La Corte nacional y también la Corte local analizan causas judiciales en las que se cuestiona el fracking. Más allá del tema de fondo, en el Gobierno temen que la litigiosidad genere ruido para las inversiones. Además buscan que no se relacione el tema con la crisis hídrica.

La exploración de petróleo no convencional ocurre en el extremo sur de Mendoza, en Malargüe, donde está puesta la «esperanza» del Gobierno para generar más riqueza. Los pozos están alejados de la población, en una zona árida y dura.  Pero el tema está latente en plena ciudad y esa actividad repercute en pleno centro. No por la extracción petrolera en sí, sino por los litigios que ha generado y que son motivo de análisis y preocupación en distintos ámbitos. Hay al menos dos expedientes que todos miran de reojo por las repercusiones que tiene en lo político y jurídico.

Más allá de lo que ocurra con la resolución de esos casos,  entienden, la conflictividad legal del tema puede generar ruido para dar seguridad jurídica a las promesas de inversiones. 

La pelea jurídica por el fracking toma calor. Y aunque hay quienes recuerdan lo que ocurrió en su momento con la 7722, que fue debatida en la Corte por una década, hay una diferencia sustancial: con esa ley se ponía en análisis una actividad que hipotéticamente podría o no realizarse en Mendoza, como la minería. Con la industria petrolera la tensión es otra, pues se trata de una actividad en pleno desarrollo y que, además, es uno de los ejes que busca impulsar el Gobierno.

El propio Rodolfo Suarez, aseguran,  espera en este tema «un gesto» de la Corte para «dar seguridad jurídica a los inversores».

Expedientes

Uno de esos expedientes está embalado y viaja a Buenos Aires. Es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió la causa donde la organización Oikos cuestiona la autorización que el gobierno de Alfredo Cornejo le otorgó a primera experiencia de fractura hidráulica que se hizo en Mendoza. Esa OSC fue a la Corte nacional con un recurso de queja y por eso la causa comenzará a analizarse en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde Mendoza ya se autorizó el traslado del expediente y habrá que esperar para saber si se avoca o no el máximo tribunal nacional al tema. Los litigios sobre el medio ambiente son temas a los que la Corte nacional le presta atención. En este caso no hay daño ambiental comprobado, pero los denunciantes aseguran que sí hay irregularidades administrativas.

Pero hay otra instancia más caliente. El próximo jueves en la Corte de Mendoza se hará la primera audiencia en otra causa en la que buscan que se frene el fracking en Mendoza. En ese caso sí se trata de un pedido de inconstitucionalidad para la reglamentación de esa práctica. Se trata del Decreto 248/18 que reglamenta la práctica de la fractura hidráulica en el marco de la ley ambiental de la provincia.

La Corte determinó que se aplique el nuevo Código Procesal Civil y por eso habrá audiencia inicial con los representantes de los actores en pugna; es decir los ambientalistas y el Gobierno. Si de demoras se trata, pues aquí hay un ejemplo: la causa se inició el 9 de Abril de 2018, pero la «audiencia inicial» se realizará esta semana, casi dos años después.

Nuevamente, más allá de la resolución final, lo que preocupa en el Gobierno es la incertidumbre que puede generar que haya cuestionamientos a la actividad. Más, cuando la actividad petrolera es una de las que buscan que sea eje de la economía local y nacional.En el mismo sentido, quieren que el debate no se les escape de las manos y alejar la discusión del fracking del tema agua.

La reglamentación restringe el uso de agua limpia para la fractura hidráulica. No la prohíbe, pues dice que “el agua de fractura para el caso de yacimientos en producción deberá provenir preferentemente del agua de formación”, es decir agua ya usada por la actividad petrolera. Y sí prohíbe “la utilización del agua subterránea con aptitud para satisfacer el abastecimiento a poblaciones y otros usos productivos”. El volumen de agua usado para el fracking en Mendoza es bajo porque también hay baja actividad en ese sentido. En Irrigación aseguran que la asignación ha sido “cero”.

Temas distintos

No es el único frente que tiene  abierto el Gobierno en su intención de promover la actividad petrolera. El otro problema está más lejos del alcance y tiene que ver con las condiciones del negocio. El cambio en las reglas de juego durante la gestión anterior, con el congelamiento del precio del dólar al que se liquida, el congelamiento del precio y otras variables, condicionó las inversiones. Y aún hay incertidumbre. En Neuquén esa tensión es mucho más palpable y hay cerca de 2 mil puestos de trabajo en jaque.

En Mendoza la repercusión por ahora es menor, pero aseguran que están “expectantes”. Este año la petrolera YPF tenía previsto desarrollar dos proyectos de explotación no convencional que esperan confirmar. El mismo tiempo, buscan que haya un lobby para incluir al petróleo pesado y la recuperación terciaria al proyecto de “ley petrolera” en el que trabaja el Gobierno nacional.

Fuente: MSZ.