Es por la expropiación de la petrolera. El fondo presentará expertos en una audiencia prevista el 14 de enero.

En el juicio que se sigue contra YPF en EE.UU., Argentina y el fondo Burford están mostrando “pruebas” sobre el caso que dirimen en la justicia de Estados Unidos. Burford reclama más de US $7.500 millones por no haber sido recompensado en el proceso de expropiación de YPF. El fondo posee los derechos para litigar de Petersen Energía, una firma que llegó a tener el 25% de la petrolera, pero que perdió esa participación en la expropiación.

Durante la semana pasada, YPF (y Argentina) presentaron pruebas de refutación a los argumentos de Burford. Allí indicaron que, si pierden el juicio, podrían llegar a pagar US $5.200 millones. El monto es considerado insuficiente por Burford, que pide más.

En la próxima presentación, prevista para el 14 de enero, habrá una “respuesta de los expertos”. Allí, tanto Burford como otros especialistas en esta clase de entuertos – que hayan sido aceptados por las partes- le darán su visión a la jueza Loretta Preska, que lleva el caso. Preska, a cargo del distrito sur de la corte de Nueva York, heredó los casos de Thomas Griesa, muchos vinculados a deudas de Argentina.

Todavía no hay una fecha para el juicio en sí mismo. Podría ser hacia mediados de año. Faltan atravesar distintas instancias.

Este pleito, que comenzó en 2015, se viene prolongando. La estrategia argentina para que el caso pase de los tribunales de Nueva York a los locales no surtió efecto. La familia Eskenazi, que fue llamada a declarar en los Estados Unidos, declaró en la justicia argentina. Los Eskenazi eran los dueños de Petersen Energía, una sociedad que fue a la quiebra en España -donde estaba constituida- tras la expropiación.

Tras la presentación de los expertos, habrá audiencias de actualización, previstas para el 27 de enero, pero el derrotero del caso es más largo.

De no haber modificaciones, habrá otras presentaciones de expertos en “discovery”. El “discovery” es un proceso de investigación muy exhaustivo, donde las partes revisan detalles en los que puedan encontrar evidencia a su favor. Eso será el 11 de marzo.

Hacia fines de marzo, habrá una presentación para un “juicio sumario”, en que la jueza Preska escuchará los argumentos para acelerar el proceso. Hacia el 12 de mayo habrá oposición por mociones a esa posibilidad.

Casi un mes después, llegarán las respuestas de quienes apoyen la moción del “juicio sumario”. Se estima que el demandante, Burford.quiere este vía.

Después de transcurridos estos pasos, llegará la determinación de la fecha de juicio. Expertos legales creen que, en el medio, puede aparecer algún mediador ente las partes.

Argentina y los fondos que litigan por la expropiación de YPF llegaron a un acuerdo en marzo para no mostrar las pruebas del caso, ni de un lado ni del otro.

Tras varias controversias sobre esas pruebas -que incluían la participación de la familia Eskenazi en la compra del 14,9% de YPF con un préstamo de Repsol-, las partes acordaron confidencialidad total. Ningún documento se hará público, a menos que la otra parte lo avale.

En el «discovery» que se vino haciendo, no había acuerdo entre Burford y Argentina sobre las pruebas que podían mostrarse. Solo acordaron cuando quedaron que serían “secretas”.

En caso que alguna de las partes quiera hacer público algún documento obtenido de la otra, deberá pedirle permiso a la jueza -con 14 días de anticipación- para poder usarlo. El «dañado» por la prueba puede solicitar que lo difundido sea acotado o restringido.

Burford viene argumentando que los documentos que quiere mostrar en contra de Argentina, ya están en posesión de los abogados del país, y que todo se trata de un obstáculo para ganar tiempo.

Los fondos que querellan contra el país también apuntan a una supuesta complicidad de ex autoridades del Gobierno argentino en las actividades que ahora quieren investigar de los Eskenazi en YPF entre 2008 y 2012. Allí nombraron al ex presidente Néstor Kirchner y al ex ministro de Planificación y Obras Públicas, Julio De Vido como los contactos politicos de la familia Eskenazi.

Fuente: Clarín