hacia una decidida y firme exportación, para que, una vez terminada la transición energética, quede bajo tierra la menor cantidad de gas posible sin valor. Significa un cambio de paradigma.

Es sacudir la modorra de una industria forzada a actuar en el minúsculo mercado doméstico, por políticas anacrónicas basadas en escasez, intervencionismos y falsos nacionalismos.

En estos dias la energía en la Argentina es abundante y el desafío es monetizarla en el corto período de la transición. Va un ejemplo para ilustrar lo dicho. Nuestro país, considerando solo el gas de la cuenca neuquina, puede abastecer su mercado interno y regional por 130 años. Pero en 40 años es muy probable que el gas deje de usarse.

El otro factor externo, muy condicionante del objetivo exportador recién planteado, es la geopolítica, que deberá ser manejada con profesionalidad y pragmatismo por el área de relaciones internacionales del próximo gobierno.

En este aspecto será condición sine qua non que la Argentina se integre al mundo y revierta su condición de país con la economía más cerrada fruto de décadas de populismo xenófobo, no obstante las evidencias de que las naciones más prósperas son aquellas con mayor apertura económica.

Pero previamente será necesario perfilar una nueva identidad geopolítica ante el mundo, históricamente errática y ambigua. Debemos identificarnos sin ambages con Occidente, como concepto que trasciende al ámbito geográfico para representar un bloque de naciones que comparten un conjunto de valores.

Hoy ese concepto occidental lo suscriben países como: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y los países que integran la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. También, las naciones asiáticas que mantienen una democracia al estilo occidental, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Singapur, no los Brics.

Entrando en la problemática local, es necesario recordar que la “macro” condiciona al desarrollo energético, ya que este depende estrechamente de las inversiones, principalmente las externas.

En la actualidad, la energía es un atractivo inversor a escala mundial. Paradójicamente a nuestro país no se acerca nadie no obstante su inmensa riqueza en recursos energéticos. No podría ser de otra manera ante un Estado al acecho para expropiar renta de cualquier actividad que le permita cubrir el desmadrado gasto público-político.

Será necesario entonces que el gobierno que asuma a fin de año ponga en marcha un plan de estabilización macroeconómica que lo trascienda en el tiempo y que incluya, entre otros temas: nominalidad estable, equilibrios fiscales, libre mercado de divisas, libre importación de bienes de capital e insumos, disminución de las cargas tributarias, nuevas reglas para un mercado laboral que favorezca la competitividad de nuestras producciones, disminución de la tasa de riesgo país. Asimismo, tendrá que corregir con premura las anomalías fruto del afán intervencionista del Estado en el sector.

Caso contrario, la energía no podrá acompañar un sostenido crecimiento económico y los abundantes recursos no convencionales, en particular Vaca Muerta, seguirán postergados en un contexto internacional propicio pero, como ya se mencionó, acotado en el tiempo.

Habrá que reformular la participación del Estado en el sector luego de décadas de intervención parasitaria en actividades cuyo desarrollo por ley está a cargo de sector privado. El Estado tiene un rol indelegable como catalizador del desarrollo del sistema energético argentino y como tal deberá abstenerse de participar en sus transacciones.

El próximo gobierno enfrentará la deformación cultural introducida por el kirchnerismo consistente en que el usuario de energía tiene derecho a pagar solo una porción del costo de los kWh y los m3 de gas que consume. Más de 160.000 millones de dólares en subsidios durante 20 años y la ausencia de inversiones privadas demuestran que es inviable la política de subsidios.

Los usuarios deben pagar los costos económicos de la energía que consumen y algún área social del gobierno, no el sector energético, se encargará de subsidiar a las personas del segmento social realmente impedidas de pagar la tarifa plena.

Un Estado proactivo debe establecer y mantener por décadas el marco regulatorio que defina y respetar los contratos, para que el sector privado sea el motor de inversiones, desarrollo, innovación y crecimiento de los mercados energéticos.

Fuente: Emilio Apud para La Nación