Duro diagnóstico del experto radical, exfuncionario de Alfonsín y Macri. Critica la gestión del actual gobierno y cuestiona también al anterior.

En desacuerdo con las medidas del Gobierno, el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, que preside el radical Jorge Lapeña, salió al ruedo con una propuesta de “Reforma integral de sector energético”. Consultado por Letra P, Lapeña se mostró contrario al plan oficial de subsidiar a los productores de gas, pidió un nuevo rol estratégico para YPF y reclamó que las centrales hidroeléctricas privatizadas retornen al Estado en 2023.

-¿Por qué el Instituto Mosconi plantea que “la economía energética está destruida”?

-El sector energético depende estructuralmente de los subsidios de un Tesoro que está quebrado y que no es compatible con una macroeconomía en equilibrio. Además de los subsidios, subsisten otros mecanismos corporativos de apropiación de renta vía precios del tipo “barril criollo”. La economía petrolera no es competitiva a nivel mundial porque funciona con muy baja productividad y altos costos operativos. Además, si la Cammesa no estuviera canalizando los fondos del Tesoro para pagarles a los generadores, las distribuidoras eléctricas ya estarían en quiebra.

-¿Cuánto ha influido el derrumbe económico que produjo la pandemia en la crisis energética?

-Influyó mucho y permitió que tomáramos noción de este estado de “quiebra disimulada”. Es como si hubiéramos enfrentado un cataclismo como grandes inundaciones y tsunamis. Cuando pasan, uno se da cuenta de todo lo que estaba haciendo mal. Un ejemplo es Vaca Muerta. Con la cuarentena mundial bajaron la demanda y los precios de los hidrocarburos. Y eso fue suficiente para llevarse puesto el “proyecto energético estrella” del país.

-¿Cómo evalúa el accionar de las actuales autoridades energéticas?

-Mal, porque no asumieron como un equipo compacto y con ideas unificadas. Veo que está desdibujado el puesto relevante del secretario de Energía. Además, está claro que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tiene una línea energética y los entes reguladores siguen otro discurso.

-En la propuesta alternativa de reforma energética del Mosconi se plantea la eliminación a partir de 2021 de “todo tipo de subsidios a la oferta para la producción de gas e hidrocarburos”. ¿Esto implica decirle que no a la nueva versión del Plan Gas IV que está por lanzar el Gobierno?

-La propuesta del IAE es clara. Los subsidios de un Estado quebrado deben ser solo para los que no llegan a fin de mes. Los productores de gas tienen que ponerse a trabajar con eficiencia y eficacia para bajar los costos e insertarse en la economía mundial. Esto implica mercados transparentes y competitivos y precios de frontera de exportación para el crudo argentino y del gas fijados con idéntico criterio. Si algún día hubiera que dar un subsidio a un productor para evitar un mal mayor, cosa que puede ocurrir en cualquier país, nunca se lo daría fuera de la Ley de Presupuesto y nunca sin auditarles a las empresas los costos reales de producción. El plan oficial no va por ese camino.

El presidente del Instituto Mosconi, Jorge Lapeña, en su despacho.

-¿Cómo tendría que ser la relación de YPF con el Estado?

-YPF es una empresa estratégica para el sector energético. Siempre lo fue y, en mi opinión, solo un error conceptual profundo pudo llevar al Partido Justicialista a encarar la venta y desnacionalización de la forma en que lo hizo en los 90. La experiencia de YPF del siglo XXI fue lamentable y consecuencia de las malas decisiones previas. El Estado debe cambiar de enfoque. Debe dar instrucciones para que YPF lleve adelante la estrategia energética de Argentina. Esto no significa que vaya en contra de los intereses de los accionistas minoritarios. YPF, por otro lado, tiene que cumplir con otro objetivo que es fundacional y que es el legado que dejó a todos el coronel Enrique Mosconi: ser una “empresa testigo” en un mercado altamente concentrado.

-¿Por qué proponen la separación de la Cammesa en dos compañías?

-Cammesa no cumple su rol estatutario. Compra y vende gas y acepta órdenes expresas o tácitas del Poder Ejecutivo. Los empresarios privados que integran el directorio no protestan por esos desvíos del Estado y son cómplices obligados del descalabro institucional. Por eso debe ser reorganizada en dos compañías. Una debe dedicarse a administrar el mercado eléctrico mayorista liquidando las transacciones entre las partes y la otra debe operar el Despacho Económico de Cargas fusionada con Transener.

-Otra medida de fuerte impacto es la referida al retorno al Estado en unos años de las centrales hidroeléctricas. ¿Cuáles son las usinas que están en esta situación y qué pasos deberían dar los funcionarios para que no se interprete como un avance del intervencionismo estatal?

-En 2023, las grandes centrales hidroeléctricas que habían sido concesionadas en la década del 90 por 30 años (Chocón, Cerros Colorados, Piedra del Águila, Alicurá, Planicie Banderita, Arroyito, Planicie Banderita, Pichi Picún Leufú, Diamante, Ameghino, Futaleufú, Río Juramento y Tucumán) deben volver a manos del Estado. Esta medida es clave y tiene un alto consenso en la comunidad profesional eléctrica e hidráulica. También es una justa medida, ya que estas obras en realidad son del pueblo argentino que las financió con los fondos específicos que viene acumulando el sector durante varias décadas. Esas centrales no deben ser objeto de un nuevo negocio de concesión. Esto no va en contra de que las tareas de operación y mantenimiento sean contratadas con empresas privadas que prestan esos servicios específicos.

-¿Está de acuerdo con las intervenciones del ENRE y el Enargas?

-No estoy de acuerdo con las intervenciones por la forma en que fueron decididas. Una vez que venzan los plazos que tienen fijados, no debe haber prórrogas y se tiene que proceder a la normalización de los entes con el ingreso dedirectores elegidos por concursos.

-¿Cómo ve una hipotética reestatización de Edesur?

-Creo que se trata de un anuncio sin fundamentos y que no tiene suficiente consenso interno en el Gobierno. De todas maneras, genera una gran preocupación, al igual que el planteo del ENRE de dar de baja la última revisión tarifaria y volver a los valores de 2015, lo cual es un despropósito.

-¿Qué autocrítica hace de la política energética que llevó adelante el gobierno macrista?

-La administración Macri tuvo un objetivo inicial que comparto y que era necesario: poner en equilibrio la economía energética, que estaba desquiciada, y eliminar los exorbitantes subsidios del sector que treparon a más de 100.000 millones de dólares en el lapso de 15 años.También había que mejorar la bajísima calidad del servicio eléctrico del Gran Buenos Aires y transparentar desde el punto de vista ético las formas de gestionar el sector. Pero, si bien esos objetivos de amplio espectro fueron compartidos, se adoptó una forma de implementación política mayoritariamente definida en el ámbito de un Poder Ejecutivo con preeminencia de un solo partido: el PRO. Esto llevó a un tipo de gestión poco abierta al diálogo. La UCR hizo conocer en varias ocasiones puntos de vista alternativos a las decisiones tomadas en ese círculo pequeño que estaba envuelto en una excesiva cerrazón. Se subestimaron los desequilibrios macroeconómicos de larga data y sus consecuencias en la economía del consumidor cuando se pretendió que las tarifas en pesos sigan la referencia del dólar. También se persistió en algunos errores clásicos del período kirchnerista: la sobrevaloración de Vaca Muerta como eje único de la política energética y el atraso en obras que ya venían demoradas, como el Gasoducto del NEA, que en vez de finalizarse siguieron tan paralizadas como estaban en diciembre de 2015.

Fuente: Letrap.