Instalación de un panel solar en el techo de una aislada vivienda rural de la sureña provincia de Chubut, durante el invierno de la Patagonia argentina. Las fuentes renovables dan energía a comunidades aisladas que antes solo podían abastecerse con motores diesel, más caros, menos eficientes y generadores de emisiones de gases de efecto invernadero.

Si le preguntan cuál ha sido el impacto de la incorporación de la energía solar a la escuela que dirige en Atraico, un remoto paraje rural de la estepa de la Patagonia, en el sur de Argentina, Claudio Amaya Gatica es contundente: “La vida cambió, no solo para la escuela sino para toda la comunidad”.

La escuela rural de Atraico ha sido una de las beneficiarias del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), una iniciativa estatal que desde hace más de 20 años se propone abastecer de electricidad a comunidades y pobladores rurales que están alejados del sistema interconectado nacional.

Apenas unas 20 familias habitan Atraico, que en lengua indígena mapuche significa “Agua detrás de la piedra”, y está situada en el municipio de Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro.

La escasez hídrica es justamente la mayor condicionante de la vida allí, donde los pobladores crían cabras y ovejas. Pocos se animan con vacas, animales más difíciles de manejar porque requiere más y mejores pastos, que por la falta de lluvias no abundan.

Tradicionalmente, la escuela de Atraico solía tener luz en forma intermitente con un grupo electrógeno a gas. Desde que en 2021 comenzaron a funcionar paneles solares con baterías, cuenta con electricidad las 24 horas, lo que también le permite sostener la conectividad a internet, que beneficia a toda la comunidad.

“La electricidad significa independencia para las personas. Especialmente para las mujeres, que generalmente se ocupan de cuidar las cabras. Con los boyeros solares que mantienen los animales confinados, las mujeres pueden tener más tiempo para dedicarse a ellas o a sus hijos”: Graciela Leguizamón.

“De nuestros 15 alumnos, nueve son residentes porque no pueden ir y volver todos los días a sus casas, ya que viven lejos de la escuela. Ahora podemos tener heladera y lavarropas. Y los chicos pueden ir al baño de noche y prender la luz apretando una tecla, cosa que los sorprende”, cuenta Amaya Gatica a IPS desde Ingeniero Jacobacci, la ciudad cabecera del municipio, a unos 35 kilómetros de Atraico, donde vive.

“Los vecinos se acercan a usar la internet. Es lindo ver a los paisanos arriba de los caballos enviando con sus teléfonos celulares mensajes que hasta poco mandaban a través de la radio o de una notita que alguien le llevaba al destinatario”, agrega.

Claudio Amaya Gatica, director de una escuela y albergue rural en el paraje de Atraico, en la Patagonia argentina, con los paneles solares que desde 2021 generan electricidad y permiten tener conectividad a internet. La energía fotovoltaica no solo sirve a la escuela, donde viven de manera permanente nueve de los 15 alumnos, sino que beneficia a toda la comunidad.

Garantizar un derecho
El Permer tuvo una primera etapa entre 2000 y 2015. La segunda, gracias a un crédito de 170 millones de dólares del Banco Mundial, debía extenderse entre 2015 y 2020.

Como reconoció el gobierno, el programa tuvo un alto nivel de subejecución entre 2016 y 2019, período en el que solo se gastó 15 % del crédito. Así, en 2020, todo estaba a punto de naufragar, cuando la Secretaría de la Energía de la Nación renegoció con el Banco Mundial y consiguió una extensión hasta 2022.

Desde entonces, las licitaciones para obras en distintas comunidades adquirieron otra velocidad, con el doble objetivo de mejorar la calidad de vida de la población rural dispersa y reducir los impactos ambientales con el impulso de energías renovables.

Según datos de la Secretaría de Energía, ya se han realizado, están en curso o se encuentran en etapa de licitación inversiones por 163 millones de dólares. Entre los equipamientos generadores de energías renovables ya instalados y los que están en ejecución, el Permer suma 41 510 hogares y 681 escuelas, lo que totaliza 345 712 personas beneficiadas, según números oficiales.

“El Programa atiende a una parte de la población que vive en lugares recónditos de la Argentina y no solo carece de electricidad de red, sino también tiene otras necesidades. La llegada de la electricidad abre para esas poblaciones otro panorama”, dice a IPS el coordinador general del Permer, Luciano Gilardón.

El funcionario advierte que por la extensión de Argentina, que con 2 780 000 kilómetros cuadrados es el octavo país más grande del mundo, no es factible económicamente que el sistema eléctrico interconectado llegue a las poblaciones más pequeñas y remotas, por lo que la generación aislada en el terreno es la única solución posible.

