En el sector energético se entremezclan problemas eléctricos del pasado con buenas posibilidades a futuro en Vaca Muerta, pero supeditadas a la urgente necesidad de infraestructura y financiamiento.

Los caprichos político-ideológicos de Cristina Kirchner –nunca cuestionados, al menos en público, por su extenso séquito de funcionarios y militantes rentados– tienen un alto costo económico para el conjunto de los argentinos. La repetición de recetas fracasadas, bajo el sofisma de evitar costos políticos y su apuesta a un Estado tan superpoblado como poco eficaz y financieramente inviable, hacen que los resultados estén a la vista en términos de inflación; mayor pobreza y desigualdad social; atraso cambiario disimulado con dólares diferenciales; menores perspectivas de crecimiento sostenible y de mejor calidad de vida. Para colmo, la burda ofensiva oficialista contra la Corte Suprema de Justicia amenaza ahora con ahuyentar la inversión privada de riesgo.

No es la excepción en este contexto el sector energético, donde se entremezclan problemas eléctricos del pasado con oportunidades a futuro en Vaca Muerta, aunque supeditadas a la urgente necesidad de infraestructura –y financiamiento– para transportar y exportar petróleo y gas.

Con casi 20 años en el poder, CFK todavía parece ignorar cuestiones obvias en materia de electricidad cuando baja órdenes a sus subordinados. Una, que el congelamiento de tarifas con subsidios insostenibles por largos períodos se asemeja a un resorte apretado con efecto búmeran cuando no hay otra opción que soltarlo por el aumento exponencial del gasto público. Otra, que al afectar inversiones en mantenimiento y expansión de las redes, el resultado se traduce en peores servicios y los típicos apagones del verano, que a su vez hacen pasibles de multas a las distribuidoras y reducen sus ingresos operativos.

Una prueba de esta deliberada confusión entre causas y consecuencias fue la inmediata reacción del Ente Regulador de Electricidad (ENRE) tras el amplio apagón que dejó a oscuras a 320.000 usuarios de Edesur en varios barrios de la CABA minutos después del brindis por el comienzo de 2023. Antes de que se conociera el origen de la falla, su interventor Walter Martello (exDefensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y sin antecedentes técnicos en el área), tuiteó que aplicaría multas a esa distribuidora. También intimó luego a Edenor para que informe las causas del corte de suministro a 8900 usuarios en su área de concesión.

Aunque el servicio de la primera fue restablecido dos horas más tarde y se constató fotográficamente que la caída de un globo pirotécnico en llamas había activado los mecanismos de protección automática de 13 subestaciones transformadoras, al día siguiente el funcionario afirmó por radio que el Estado podría comprar la mayoría accionaria de Edesur. Un objetivo perseguido por La Cámpora desde 2020 y un virtual justificativo de la decisión anunciada a fin de noviembre por el grupo italiano Enel (controlante de la empresa) de desprenderse de sus activos en la Argentina y también en Perú, para concentrarse en el sector eléctrico de Brasil, Chile y Colombia. “No es prudente que el interventor en el ENRE haya afirmado que el Estado podría comprar Edesur en este momento. No es su tema”, tuiteó ese día Jorge Lapeña, exsecretario de Energía y titular del Instituto General Mosconi.

Dos semanas antes, el propio Lapeña había advertido además que el parque de centrales eléctricas opera al límite de sus posibilidades, como lo demostró la intensa ola de calor del feriado largo del 8 de diciembre, cuando 570.000 usuarios residenciales del AMBA (10% del total) quedaron sin servicio. En un artículo, publicado por Perfil, también explicó que, en el arranque de esa misma semana, la demanda llegó a 28.883 MW y pudo ser cubierta mediante importaciones desde Brasil, Uruguay y Paraguay por 1835 MW, sin las cuales se hubiera producido un corte de electricidad con impacto nacional. Entonces había casi 11.600 MW fuera de servicio por la mala programación y las fallas de inversión en mantenimiento de las centrales termoeléctricas y nucleares, dijo.

