Tres cámaras sectoriales enviaron un último pedido a las autoridades para que atiendan su reclamo de recomposición del precio de venta. El autismo oficial las lleva a creer en «la intención del gobierno nacional de terminar con la industria nacional del biodiesel».

Cansados de las dilaciones del gobierno nacional, las empresas elaboradoras de biocombustibles se juegan una última carta antes de judicializar el reclamo por el precio de su producción, que las autoridades mantienen prácticamente congelado desde hace un año. En un documento conjunto, tres cámaras sectoriales intimaron a las autoridades a la «inmediata publicación de un precio de venta de biodiésel conforme lo establecido en la normativa vigente». Caso contrario, no «dejan otra alternativa que recurrir a las instancias judiciales».

La Ley Nacional de Biocombustibles (26.093) determina una fórmula para establecer el precio al que las industrias elaboradoras deben abastecer a las petroleras para el corte obligatorio de los combustibles fósiles. Pero ninguna de las dos premisas se cumple. Las empresas están paradas por el desfase entre la suba de sus costos (50% o más) y la magra recomposición (10%) dispuesta en octubre por el gobierno nacional, por lo que no está proveyendo a las petroleras que tampoco están cumpliendo con el corte. Según las pymes bioenergéticas, la tonelada de biodiesel hoy debiera valer entre 75.000 y 76.000 para poder subsistir, mientras el último precio publicado es de $ 48.533.

Tras varios meses de reclamos infructuosos, desde el sector creen directamente en «la intención del gobierno nacional de terminar con la industria nacional del biodiesel». No sólo porque sus argumentos caen en saco roto, sino porque observan una estrategia dilatoria de las autoridades. “También pasa que nos cambiaron muchos funcionarios, entonces cuando se llegaba a entablar alguna relación cambiaban al interlocutor”, explicó a Campolitoral Leandro Luqui, de la firma Doble L de Sa Pereira, departamento Las Colonias.
El empresario santafesino remarcó la insensatez del gobierno, que desalienta un sector que es promovido en todo el mundo y que incluso le reportaría un ahorro de las necesitadas divisas, ya que podría servir para importar menos gasoil. “Es rara la política que se está tomando; ¿cuál es la idea de fondo? Pensamos que el plan es el no plan, como está pasando siempre”. Del mismo modo “se hicieron un montón de presentaciones y reuniones y el resultado es el mismo: la no respuesta, entonces decidimos ir por la via judicial”.

En estas circunstancias, de no prosperar este último pedido, desde las cámaras anticparon que se “van hacer medidas colectivas”, dijo Luqui, en juzgados federales. “Se está estudiando dónde, porque hay juzgados donde ya hay jurisprudencia por el bioetanol, que es en provincia de Buenos Aires; pero también podrían hacerse en juzgados provinciales de Santa Fe; la estratégia todavía no está determinada”, explicó. La acción sería realizada por la C.E.P.R.E.B. (Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles), C.A.S.F.E.R. (Cámara Santafesina de Energías Renovables) y C.A.P.B.A. (Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados).