La Justicia federal profundizó la causa por actividades hidrocarburíferas en aguas próximas a las Islas Malvinas sin autorización argentina. El fiscal Carlos Stornelli incorporó a la investigación a Rockhopper Exploration PLC y sus subsidiarias, junto con Navitas Petroleum Development and Production Limited, que se suman a Desire Petroleum Limited, ya alcanzada por el expediente.
La denuncia inicial fue presentada por el canciller Pablo Quirno y tramita en el Juzgado Federal N°11. El proceso busca determinar responsabilidades por exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional, en aplicación de la Ley 26.659.
La normativa prevé penas de 5 a 10 años de prisión para exploración sin autorización y de 10 a 15 años para extracción, transporte o almacenamiento, además de multas e inhabilitaciones.
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El fiscal solicitó exhortos al Reino Unido e Israel para obtener información sobre la composición societaria de las empresas y posibles vínculos comerciales con intereses británicos. La investigación también apunta a detectar infracciones ambientales, aduaneras o eventuales maniobras de lavado de activos.
La ampliación judicial se complementa con medidas administrativas del Gobierno nacional. A comienzos de septiembre se iniciaron procedimientos sobre 45 personas humanas y jurídicas por incumplimientos de la Ley 26.659 en la zona de Malvinas.
El caso refuerza la estrategia argentina de defensa de la soberanía energética y busca avanzar sobre la estructura societaria de las compañías involucradas, sus accionistas y eventuales vínculos comerciales para determinar responsabilidades.
