La presentación hecha por el Gobierno apunta a Mario del Acqua, exdirector de ENARSA por haber paralizado la obra de manera “unilateral, ilegítima y arbitraria” en 2018.

El Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), que aseguraba el abastecimiento de gas natural a Santa Fe, Chaco, Formosa y Salta, se empezó a construir en 2015 y tenía en agosto de 2018 un avance de obra del 90%. En seis meses se terminaba. Sin embargo, las autoridades de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), responsables de la obra durante el macrismo, la pararon de “forma unilateral, ilegítima y arbitraria”.

Así consta en la denuncia penal que presentaron esta semana las actuales autoridades del organismo, que ahora se llama Integración Energética Argentina S.A. (IEASA). La presentación apunta contra la conducción macrista encabezada por Mario del Acqua, un ex hombre de Techint que el Gobierno de Juntos por el Cambio también puso en Aerolíneas Argentinas.

En la decisión también participó Alberto Brusco, quien tuvo un altísimo cargo en IECSA, la constructora emblema del Grupo Macri. La causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo y el fiscal es Carlos Stornelli.

El proyecto se originó durante 2003 y lo firmó no sólo el presidente Néstor Kirchner sino también los gobernadores de Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Salta. En 2007, por decreto, se declaró a la obra de interés público nacional.Se hizo un acuerdo de provisión de gas con el Gobierno boliviano y se concretó un complejo trazado de 1.500 kilómetros troncales y luego nueve ramales de otros 1.500 kilómetros. No sólo significa la llegada de gas natural a los domicilios sino convertir en competitiva toda la producción de la región.

En julio de 2018, el directorio de IEASA (ex-ENARSA) recibió un informe señalando que las obras podrían entregarse en muy pocos meses. Sin embargo, en agosto, la conducción de IEASA les envió una carta a todos los contratistas diciéndoles que “por las cuestiones de público y notorio conocimiento” se suspendían todos los trabajos.

El Gobierno de Mauricio Macri consideró la obra como parte de las emprendidas durante el Gobierno de Cristina Kirchner, y por lo tanto la caracterizó como sospechosa. Incluso en el directorio se levantaron voces de queja y hasta votos en contra porque no había ninguna acusación concreta.

El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación por presunto “enriquecimiento ilícito” contra el expresidente Mauricio Macri, por la supuesta “omisión maliciosa” de parte de su patrimonio relacionado con la empresa Agropecuaria del Guayquiraró SA.

Se trata de la denuncia que formuló una semana atrás la Oficina Anticorrupción (OA), a raíz de un trabajo elaborado por la Inspección General de Justicia (IGJ). El fiscal reclamó, precisamente, al titular de la IGJ, Ricardo Nilsen, copias digitales de las constancias de sucesivas asambleas generales de la empresa agropecuaria para verificar en esos documentos los supuestos movimientos ilegales del expresidente.

Asimismo, reclamó a la OA, “la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente a los años 2015 y 2016, oportunamente presentada por Macri”.