La expansión de las redes de transporte de energía en Argentina atraviesa una nueva etapa, con un mayor protagonismo del sector privado en el financiamiento de las obras. Un informe de la consultora Economía y Energía (E&E), dirigida por Nicolás Arceo, advierte que las diferencias regulatorias entre los sistemas de transporte de electricidad y gas natural podrían desalentar nuevas inversiones y limitar el desarrollo de proyectos estratégicos.
En el caso de la electricidad, el nuevo esquema reemplazó la planificación estatal por concesiones privadas. Los concesionarios financian las obras y recuperan la inversión mediante una tarifa específica que pagan los usuarios beneficiados, identificados por CAMMESA, con prioridad de pago garantizada.
Entre las primeras obras estratégicas figuran líneas de transmisión para aliviar restricciones en el AMBA, la Patagonia y la región Centro.
Para el gas natural, el régimen vigente no cuenta con un organismo que garantice el recupero de la inversión. La viabilidad depende de trasladar costos a tarifas o de la rentabilidad obtenida por quienes financian las obras. En este contexto, el Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) se consolidó como proyecto clave para la Cuenca Neuquina.
Su primera etapa incorporó 21 millones de m³ diarios de capacidad de transporte, generando ahorros acumulados por USD 2.327 millones entre 2023 y abril de 2026, gracias a la sustitución de importaciones de GNL y combustibles líquidos.
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La ampliación del gasoducto, impulsada por TGS mediante iniciativa privada, permitirá sumar otros 14 millones de m³ diarios desde Vaca Muerta a partir del próximo año. Esta expansión reducirá el consumo de combustibles líquidos en generación eléctrica y las importaciones de GNL en invierno, aunque tendrá un impacto limitado sobre el abastecimiento del norte argentino.
El informe advierte que la regulación vigente genera incentivos diferentes para ambos sectores. Mientras las obras eléctricas trasladan sus costos a la demanda una vez finalizadas, en el transporte de gas el riesgo económico recae principalmente sobre los generadores térmicos que financian la infraestructura.
La incorporación de nueva generación eólica y solar tiende a reducir el costo marginal del sistema eléctrico, disminuyendo la rentabilidad de las centrales térmicas que deben afrontar el repago de las ampliaciones de gasoductos.
La lectura técnica confirma que la coexistencia de dos esquemas regulatorios distintos para expandir las redes de electricidad y gas natural podría condicionar el desarrollo de la infraestructura energética en los próximos años.
Estas asimetrías dificultan la asignación eficiente de recursos y representan un desafío para acompañar el crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta y la demanda energética nacional.
