Fuentes legislativas vinculadas al oficialismo confirmaron a Ámbito que el texto original presentado por la Secretaría de Energía de la Nación comenzará a ser debatido en comisión días después de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

El tratamiento de la nueva ley de Hidrocarburos recobró un fuerte impulso de la mano del gabinete energético ad hoc. Fuentes legislativas vinculadas al oficialismo confirmaron a Ámbito que el texto original presentado por la Secretaría de Energía de la Nación comenzará a ser debatido en comisión días después de las elecciones legislativas del 14 de noviembre y que se espera sea aprobado -con cambios- antes del 10 de diciembre, cuando se producirá un recambio en ambas cámaras. Si las discusiones se extienden más allá de las sesiones ordinarias, que finalizan el martes 30 de noviembre, el presidente Alberto Fernández incluirá por decreto el tratamiento del proyecto en el período extraordinario.

La iniciativa ya fue defendida por Darío Martínez en un plenario de comisiones de Energía y de Presupuesto en el Senado, por donde ingresó el 22 de septiembre. “La prioridad número uno es asegurar el autoabastecimiento de hidrocarburos”, dijo. En la Comisión de Energía, que preside el sanjuanino Rubén Uñac, el Frente de Todos posee 12 de los 19 votos, incluido el aliado de Catamarca Oscar Castillo. En Presupuesto también posee mayoría. Ese cuerpo lo comanda el peronista cordobés Carlos Caserio, que busca renovar su banca el próximo domingo.

El fuerte impulso a la ley tiene una explicación: la nueva conformación de la Cámara alta a partir de diciembre. El Frente de Todos renueva 15 bancas, mientras que Juntos por el Cambio, 9. En Diputados el bloque oficialista cuenta hoy con 68 diputados cuyos mandatos finalizan en 2023 y se ponen en jugo 127 bancas en total: el 53% pertenecen a Juntos por el Cambio (60 lugares) y el 42% al Frente de Todos (51 escaños). Si a las 51 bancas que pretende renovar el FdT logra sumarle 10 más, podrá contar con 129 votos, números suficientes para obtener quórum propio. Pero con el antecedente de las primarias, suena complicado. Si se repite el resultado de las PASO el oficialismo podría perder la mayoría y la Ley de Hidrocarburos quedará a la deriva.

Por este motivo, el gabinete energético que encabeza Martínez, pero también integran el presidente de YPF, Pablo González; el VP de No Convencional de YPF, Pablo Iuliano; la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla; la asesora legal y técnica de la Secretaría de Energía, María Luján Crespo; el director nacional de Refinación y Comercialización, Daniel Rigou, y el asesor presidencial en materia energética y coordinador de redacción del proyecto, Ariel Kogan, iniciaron un roadshow.

Las provincias

Con promesas de cambios al texto, en las últimas horas González logró sumar un aliado clave: Omar Gutiérrez. El gobernador neuquino y el presidente de YPF se reunieron por primera vez cara a cara. “Estamos trabajando para poder contar en el corto plazo con una nueva ley que agilice las inversiones en Vaca Muerta. Ratifico nuestro convencimiento y necesidad de tener una ley que despeje inseguridades en el corto, mediano y largo plazo. Encuentro en Pablo la posibilidad de unirnos, de dialogar y arribar al consenso”, dijo el mandatario, quien prometió esfuerzos y votos para aprobarla lo antes posible.

Por ahora, la ley tendrá dos “únicas” modificaciones: la incorporación del almacenamiento subterráneo de gas a pedido de algunas provincias y empresas que tienen proyectos en marcha y la redacción del artículo 90, que ampliará la Autoridad de Aplicación de la ley porque originalmente quedaba sobre la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, pero esa decisión sería considerada inconstitucional por la potestad de las provincias sobre los recursos y la legislación vigente en materia ambiental.

Sigue en danza otro cambio: modificar la línea de base a partir de la cual se medirá la producción incremental de hidrocarburos que gozará de los incentivos para tener mayor disponibilidad de exportaciones. El artículo 8 define como “Línea Base” a la producción total de petróleo crudo por beneficiario correspondiente al máximo entre el volumen de 2019, el volumen de 2020 y el volumen de los 12 meses transcurridos entre mayo de 2020 y abril de 2021 inclusive, según defina la Autoridad de Aplicación. Para el exgobernador de Neuquén, Jorge Sapag, habría que hacer una “corrección” porque pone una “vara muy alta para algunas empresas y muy baja a otras”. “Se le pone la vara alta a las empresas que invirtieron durante la pandemia y que generaron el incremento de la producción. Deberíamos correrla al año 2019 o 2020 la línea de largada”, propuso ante un grupo de abogados neuquinos. En este punto el gabinete energético busca un equilibrio. “Tenemos que velar por el interés general y el funcionamiento del sistema sin poner en riesgo el abastecimiento interno: hay que cuidar que el crudo local abastezca a las refinerías con mayor componente nacional”, aseguró Kogan.

El dirigente petrolero Guillermo Pereyra cruzó a Sapag y reclamó avanzar a fondo con la ley. “Es la última oportunidad que tenemos los argentinos y los neuquinos porque los combustibles fósiles van a ir desapareciendo con el tiempo, que son los causantes del cambio climático”, afirmó. El saliente secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa advirtió que si no se aprueba la norma, el país va a seguir teniendo pobres porque la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo y la segunda de gas “van a quedar abajo” de la tierra.

La carga fiscal

Los consultores privados que asesoran a los legisladores opositores pusieron el foco en el “tope” de la carga fiscal global (dicen que es imposible comparar períodos), la necesidad de contar con una macroeconomía estable para atraer inversiones (temor a que en 2023 cambie la ideología del Gobierno), la actual limitación a la capacidad de transporte de hidrocarburos, el destino del excedente de producción y las cuotas de exportación, el difícil acceso a los mercados internacionales para conseguir financiamiento para las empresas (la tasa a la que se descuentan los proyectos), el fondeo estatal con subsidios, el congelamiento de tarifas y precio del barril criollo de crudo y la contradicción que se genera con el auge de la promoción de las energías limpias.

El desafío legislativo está planteado. Los expositores convocados preparan sus discursos para llevar al Congreso. Desfilarán gobernadores, funcionarios, sindicalistas, empresarios y cuadros técnicos. El gabinete energético trabaja a contra reloj y busca sumar nuevos aliados, que pronto se conocerán públicamente. El resultado electoral acelera los tiempos.

Fuente: Ambito