Juan José Aranguren habló en Mesa Chica y dijo que la denuncia en su contra tiene «una clara intencionalidad política»

Juan José Aranguren fue imputado por presuntas irregularidades en la suba del gas.En diálogo con Mesa Chica, por LN+, el exministro de Energía rompió el silencio, y dijo: «Si bien entiendo que la Justicia penal no es el ámbito natural para zanjar diferencias políticas o de gestión, concurriremos a la Justicia para dar las explicaciones necesarias».

Además, analizó la industria actual y proyectó que, si no hay inversiones en el corto plazo, habrá desabastecimiento. Es decir, alertó por problemas de desabastecimiento de gas natural y, consecuentemente, de energía eléctrica.

Para él, «la denuncia del interventor del Enargas contiene datos falsos, otros inexactos y exhibe una clara intencionalidad política». Entonces, detalló: «La postura del fiscal Marijuan al recibirla es dar inicio a la investigación y describe en tres páginas lo que al denunciante le llevaron 50».

Tal como dijo Aranguren, al ver «cómo se movió el sistema de los servicios públicos», la denuncia no lo sorprendió mucho. También dijo que no teme ir preso: «En la medida que tomé la decisión de aceptar la invitación del presidente [Mauricio] Macri de trabajar con él en la organización del sector energético, me atengo a las consecuencias. Como sé que no hay nada que se me pueda reprochar, no le temo a esa posibilidad».

«Veo acá una clara intencionalidad políticade desandar un buen camino emprendido por la administración de Macri para recuperar los marcos regulatorios y lograr el abastecimiento de hidrocarburos», sostuvo. «Mientras esto se está discutiendo, la Argentina hoy está viendo disminuida sus inversiones en el sector de gas natural», dijo. Y advirtió: «Si no se toman decisiones pronto de inversión, el año próximo vamos a tener problemas de desabastecimiento de gas natural y, consecuentemente, de energía eléctrica».

El funcionario a cargo del Ministerio de Energía y Minería durante la gestión de Mauricio Macri aclaró su postura: «Todas las decisiones que he adoptado en el ejercicio de mis funciones las tomé apuntando a salir de un estado de permanente crisis y emergencia que vivía el sector energético, con el objetivo de cumplir con los marcos regulatorios y lograr una situación de estabilidad y adecuada provisión de los servicios a los usuarios».

En ese sentido, remarcó que el país enfrenta «una situación difícil donde los logros alcanzados en cuanto a abastecimiento energético pueden ser perdidos en función de decisiones que se están adoptando». Y añadió: «Viendo lo que pasa hoy en el sector energético, mi temor es que perdamos mucho de lo que se conquistó en ese período».

Sobre su trabajo en la cartera de Energía, dijo además que su mayor «ingratitud» es que no pudo terminar el período y «acompañar a Macri hasta el final de su mandato», para poder concretar las responsabilidades que él le había solicitado.

De qué se lo acusa
Más adelante, Aranguren contextualizó: «La Argentina vivió en una situación de emergencia de 2002 a 2017, a partir de una ley dictada el 6 de enero 2002, la 26.561, de emergencia pública y reforma del sistema cambiario y aún en momentos en los que se podría haber salido de la emergencia las administraciones anteriores prefirieron continuar en ese marco. La administración de Macri decidió dar fin a ese estado de emergencia».

Como esa ley vencía en 2017 y se iba a iniciar un régimen de libre contratación, firmaron un acuerdo con productores y distribuidores de gas que «preveía un precio máximo a los efectos de que, cuando viniera la época de escasez de gas natural en el invierno, los consumidores estuvieran protegidos. El objetivo era ir en una transición hacia un mercado libre, como prevé la ley del gas en la ley 24.076», continuó el exfuncionario.

Tal como explicó, al año siguiente, en 2018, «por el deterioro de la situación económica, se generaron diferencias en el tipo de cambio» y, por lo tanto, su sucesor en el ministerio, Javier Iguacel, «intentó distintas medidas para proteger a los consumidores ante las devaluaciones, hasta que se decidió dictar el DNU 1053, en octubre de 2018». Según explicó, así «todas las diferencias de cambio que tendrían que haber sido cargadas a los consumidores, el Gobierno nacional decidió, con muy buen tino, considero yo, asumirlas y pagarlas en 30 cuotas para no afectar el bolsillo de los consumidores».

Aranguren aclaró que, como él ya no era parte del Gobierno, no lo firmó, y dijo que, pese a eso, «el interventor Bernal incluye este decreto como parte de la denuncia». Y entonces concluyó: «El interventor dice ciertas inexactitudes sobre el acuerdo y que el decreto 1053, según él, estatiza una deuda entre privados y había dolarizado el precio del gas natural».

En cuanto a esta última cuestión, remarcó: «El gas, el petróleo y la energía se comercializan en dólares. Están dolarizados per se». Por eso, explicó que las tarifas se vieron afectadas por «una realidad macroeconómica que no se pudo controlar». Y retrucó: «Ese DNU que tanto le preocupa a Bernal intenta proteger al consumidor de las variaciones del tipo de cambio».

Fuente: La Nación.