En términos de competitividad en áreas tan cartelizadas como la minería, no hemos asumido el compromiso de desarrollar un plan integral que represente un cambio social significativo y de alto valor.

Cuando decimos que la minería está cartelizada, nos referimos a un sistema feudal que limita las libertades e inhibe el crecimiento económico, impidiendo una economía más inclusiva y expansiva.

Un mapa detallado y una captura de pantalla de las actividades mineras son esenciales. Esta es una de las etapas iniciales para integrarse a la comunidad y mostrar la proyección de valor, siempre que se cumplan los requisitos de libertad para crear un modelo minero que impulse el desarrollo social, sostenible y económico de cada región.

Para ello, se requiere de un marco regulatorio que establezca las bases para sinergias expansivas y permita una visión transparente de la formación de valores económicos en la actividad minera.

Mejorar la transparencia y la competitividad del sector es el objetivo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, debemos asumir la responsabilidad de su implementación para lograr un impacto económico significativo y reestructurar a la Argentina en base a la competitividad, tanto para las empresas como en alianza con el sector público.

Se anunciaron enormes inversiones entre 2021 y 2023 sin una supervisión estatal adecuada, principalmente porque faltaba una supervisión estatal de los estados responsables de la minería. Según la causa criminal 3309/2023, de los 11.300 millones de dólares anunciados durante el gobierno anterior, no se ingresaron a Argentina.

El impacto económico en las provincias mineras sería mayor y el panorama macroeconómico diferería si el estado nacional hubiera sido el controlador de la capitalización de estas inversiones. Lamentablemente, la industria sigue estando cartelizada y los mismos actores continúan con un modelo de opacidad y sostenibilidad en un entorno geopolítico donde se busca el dominio sobre los recursos futuros.

El estado argentino y las provincias deben examinar minuciosamente los beneficios actuales de la ley 24.196, artículos 8, 12, 12 bis, 13, 21 y 23, teniendo en cuenta los antecesores del gobierno anterior.

Considerando que el ámbito más favorable para integrar y potenciar la competitividad, y establecer un marco de control y beneficios, es acogerse al RIGI si las leyes y normas están diseñadas para incentivar grandes inversiones nacionales e internacionales, promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad, incrementar las exportaciones, fomentar la creación de empleo, generar estabilidad y establecer la seguridad jurídica.

En términos de capitalización bursátil y utilidades futuras en relación a sus casas matrices, Argentina podría tener un control más eficiente y beneficioso con el aprovechamiento de este sistema en el ámbito del mercado de capitales, donde la capitalización y las exigencias de transparencia en la presentación pública. de los estados contables.

Argentina atraviesa actualmente un período crítico. Apoyo al RIGI, pero creo que este abordaje sería crucial para mejorar la libertad económica y la competencia en la República Argentina.