Crecen las consultas de otras multinacionales sobre las condiciones para invertir, con foco en el acceso a divisas. El Gobierno promete aflojar el cepo a medida que baje la tensión cambiaria.

El Gobierno se entusiasma con la posibilidad revertir el declino que tuvo la inversión extranjera directa (IED) en el país durante los últimos años con el objetivo de atraer más divisas e impulsar actividades productivas que generen empleo y, sobre todo, mayores exportaciones.

Las últimas semanas abonaron al optimismo: durante los pasados 20 días, seis empresas multinacionales anunciaron inversiones productivas por casi u$s10.000 millones, que prometen generar más de 50.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Además, fuentes oficiales aseguran que en las últimas horas otras compañías, sobre todo del sector minero, se manifestaron interesadas e iniciaron consultas sobre las condiciones para radicarse.

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Entre otros puntos, las empresas hacen llegar a los despachos del Ministerio de Desarrollo Productivo y del Banco Central una insistente pregunta: ¿qué condiciones de acceso al mercado de cambios tienen para llevarse parte de los dólares que inviertan? Entre los habituales reclamos empresarios, la libre movilidad de capitales siempre está a la orden del día. Por caso, la inversión más resonante de los últimos días, la de la australiana Fortescue para construir una planta de hidrógeno verde, aún tiene pendiente resolver algunos detalles al respecto.

En ese marco, para dar respuesta a esas consultas, el BCRA elaboró de urgencia un informe en español e inglés, que luego se traducirá a otros idiomas. El texto detalla el esquema vigente para la IED, repasa las distintas flexibilizaciones al cepo que se implementaron en el último tiempo (para inversiones y exportaciones incrementales) y ratifica la promesa de que habrá nuevas aperturas a medida que la tensión cambiaria vaya cediendo. Los próximos pasos en ese sentido forman parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

De hecho, muchas de las multinacionales interesadas son mineras que operan en Chile, Bolivia y Perú, que ven con buenos ojos desembarcar en una Argentina regida bajo la tutela de un programa con el FMI.

Si bien la filosofía oficial es que el control de cambios llegó para quedarse por largo rato y en el Gobierno aseguran que el Fondo no rechaza del todo ese postulado, la intención manifestada en las conversaciones es avanzar gradualmente hacia un esquema de regulaciones macroprudenciales durante los próximos años que fomente la llegada de capitales productivos y desaliente los flujos especulativos. Así, mientras los límites a la compra de dólares para atesoramiento no tienen fecha de caducidad, la perspectiva es ir liberando de a poco –a medida que la balanza de pagos lo permita- el acceso a divisas para los exportadores y los que realicen inversiones productivas.

En la misma línea, el Gobierno apunta a que el Congreso trate después de las elecciones un conjunto de proyectos de ley sectoriales, que impulsan una serie de beneficios fiscales, tributarios y/o cambiarios para empresas de distintas actividades que generan divisas: hidrocarburos, agro, industria automotriz y electromovilidad, que se sumarían a la ya aprobada ley de industria del conocimiento. Como contó Ámbito, el Ejecutivo también prevé impulsar un Plan para el Desarrollo Minero Argentino, con el cual proyecta inversiones por u$s25.000 millones para la próxima década y que fue pospuesto para después de los comicios por el fuerte rechazo social que genera esta actividad en algunas provincias.

Condiciones cambiarias

“La IED y el financiamiento externo de largo plazo desempeñan un rol central en la incorporación de tecnología y la modernización y mejora de la competitividad de la economía, en especial cuando está destinada a mejorar la capacidad exportadora. En el actual contexto, el BCRA administra del mercado de cambios con el objetivo de darle sostenibilidad a la balanza de pagos. Asimismo, en la medida que mejoren las condiciones de estabilidad cambiaria se revisarán las regulaciones”, señala el informe del Central.

Por lo pronto, la entidad que preside Miguel Pesce ya aplicó algunas flexibilizaciones al cepo para que las multinacionales puedan repatriar parte de sus inversiones directas y girar utilidades y dividendos, como parte del Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones y el Plan Gas.Ar, entre otras medidas. Las empresas pueden acceder al mercado oficial para este tipo de operaciones siempre que hayan liquidado el capital por esa misma vía, es decir, con un dólar a $100. Esto hace que las divisas ingresadas impacten en las reservas. Las compañías también pueden entrar sus dólares a través del contado con liquidación (CCL) a más de $200 y sumar oferta al financiero, pero cuando quieran sacar utilidades, repatriar inversiones o pagar deudas tienen que hacerlo también a ese tipo de cambio más alto.

Inversiones ya anunciadas

Además de las que espera que se concreten próximamente, el Ejecutivo celebró los últimos anuncios para diferentes sectores productivos. En conjunto suman la promesa de inyectar u$s9.280 millones y se radicarán en distintas provincias. “En algunos casos se trata de ampliaciones de plantas y de producción en virtud de la reactivación económica y del consumo, pero también se observan decisiones empresariales de retomar proyectos postergados durante el gobierno anterior”, afirman en el Gobierno.

El grueso corresponde a la inversión en hidrógeno verde de la australiana Fortescue por u$s8.400 millones, que se anunció en Glasgow (Escocia) durante la gira presidencial y se desarrollará en Sierra Grande (Río Negro). De acuerdo a lo promocionado, prevé la creación de más de 15.000 puestos directos de trabajo y entre 40.000 y 50.000 indirectos.

Anteriormente, dos firmas brasileñas habían anunciado inversiones: Santana Textiles volcará u$s30 millones a su planta en Chaco y creará 500 nuevos empleos; y Marco Polo inyectará u$s10 millones en 2022 para ampliar su planta de fabricación de ómnibus y llegar a 1.000 trabajadores.

Esta semana se sumaron los anuncios del grupo francés Eramet por u$s400 millones para retomar la construcción de una planta de litio en Salta con 2.000 puestos de trabajo; de la empresa Changan Argentina, con capitales chinos, por u$s20 millones para producir un vehículo utilitario urbano en versión pickup en La Rioja, que generará 200 empleos; y de la alemana Puma, también en territorio riojano, que invertirá u$s420 millones para alcanzar la producción de 2,5 millones de pares de zapatillas en 2022 con dos nuevas líneas de producción y contratar a 100 trabajadores.

Fuente: Ámbito