Energía está siendo demandada por CEGLA por una deuda de $6.000 millones con toda la cadena GLP
La deuda que comenzó a acumularse hacia 2022 incluye a productores, distribuidores y fraccionadores. Reducir el riesgo de erosión en las zonas más alejadas.
El CEGLA reclamó a la Secretaría de Energía que el Estado tiene con todos los integrantes de la cadena productiva del GLP, incluidos fraccionadores, distribuidores y, en menor medida, productores, una deuda de más de US$6.000 millones.
Como dijo Pedro Cascales, presidente de CEGLA, “los precios de referencia solo alcanzan a cubrir aproximadamente entre el 55 y el 70% de los costos operativos promedio de la actividad”.
El monto de la deuda fue explicado como “un programa que arrancó en 2021 donde el Estado en lugar de imponer aumentos de precios decidió dar una ayuda económica transitoria equivalente al 20% de la factura de cada fase de acuerdo con los precios publicados periódicamente”. por la Secretaría de Energía”.
“Esta deuda se empieza a acumular a partir de mediados de 2022”, continuó Cascales. Además de lo que se debía del año anterior, también hubo una acumulación de lo que se prometió que se pagaría este año pero que en realidad no se cumplió.
Con el objetivo de asegurar el abastecimiento de garrafas en viviendas de bajos recursos en el ámbito del Programa Hogar, la Secretaría de Energía autorizó esta semana la transferencia de $63,9 millones a 26 distribuidoras que conforman la cadena GLP. Esto se hizo a través de las Resoluciones 238/2023 y 239/2023.
El Programa Hogar fue establecido por el Decreto 470/2015, y su financiamiento se estableció a través del Fondo Fiduciario para atender las necesidades de GLP de los sectores de bajos recursos y ampliar las redes de gas natural. Es un pago más pequeño: solo el 1% de la deuda total, bromeó Cascales.
El desacuerdo aún está lejos de resolverse, y CEGLA ya ha hablado de un riesgo inminente de desestabilización.
Y señalaron que la fijación de precios, que impide a los fraccionadores cubrir sus costos y obtener una ganancia razonable, es una regulación irrazonable que desconoce los derechos constitucionales de trabajar y ejercer una industria competitiva.
El costo total de producción estimado sería de $883,6 si se tiene en cuenta el valor del gas licuado, los impuestos, los costos de mano de obra, los costos de mantenimiento, los costos de rehabilitación de las embarcaciones, los costos de enlatado y los costos de transporte primario. En contraste, el precio de referencia de la Secretaría de Energía para la venta es de $606 y AET, el cual no se está cumpliendo, pero que aún resulta en una pérdida estimada de $156.
Por ello, en febrero de este año, la corporación que controla 17 pymes (que representan el 70% del mercado nacional), emplea a 9 mil personas y distribuye butano GLP a 18 millones de consumidores presentó una nueva denuncia administrativa ante el Ministro de Economía en para evitar el colapso de la industria y el riesgo del sistema de distribución.