“Tradicionalmente lo que se hacía era colocar motores chicos a combustible diesel, que tenían un rendimiento pobre. A partir de 2000 se empezaron a abaratar las energías renovables y entonces se hicieron viables no sólo para una generación más eficiente, sino también para contribuir a una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero”, agrega Gilardón en Buenos Aires.

Un pequeño productor ganadero en el municipio de La Cumbre, en la provincia argentina de Córdoba, revisa el pequeño panel solar fotovoltaico de su boyero solar, que transmite electricidad al alambrado de su corral. La electrificación permite un mejor manejo de los animales domésticos y las pasturas.

Energía que genera independencia
Además de viviendas y escuelas, los beneficiarios del Permer incluyen instituciones públicas ubicadas en sitios lejanos, como centros de atención primaria de salud, puestos fronterizos y refugios en parques nacionales.

El programa también se ha destinado a usos productivos agropecuarios por parte de comunidades campesinas e indígenas, en la forma de bombas solares para extraer agua de pozo y boyeros solares, unos equipos que permiten electrificar alambrados, con la finalidad de mantener confinados a los animales domésticos.

Ya hay 1500 boyeros solares funcionando y este mismo mes la Secretaría de Energía adjudicó a una empresa la provisión e instalación de otros 2633, en 11 provincias. El confinamiento de los animales tiene el objetivo de mejorar e incrementar las pasturas, reducir las pérdidas y proteger los cultivos y el ganado contra animales furtivos.

En la identificación de los beneficiarios, la distribución del equipamiento para usos productivos y la capacitación para el uso participa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), institución pública de investigación que está presente en las zonas rurales de todo el país.

La ingeniera agrónoma Graciela Leguizamón, investigadora del Inta en la provincia Santiago del Estero, explica que en muchas zonas de esa provincia de la norteña región del Chaco es muy difícil pensar en políticas públicas masivas para el acceso a la electricidad y al agua potable, ya que hay familias rurales que tienen el vecino más cercano hasta a cuatro kilómetros de distancia.

“La vida es áspera en esos lugares. A veces la gente se traslada 15 o 20 kilómetros para cargar la batería de su teléfono celular. La electricidad hace la vida más amigable, permite que los niños y los jóvenes puedan estudiar y que la gente quiera quedarse en el campo”, dice Leguizamón a IPS desde Quimilí, una ciudad de esa provincia.

“La electricidad significa independencia para las personas. Especialmente para las mujeres, que generalmente se ocupan de cuidar las cabras. Con los boyeros solares que mantienen los animales confinados, las mujeres pueden tener más tiempo para dedicarse a ellas o a sus hijos”, añade.

Una familia posa delante de su vivienda y su panel fotovoltaico en Potrero de Uriburu, un paraje rural aislado de la provincia de Salta, en el noroeste de la Argentina. El Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales dota de electricidad a viviendas, escuelas y oficinas públicas de lugares aislados, donde no llega el sistema interconectado nacional.

Electricidad para pueblos indígenas
La más grande las obras que ha encarado el Permer es la del valle de Luracatao, ubicado en la ecorregión de Puna, en el noroeste de Argentina, a 2700 metros de altura. Allí viven unas 350 familias indígenas, de los pueblos diaguita y calchaquí, distribuidos en nueve comunidades que por las noches se alumbran con velas o un mechero a kerosén.

En el valle está en construcción un parque solar que tendrá una capacidad instalada de 1,25 megavatios (MW), con baterías para almacenar la electricidad, más la obra de distribución, porque las comunidades viven a lo largo de 42 kilómetros. También se prevé instalar un motor diesel para cuando las condiciones climáticas no permitan generar energía solar.

El presupuesto, según la información del gobierno de la provincia de Salta, es de 6,5 millones de dólares.

“Es una obra que, por su costo, es imposible para un municipio y que el gobierno nacional y de la provincia de Salta han prometido desde la década de 1980”, dice a Mauricio Abán, el intendente (alcalde) de Seclantás, un municipio donde está el valle de Luracatao.

“En los últimos años se estudiaron distintas posibilidades de generar electricidad con fuentes renovables, incluida la hidráulica, gracias a una vertiente que hay en valle. Pero finalmente se decidió que la mejor opción era la solar, porque la radiación es muy buena durante todo el año”, agrega a IPS desde su localidad.

“Hoy vemos que se están instalando las columnas y los cables y que empieza a ser real una obra que parecía que no iba llegar nunca”, concluye.

Fuente: IPS Noticias