El sector rememora unos años llenos de obstáculos hasta la prohibición en 2021. En España ya sólo hay activos dos yacimientos de gas.

Hace exactamente un año, el Congreso aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que incluía, entre otras cosas, la prohibición de otorgar nuevos permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Era el punto y final de la historia de búsqueda de gas y petróleo en España, que arrancó con un primer pozo en Burgos a principios del siglo pasado y que en los últimos años se ha encontrado con un número creciente de escollos políticos y de protestas ecologistas. Aunque «no iba a ser Oriente Medio», los geólogos especializados en petróleo sostienen que España tiene «potencial», sobre todo en gas. Pero relatan cómo los últimos años han estado llenos de trabas burocráticas y cómo muchos inversores que se han acercado a nuestro país se han acabado yendo «desesperados».

La historia de la búsqueda de petróleo y gas en España comenzó a finales del XIX; en 1900 se perforó el primer pozo de exploración en Huidobro, en Burgos; pero hasta los años 60 no llegó el primer gran descubrimiento de petróleo, en Ayoluengo, también en Burgos. Desde su puesta en producción en 1967 hasta su cierre en 2017, se extrajeron 17 millones de barriles de crudo. Más importantes han sido los hallazgos de petróleo en el mar Mediterráneo, donde desde los años 70 en Amposta hasta recientemente en el campo de Casablanca, junto con otros pequeños campos satélites (Rodaballo, Boquerón, Chipirón, Montanazo y Lubina) se han producido un total de 258 millones de barriles. A día de hoy, sin embargo, la producción de crudo es cero, con un consumo diario en España próximo al millón de barriles al día.

En cuanto al gas, en los años 60 comenzó la producción en el yacimiento de Castillo en Álava; en los años 80 arrancó en el de Jaca-Serrablo en Huesca, Gaviota y Albatros, en el mar Cantábrico y los pequeños yacimientos en el valle de Guadalquivir; y a finales de los 90 se inició la producción en Poseidón, en el Golfo de Cádiz. Juntos han producido unos 14.000 millones de metros cúbicos de gas, principalmente en el campo Gaviota, reconvertido en los años 90, como el de Jaca-Serrablo, en almacén estratégico de gas. Aún sobreviven dos explotaciones. Una, en La Rioja, en el campo de gas Viura, descubierto en 2010 y que explotan Unión Fenosa Gas, la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) y Oil & Gas Skills. Otra, más pequeña en el valle del Guadalquivir, en Carmona (Sevilla), denominada El Romeral, donde el gas producido es utilizado para la generación de energía eléctrica.

En total, en España se producen actualmente unos 92.000 metros cúbicos al día, una ínfima parte de los aproximadamente 95 millones de metros cúbicos de gas que consume España a diario. «El 100% del petróleo y 99,9% del gas que consumimos en España proviene de la importación y desde mayo de 2021 tenemos prohibido realizar nuevas investigaciones y obtener nuevas concesiones para explotarlo», lamenta en Libre Mercado Jorge Navarro, presidente de la Asociación de Geólogos y Geofísicos Españoles del Petróleo (AGGEP).

El «potencial» español

Desde su asociación, insisten en el potencial del subsuelo español, sobre todo en gas no convencional, el que se extrae mediante facturación hidráulica o fracking, prohibido en España y buena parte de Europa aunque después se importe el que produce EEUU gracias a esta técnica. En 2013, tres estudios trataron de poner cifras al gas que podría albergar el subsuelo español, «sobre todo en la cuenca Vasco-Cantábrica». El informe de la consultora española Gessal para la extinta Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos (ACIEP) estimó unos recursos prospectivos de gas no convencional en torno a unos 2000 BCM (BCM=mil millones de metros cúbicos de gas), repartidos en varios dominios geológicos. Otro elaborado por el Colegio de Ingenieros de Minas del Centro, extrapolando los hallazgos en Estados Unidos a nuestro país, apuntó a unos 1300 BCM. El tercero, elaborado en EEUU y centrado sólo en la cuenca Vasco-Cantábrica, hablaba de 226 BCM de gas no convencional. El estudio de ACIEP también recogía la posibilidad de que el subsuelo de nuestro país pudiera albergar unos 2000 millones de barriles de petróleo, con Canarias, Golfo de Vizcaya y Golfo de Valencia como zonas de mayor potencial.

