Se acabó la paciencia. Ese es el mensaje que las empresas petroleras enviaron al Gobierno hoy, luego de que Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país, avisara que diferirá el pago de las facturas de junio, julio y agosto para 2021. Las productoras indicaron en una carta que pueden «suspender las entregas de gas ante la falta de pago» y le pidieron al ministro de Economía, Martín Guzmán, que intervenga para normalizar la situación. No se trata de un monto menor: en total, Metrogas les debe a las productoras $7500 millones por esos tres meses de consumo.

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), en la cual están representadas todas las grandes empresas, como Chevron, ExxonMobil, Shell, Total, Wintershall, YPF, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol y Tecpetrol, envió hoy una carta a Guzmán, con copia al secretario de Energía, Darío Martínez, al subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, al interventor del Enargas, Federico Bernal, y a la titular de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), María Tettamanti.

En la misiva les avisa que «los productores de gas natural nucleados en esta cámara no están en condiciones de continuar financiando las entregas de gas natural ni a Metrogas, ni al resto las prestadoras del servicio público de distribución de gas natural, ni a cliente alguno».

Además, señalaron que, desde que comenzó la pandemia, «los productores se vieron perjudicados por decisiones unilaterales de las distribuidoras de gas natural de demorar sistemáticamente los pagos de sus facturas».

Principalmente, la CEPH hizo referencia a la situación de Metrogas, que brinda servicio a 9 millones de usuarios y que es controlada por YPF, que tiene el 70% de las acciones. YPF, a su vez, es controlada por el Estado y es parte de CEPH. «Metrogas ha informado que no cancelará las facturas por las entregas de gas natural de junio, julio y agosto de 2020. Las razones alegadas resultan inoponibles a los productores y se apartan de las obligaciones que fueran asumidas por las partes en los respectivos contratos de suministro de gas natural», dice la carta firmada por el presidente de la cámara, Carlos Seijo.

Ante este escenario, las productoras dicen que se verían obligadas a exigir el cumplimiento riguroso de las obligaciones previstas en los contratos vigentes, «incluyendo el derecho a suspender las entregas de gas natural frente a esa falta de pago y eventualmente rescindir los acuerdos de compra venta de persistir este incumplimiento, así como demandar judicialmente el cobro de las facturas impagas».

Si bien el servicio de gas es un servicio público y por lo tanto no se puede cortar la provisión, según las productoras, la ley indica que «es obligación exclusiva de las empresas distribuidoras tomar todos los recaudos necesarios para asegurar el suministro».

En caso de las que las petroleras avancen con el corte de suministro, la única oferta llegaría por las importaciones de gas de Bolivia -6 millones de metros cúbicos por día (m3/d)- o lo que se traiga por barco a Escobar, que tiene un máximo de capacidad de regasificación de 22 millones de m3/d, lo cual no cubre toda la demanda en esta época del año (120 millones de m3/d). Sin embargo, a las productoras tampoco les conviene cortar la provisión, ya que el gas no se puede almacenar, lo que implicaría tener que cerrar pozos.

 

«A fin de evitar un mayor perjuicio económico y financiero a las empresas representadas por esta cámara, solicitamos la intervención del Señor Ministro para que disponga todas las medidas a su alcance dentro del marco regulatorio a fin de regularizar de forma urgente esta situación», finaliza la carta.

Este reclamo de las productoras se suma a los ya realizados por el congelamiento del precio de gas desde abril de 2019. Ahí se había pactado un valor de US$4,5 por millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), pero fijado a un tipo de cambio de $41. Con la devaluación, ese valor en dólares representa US$2,46, tomando en cuenta un tipo de cambio mayorista de $75,12.

Las productoras también mastican bronca por la suspensión de los pagos que se les debía por la diferencia de precios generada por la devaluación de 2018, y que el gobierno anterior había arreglado pagar en 30 cuotas con el DNU 1053. En total eran $24.500 millones, de los cuales el Estado pagó solo una cuota.

Con tarifas congeladas, y ante la demora del lanzamiento de un plan que estimule la producción, los analistas estiman que hará falta importar más gas en el invierno próximo, lo que podría significar no solo el regreso del buque regasificador a Bahía Blanca, sino una mayor salida de divisas en un contexto en el cual no sobran.

También significará un aumento en la cantidad de subsidios. Solo en los primeros siete meses del año, el gasto en subsidios económicos aumentó 100,5%, lo que implica desembolsos por $109.553 millones, según el Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi.

«Tomando el tipo de cambio mayorista promedio de período, los subsidios energéticos sumaron aproximadamente US$3300 millones acumulados a julio pasado», dice el informe realizado por el economista Julián Rojo.