El CEO de la firma australiana, Andrew Forrest, se reunió con Matías Kulfas y Arabela Carreras en Barcelona

Es algo que en el Gobierno siempre supieron: sin la ley no hay proyecto. Y no es cualquier iniciativa. Se trata de la mayor inversión anunciada bajo la administración de Alberto Fernández.

Andrew Forrest, CEO de Fortescue –la firma que prometió invertir US$8400 millones en la Argentina– , se reunió ayer en Barcelona con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Según un comunicado de la empresa australiana, Forrest “remarcó la importancia de la creación de una Ley de Hidrógeno en la Argentina que brinde un marco regulatorio al desarrollo de esta incipiente industria”. Fue en el marco de la Conferencia de Hidrógeno Verde.

“Forrest AO ratificó la necesidad de colaboración, facilitación y compromiso de las autoridades provinciales y nacionales para que el Proyecto de FFI [Fortescue Future Industries] sea una realidad. La creación de una ley permitirá la definición de lineamientos para el desarrollo de la industria del Hidrógeno Verde en el país y permitirá a FFI colaborar con las ambiciones de descarbonización de la Argentina, la región y el mundo”, dijo.

No es casual que Forrest vuelva sobre el marco regulatorio, que hoy no existe. El presidente Alberto Fernández anunció que enviaría un proyecto con la apertura de sesiones ordinarias, en mazo, pero el mismo no llegó. De hecho, el ministro de Economía, Martín Guzmán, viene prometiendo –también desde marzo– una flexibilización del cepo cambiario para impulsar las inversiones de gas en Vaca Muerta. En las últimas semanas, el viaje de Fernández a Alemania –que depende del gas ruso– aceleraron el diseño de esa norma.

Ante ese panorama y dado el monto de la inversión de la empresa australiana, es posible que los auspiciantes del campo del hidrógeno verde no quieran quedar en un segundo plano frente a la articulación del Poder Ejecutivo con las petroleras.

El diseño de la ley

Las personas a cargo de la elaboración del proyecto afirman que están trabajando en los detalles del mismo. “Se está terminando de pulir”, contaron, pese a que no tienen una fecha precisa para la presentación en público. Confirmaron a LA NACION que esa letra ofrecerá estabilidad fiscal y garantía de acceso al mercado de cambios para pagos de deuda y rentas. Si habrá o no incentivos fiscales es algo que aún se discute. “Faltan detalles, pero va bien encaminado”, agregaron fuentes oficiales.

En la empresa dijeron que esperan que en los próximos meses se apruebe el marco regulatorio. “Va a ser este año”, se esperanzaron con el “borrador” existente.

“No hay muchas leyes de esto en el mundo. Sería algo de vanguardia”, indicaron sobre la inexistencia de la legislación comparada.

En Río Negro, en cambio, ya se ofrecieron garantías. Se aprobó una ley de iniciativa privada que reconoce como “de interés publico” el proyecto de Fortescue. De esta manera, se le entregaron tierras fiscales para desarrollar infraestructura, entre ellas, parques eólicos (a los que aportará Impsa). Además, se creó una zona franca en Sierra Grande.

Mientras tanto, a nivel global, la firma australiana también busca aprovechar el impacto del conflicto en Europa del Este. Firmó, por caso, un memorando de entendimiento con Aon en Alemania para comenzar a explorar la posibilidad de ofrecer hidrógeno verde desde 2027 en ese país. Está invirtiendo en Queensland en una planta para escalar este tipo de energía y abaratar costos, y compró al equipo de ingeniería de la escudería Williams para focalizarse en el desarrollo de motores y baterías que funcionen en base a hidrógeno.

Mientras tanto, en la Argentina, la firma avanza. Ya tiene cerrado el estudio de prefactibilidad, están definiendo el lugar en el cual instalar la planta y midiendo vientos. Sin embargo, ya todos lo saben: sin las garantías regulatorias prometidas por Alberto Fernández todo quedará en los papeles.

Fuente: La Nación