Sin embargo, con la ley en vigor no serán posibles nuevas explotaciones y, mientras, los intentos de los últimos años han ido languideciendo ante el desinterés político, las trabas burocráticas y las protestas vecinales y ecologistas. En Ayoluengo, el Gobierno desestimó la solicitud de una prórroga extraordinaria de la concesión, que era de 50 años. La empresa que lo explotaba, CPS, quedó en enero de 2017 a la espera de que el Gobierno convocara un concurso para una nueva concesión en la zona, pero en su lugar en noviembre de 2018 la compañía recibió una notificación para que desmantelara sus instalaciones. En el Mediterráneo, mientras, en junio del año pasado se cerró la producción en la plataforma Casablanca, la última que extraía petróleo en España. El cierre llegó sólo un mes después de la aprobación de la Ley de Cambio Climático. Repsol, operador de la plataforma, alegó entonces como causa el desplome en la producción.

Desinterés, lentitud y «penurias»

Navarro, desde AGGEP, cuenta a LM que «se podría haber seguido produciendo en Casablanca» y relata el «desinterés de la administración española» con el que se han topado esta y otras explotaciones en nuestro país. Todos los procesos administrativos son extremadamente lentos, hasta el punto de que en algunas explotaciones han expirado los seguros contratados antes de que llegaran las autorizaciones. Los plazos que marca la ley, mientras, se incumplen y a la situación tampoco ha ayudado «la oposición de grupos ecologistas» allí donde se ha intentado explorar y extraer hidrocarburos. Sólo hay que recordar el intento fallido de Canarias, donde la perforación de un pozo de exploración en 2014 se encontró con el rechazo de políticos locales y ecologistas. Navarro recuerda al respecto lo vivido en el Mediterráneo durante más de cuarenta años de explotación frente a las costas con una importante industria turística, «sin ningún problema medioambiental». A partir de su experiencia en el sector, Navarro también destaca cómo al primero que no le interesa que haya incidente alguno es a la propia compañía que explora y produce, que podría «hundirse» en caso de un accidente.

El geólogo señala cómo la posibilidad de explotar estos recursos ha sido percibida «como un problema» en las administraciones autonómicas cuando se les ha propuesto y rememora los días de actividad de la ACIEP, la asociación que nació como intento de dar una voz única a las compañías frente a la administración. En las reuniones, relata, se contaban «las penurias» que se encontraban en cada proyecto y la impotencia que reconocían los propios técnicos que acudían en representación del Ministerio.

«Así hemos estado los últimos veinte años», rememora Navarro, que también señala cómo las compañías extranjeras que han intentado explorar y producir en España, atraídas «por la prospectividad, un buen régimen fiscal y unas excelentes infraestructuras», han acabado marchándose «desesperados», topándose «con gobiernos y administraciones que no reaccionan». «El problema no es ya la oposición social sino el incumplimiento de los plazos. No puede ocurrir que solicites un permiso de exploración y que diez años después la administración aun no te haya contestado, ni negativa, ni afirmativamente», explica Navarro asegurando que estas y otras situaciones se han vivido en el sector.

Salvo que se cambie la ley en un futuro, la historia de la producción de hidrocarburos en España estaría cerca de acabar para siempre, salvo las contadas excepciones de Sevilla y La Rioja, que sobreviven porque la nueva normativa no afecta a las concesiones ya aprobadas. Puede que todo el gas y el petróleo que aún pudiera existir en nuestro territorio se quede para siempre bajo tierra.

Fuente: Libre Mercado