Luego de sortear un complejo proceso de reestructuración de la deuda y de extender ahora plazos de pago, la histórica empresa metalúrgica mendocina Impsa, comenzó a buscar inversores para desprenderse del 100% de sus acciones.

Así, la compañía, que estuvo durante más de cinco décadas en manos de Enrique Pescarmona, intenta mantenerse con vida, pero apostando a nuevos interesados en tomar las riendas de la firma, luego de extender su período de gracia para el pago de intereses mediante un acuerdo con sus principales acreedores a fines del año pasado.

Según pudo saber LA NACION, la histórica firma cuyana puso a la venta «el 100% de su paquete accionario», proceso que lleva adelante Columbus Zuma, una financiera especializada en «Investment Banking», contratada por Impsa. Sobre esta situación ya se puso en conocimiento a la Bolsa y a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

«Columbus Zuma es el asesor financiero designado para llevar adelante el proceso de búsqueda de inversores que potencien el desarrollo y la expansión internacional de Impsa. El procedimiento que llevan adelante es el que fue establecido en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) en abril de 2018. Pero se trata de un proceso confidencial», indicaron a LA NACION desde la compañía. «Es una instancia de venta en la que se invitó a empresas nacionales e internacionales. Y se pone a disposición el 100% de las acciones de la compañía», confirmaron.

En tanto, Columbus Zuma prefirió no hacer comentarios al respecto, por razones de «confidencialidad», bajo el concepto comercial de «chinese wall»; esto es un «muro chino» que alude a una barrera de información para evitar intercambios o comunicaciones que pudieran generar «conflictos de intereses».

En la actualidad, el 65% de las acciones de Impsa está en manos de un fideicomiso de inversores institucionales internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo – BID-, Export Development Canada y bonistas internacionales, entre otros) y nacionales (Banco de la Nación Argentina – BNA-, BICE, obligacionistas, entre los principales).

La fundadora familia Pescarmona tiene el 35% restante de participación en la firma, pero está atada a la cláusula de «arrastre», conocida como «drag along», donde los accionistas mayoritarios les impiden «intervenir u opinar» frente a una oferta conveniente. De manera que si un eventual comprador oferta por el total de la empresa, los fundadores quedarían afuera. También podría ocurrir que un inversor oferte por una parte del paquete y no vaya por la porción de los Pescarmona.

Asimismo, de manera extraoficial, trascendió que hay intenciones del Gobierno nacional en hacerse cargo de la empresa. Ante esta posibilidad, fuentes de la firma se limitaron a contestar: «Solo podemos decir que el gobierno muestra un claro compromiso con la industria y la generación de valor agregado».

En cuanto a la extensión del plazo de gracia, desde la firma indicaron que el objetivo será «concentrar los recursos en el desarrollo, crecimiento y expansión internacional de la empresa». El acuerdo abarca los pagos de diciembre 2019 y junio 2020 y tiene validez hasta el 30 de diciembre de 2020. Se trata de la suscripción de una carta de intención con sus principales acreedores, nucleados en el Comité de Acreedores oportunamente constituido. De hecho, la empresa tiene la intención de extender dicho acuerdo a sus restantes acreedores mediante un APE, cuya apertura ya ha solicitado a la Justicia, a fin de mantener la paridad (pari passu) entre todos los acreedores alcanzados por el APE.

De acuerdo con fuentes de la compañía, a pesar de las dificultades de los últimos años, pretenden seguir «a la vanguardia del desarrollo tecnológico mundial en materia de energía hidroeléctrica, nuclear y otras energías renovables». Por tal motivo, apuestan a «la concreción de un proceso ordenado de búsqueda de inversores, tal como se acordó en la reestructuración de deuda completada en abril de 2018».

«Agradecemos el apoyo y la confianza de nuestros acreedores, que acompañan así a la empresa en esta nueva etapa que inició en 2018 y a partir de la cual reestructuró su deuda, cambió sus accionistas contratantes, su Directorio y su management, implementó nuevas y mejores políticas de integridad y control, logró mantener a su personal clave (protegiendo así el know-how que le permitió convertirse en una empresa argentina líder mundial en sus mercados y productos) y logró continuar operando y compitiendo con éxito durante los casi cuatro años que duró su proceso de reestructuración y en la compleja coyuntura económica que debió enfrentar el país desde mediados de 2018», indicó Fabián D´Aiello, responsable de Relaciones con el Mercado de Impsa.

El actual CEO de la firma es Juan Carlos Fernández, quien lideró los negocios de la compañía en Asia desde Malasia durante 18 años. Impsa emplea a más de 750 personas.

En abril del 2018, Pescarmona, el histórico empresario de 77 años, se vio obligado a dar un paso al costado, presionado por el proceso de reestructuración del holding, creado por su abuelo en 1907. Tras caer en default en 2014, principalmente por «malos negocios» con Venezuela, tuvo que hacer un plan para restablecer operaciones, con un pasivo superior a los 1.000 millones de dólares, que finalmente se redujo a menos de la mitad.

Fue una dura negociación, en el marco del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), que desembocó en un cambio de nombre: pasó de ser Industrias Metalúrgicas Pescarmona Impsa SAICF a Impsa, con un nuevo paradigma y visión, despegándose a su vez de la investigación judicial que involucró a ex directivos en el marco de los cuadernos de las coimas.

Fuente: La Nación.