Aunque CFK logró en 2015 dejar el problema eléctrico (más la bola de nieve de subsidios y el déficit comercial energético) como herencia a Mauricio Macri, esta vez la secuencia es diferente. Hace un año resistió junto con La Cámpora la propuesta de Martín Guzmán de ajustar tarifas y segmentar subsidios que, entre otras razones, terminó por eyectarlo del Ministerio de Economía. Luego debió recurrir al pragmatismo de Sergio Massa (con su eslogan “cuidar la energía”) para instrumentarla y mantener a flote el acuerdo con el FMI. Y ahora arrancó el primer mes de 2023 con audiencias públicas que ya oficializaron un aumento de 28,3% en el costo del gas natural que pagan los usuarios (excepto en el subsidiado nivel 2) para adaptarlo a los precios del Plan Gas 5, que asegura volúmenes de entrega para los próximos seis años a un precio del orden de US$4, muy inferior al internacional. A este se sumará otro en las tarifas de distribución y transporte, ya que ninguno de estos dos segmentos había sido incluido en las facturas tras el confuso ajuste de 2022.

Para la última semana de enero se prevé un mecanismo similar con las tarifas de electricidad, que en el último año tuvieron un ajuste de sólo 8% frente a una inflación de casi 100% y aumentos salariales de 90% promedio en el gremio de Luz y Fuerza. En este caso, el Gobierno acordó con las distribuidoras refinanciar a ocho años la deuda con la mayorista estatal Cammesa (que a fin de 2022 superaba $600.000 millones, de los cuales casi la mitad corresponde a Edenor y Edesur y se cubren con aportes del Tesoro), así como condonar los intereses y parte del capital en compensación por el congelamiento tarifario aplicado durante la pandemia. Pero también incluyó a las distribuidoras provinciales, que en los últimos dos años aumentaron sus tarifas por encima de las del AMBA. Obviamente, el año electoral pesó en esta decisión.

En medio de este galimatías tarifario, el Gobierno postergó por unos días el anunciado ajuste de 4% en naftas y gasoil (incluidos hasta fin de marzo en el programa Precios Justos), a fin de atenuar su impacto en la inflación de enero, ya afectada por el aumento de casi 40% en colectivos y trenes del AMBA, que a partir de marzo tendrá frecuencia mensual.

Sin embargo, la mayor apuesta oficial es tener terminada la primera etapa del nuevo gasoducto troncal desde Vaca Muerta para el 20 de junio, a fin de evitar las importaciones invernales de gas natural licuado (GNL) y gasoil para generación eléctrica, que en 2022 –con precios internacionales más altos– catapultaron el déficit comercial energético hasta US$5000 millones. Aun así, como anticipó esta columna, el Gobierno ya autorizó importaciones preventivas y no descarta el regreso de un buque regasificador a Bahía Blanca.

No deja de ser una paradoja haber rebautizado esta obra con el nombre de Néstor Kirchner, si se recuerda que el expresidente cerró durante su mandato las exportaciones de gas natural a Chile y Brasil. Y hasta revirtió el sentido de los gasoductos existentes, que pasaron a importar el fluido desde esos países para atender la mayor demanda interna provocada por el congelamiento de tarifas, que significó una década perdida para el sector energético. ,

Ahora existe una nueva oportunidad tras la crisis energética gatillada por la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero habrá que esperar por lo menos tres o cuatro años e inversiones millonarias del sector privado en oleoductos y gasoductos, para que la mayor producción no convencional de hidrocarburos de Vaca Muerta, que aumentó 50% en 2022 y ya representa el 41% del total, pueda ser transportada hasta los centros de consumo y exportada a otros países para generar divisas, en lugar de despilfarrarlas con políticas populistas.

Fuente: La Nación