Subió una tasa variable de Ingresos Brutos; en el sector privado sostienen que hace perder competitividad y encarece los precios en el país.

Tras establecer en 2020 una tasa variable extraordinaria al impuesto a los ingresos brutos (IIBB) por los volúmenes operados en los puertos, la gobernación de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, aumentó por segunda vez los montos fijos. Es una decisión que encierra una polémica, ya que, según los especialistas, carece de facultades para tomar esa medida.

El cambio se comunicó el miércoles 18 de enero último en el boletín oficial bonaerense y repercute en los costos de los exportadores e importadores. A partir de este mes, por cada tonelada o fracción superior a 500 kilogramos o su equivalente en otras unidades de medida, el servicio de carga de buques pasó a valer $125 (un incremento interanual del 68% respecto del valor previo), el de descarga, $375 (86% de aumento) y el de movimiento de mercadería, $60 (un incremento del 82%).

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, aprobó la aplicación y modificaciones en la Resolución Normativa 31/2020. Frente al aumento en los costos de operación de los puertos bonaerenses, fuentes oficiales de ARBA afirmaron a LA NACION que la medida se debe a un ajuste por inflación a partir de las definiciones políticas del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Y aseguraron que mantienen relaciones permanentes con los sectores involucrados para analizar el impacto del impuesto.

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) manifestó en un comunicado su malestar por la medida. “Por el hecho de gravar las mercancías cargadas y descargadas, además de las removidas, en función de su peso físico, se está adicionando una carga impositiva tanto a la exportación como a la importación, que es facultad exclusiva del Congreso Nacional, según la Constitución”, afirmó en el texto.

CERA considera, además, que el incremento en el impuesto que grava a las actividades de las terminales portuarias bonaerenses es “un claro retroceso y un profundo error estratégico, por su inconsistencia con la necesidad de promover el fomento fluvio-marítimo y el desarrollo exportador”.

El reclamo por la falta de facultades de la provincia de Buenos Aires es compartida por el gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Fernando Furci, quien aseguró: “Además de la inconstitucionalidad, la medida ejerce un presión adicional e importante sobre los costos del comercio exterior en un momento que no es el mejor”.

Según manifestó el titular de CIRA, los servicios de los puertos son una parte importante de los costos de operación. “En materia portuaria, la Argentina es sumamente cara para los exportadores e importadores”, sostuvo. Además, manifestó que este tipo de medidas no solo afectan el desarrollo y el crecimiento, sino que también perjudican en mayor proporción a las pequeñas y medianas empresas.

Así, Furci sugirió que los costos de la cadena de logística y portuaria deberían acompañar “la difícil situación” que atraviesan los importadores. A su vez, aseguró que los impuestos crecientes llevan a la “ineficiencia” y ubican a los empresarios en un lugar delicado y complejo.

Según los especialistas, el monto variable adicional de las operaciones portuarias, que cobra Kicillof desde 2020 para aumentar los recursos de la provincia, carecería de legalidad. “Al adherirse a la Constitución Nacional, la provincia de Buenos Aires le cedió al gobierno federal la regulación de los derechos de importaciones y exportación”, afirmó el abogado tributario Diego Fraga.

Para Fraga, a pesar de que la normativa no hace alusión explícita, el impuesto no hace más que gravar importaciones y exportaciones. Destacó que la provincia recurre a estos elementos que relaciona con IIBB para aparentar que no se tratan de adicionales de los derechos al comercio exterior, algo de los que carece de facultad.

“La variable adicional sobre el impuesto de Ingresos Brutos es una ‘fachada’ que podría ser descalificada por ser un artilugio que esconde lo que verdaderamente es”, aseguró. Este mismo argumento es utilizado por CERA para solicitar la suspensión del artículo 121 de la Ley Impositiva 2023.

El contador público especializado en temas agropecuarios Alejandro Ciancaglini aseguró que el incremento en los valores de carga, descarga y removido de los nueve puertos que tiene Buenos Aires representa un “ingreso adicional importante” en la recaudación provincial. Tal como manifiesta, teniendo en cuenta los datos del puerto de Bahía Blanca correspondientes al segundo trimestre de 2022, las 9.098.693 toneladas operadas en ese lapso implicarían, luego de la actualización de los valores, un ingreso estimado de más $1239 millones solo en esa localidad.

Presión sobre los precios
Para el especialista en negocios internacional Marcelo Elizondo, el incremento en el variable del impuesto a los ingresos brutos responde a la falta de fondos públicos que tiene la provincia. “El sistema fiscal bonaerense es inviable porque es deficitario y la coparticipación discrimina a ciertos municipios. Como el Gran Buenos Aires es un gran ‘absorbedor’ de recursos y necesita recaudar, todos los años, en ley Impositiva aparecen nuevos impuestos o actualizaciones”, afirmó.

Así, aseguró que la actualización de los montos se sumará a los problemas que ya afrontan los exportadores e importadores como consecuencia de la falta de inversión, de los vaivenes del comercio internacional y de los cambios en el modelo de concesión portuaria de la Argentina.

La medida no solo afectará las operaciones argentinas, sino también inducirá la suba de precios en el mercado nacional, sostienen en el sector privado. “Aunque el importador esté beneficiado por el tiempo de cambio oficial de $180, el aumento en los montos representa nuevos gastos que se trasladarán al costo final de los productos”, sostuvo Elizondo.

Fuente: La Nación